Ayer jueves, siete familias de una comunidad guaraní fueron desalojadas por la policía del barrio popular Sagrado Corazón, de Colonia Santa Rosa. Denuncian que la policía desarmó sus viviendas prefabricadas, incluso lo construido con el "plan Mi Pieza" del gobierno nacional. En la noche, las familias indígenas, con el apoyo de las organizaciones sociales y políticas, decidieron acampar en la plaza y esperan una respuesta del intendente Mario Guerra. 

El desalojo se produjo durante la mañana en el asentamiento Sagrado Corazón de Colonia Santa Rosa, que cuenta con un certificado del Registro Nacional de Barrios Populares. Este mismo jueves, en el Senado de la Nación, se aprobó la ley de integración socio-urbana de Barrios Populares que suspende los desalojos por 10 años. 

"Somos 26 familias. Hoy empezaron el desalojo con 7 familias. Esta mañana llegaron como cien policías, nos empujaron, nos sacaron de adentro de la casa con los chicos. Empezaron a desarmar las viviendas, dijeron que tenían orden judicial, pero no nos mostraron", contó la presidenta de la comunidad guaraní "Aray Caby", Gloria Azucena José a Salta/12. 

José relató que fue desalojada junto a sus 9 hijxs, entre ellos una niña con síndrome de down. "Nosotros estamos en la calle. Desarmaron las casas, eran de madera, prefabricadas, están destrozadas. Tenemos certificado de vivienda de barrio popular, ni teniendo eso frenaron el desalojo, lo mismo nos sacaron", señaló.

La mujer aseguró que el lugar en el que se habían asentado, antes eran tierras donde habitó el pueblo guaraní. "Robustiano Manero, es el supuesto dueño, un señor que vino hace muchos años a usurpar las tierras de nosotros", sostuvo. 

José contó que su papá ya fallecido, le había relatado que cuando tenía 8 años, su madre y padre fueron asesinados. Relató que su papá con los hermanos entonces "eran muy chicos. Se fueron a otro lado. Una señora los recogió, se criaron así. Ellos decían ¿por qué no tenemos derecho de nuestra tierra?. Nosotros tenemos que defender los derechos que nos corresponden como guaraní", manifestó.

"Esto era una finca, un naranjal, prácticamente las familias guaraníes que vivían en estas tierras fueron todas muertas. Los que estamos peleando por estas tierras somos su descendencia. Nos dicen que somos indios analfabetos", relató José. "Un policía me dice '¿ahora a donde vas a llevar tus cosas india?'", contó. 

José anunció que este viernes van a cortar la ruta 34 para exigir la asistencia estatal y una solución de las autoridades municipales y provinciales. "No se acercó el intendente, ni funcionarios, ni concejales", afirmó. 

Asimismo, explicó que solo les acompañaron el Partido Obrero, el Movimiento Evita, y el Frente de Todos, "vamos a tomar la municipalidad, vamos a hacer un acampe ahora, vamos a dejar las cosas, vamos a ir ante el intendente", manifestó.

José dijo que esperan la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Precisó que hablaron por teléfono con alguien del organismo que se comprometió a ir. También señaló que desde el INAI hicieron un relevamiento territorial en este lugar, y hasta la fecha no tuvieron novedades respecto de la carpeta técnica ni la personería jurídica. "Queremos que Nación sepa lo que está pasando con los pueblos indígenas, la problemática que tenemos como guaraní", indicó.

"Tenemos el certificado de Renabap hace tres años. Teníamos planes de 'Mi pieza' del gobierno, las desarmaron. Nos trataron de indios, de que teníamos que salir a empujones, golpearon a una señora embarazada", manifestó.

Ana P. es otra madre de cuatro hijxs, que se encuentra en el asentamiento. Dijo que ella aún no fue desalojada pero que la policía ya advirtió que volverán y seguirán con las familias ubicadas en la misma hilera de viviendas donde se encuentra ella. 

Además contó que ella y su cuñada embarazada fueron agredidas por la policía. "Hoy después del desalojo, quedamos acampando, estaban los vecinos, los familiares. Los policías, hicieron un escudo para que nadie pase. Había un hermano de la chica embarazada, que quería pasar, no lo dejaron. Forcejearon, le doblaron el brazo, lo tiraron al piso, cuando ella intervino la agarraron las femeninas y los policías varones", relató. Dijo que fue a intentar ayudar a la embarazada porque la policía quiso llevársela en una camioneta.

"Me agarraron del cabello, me pegaron con la cachiporra, me duele el cuero cabelludo. la espalda", dijo Ana. Indicó que las organizaciones sociales y políticas les indicaron que podían realizar la denuncia por violencia policial, pero no la hicieron todavía porque la urgencia es la búsqueda de una respuesta para las familias que quedaron en la calle. "No tenemos abogado", precisó. 

"Pedimos al intendente una solución. Hemos pedido poder pagar al encargado que estuvo vendiendo los terrenos", sostuvo Ana. Indicó que ahí se está desalojando a las familias indígenas para entregar los lotes a otra gente a quienes los supuestos dueños ya se los habrían vendido. La mujer dijo que ya van a cumplir cinco años viviendo allí, y que esas tierras estaban abandonadas cuando las ocuparon. Indicó que las familias limpiaron los lotes, y pusieron energía eléctrica. Dijo que antes del desalojo no fueron llamadxs a mediación. "Queremos que vengan las autoridades de Colonia a dar una mano", insistió.