El nuevo peritaje que solicitó la Fiscalía para completar la investigación de la trágica explosión de Salta 2141 implicará una postergación para el comienzo del juicio oral y público que sentará en el banquillo de acusados a los once procesados y hará desfilar a unos 170 testigos. Según las estimaciones que ya lamentan los familiares de las 22 víctimas fatales, las audiencias empezarían quizás en el mes de noviembre.
El colectivo que batalla por la aplicación de justicia en la peor catástrofe que registra la historia rosarina contaba desde el año pasado que a mediados de éste comenzaran las audiencias del proceso. Sin embargo, días antes de que empezara el receso invernal en Tribunales, se supo que Fiscalía solicitó un peritaje más exhaustivo sobre la estructura instalada del gas en la torre deflagrada y la dinámica del fatal incidente que precipitó el estallido, aquella mañana del 6 de agosto de 2013. Este estudio quedaría en manos de un estudio de ingeniería de la ciudad de Córdoba, que aceptó tomar el trabajo ‑para el cual la Policía de Investigaciones se había declarado incompetente‑ y que lo comenzaría entre agosto y setiembre, indicaron fuentes judiciales.
"Todos presos tienen que estar, mataron a 22 personas ¿Qué más pericias necesitan para dilatar... cuatro años más?", se indignó Claudia Vaio, quien perdió a su hijo, Santiago Laguía, en la catástrofe. Los deudos de quienes perdieron la vida ese día tomaron la noticia con desazón por lo que implicará una demora más para el juicio por el que esperan casi cuatro años.
El primer peritaje sobre la instalación de gas la realizó un instituto marplatense, GIE SA, que apuntó a "un incumplimiento de las normas" en el resultado que entregó cinco meses después de la tragedia. "De haberse seguido los procedimientos legales y cumplido con las normas de seguridad, el siniestro no se habría producido", decía aquel informe. Pero como esa evaluación sólo se circunscribe al escape de gas previo a la deflagración, el equipo de fiscales que integran Graciela Argüelles, Cristina Herrera y María Alejandra Rodríguez quiere completar el análisis técnico con una revisión de las instalaciones del edificio y la intervención de la concesionaria Litoral Gas en los días previos al incidente.
Para contar con eso, los peritos cordobeses que intervendrán necesitan hacerse de los planos del servicio de cuando el edificio había sido construido; eso es, cuando la red estaba a cargo de la desaparecida empresa Gas del Estado. Por eso, la tarea de rastrear ese documento no será sencilla.
En la causa se encuentran procesados el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño; el gasista que trabajó doce días antes de la tragedia, José Allala; y los tres integrantes de la administración del edificio siniestrado, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli. Los otros procesados son los inspectores de la empresa Litoral Gas Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica Viviana Leegstra. La jueza Irma Bilotta los acusó por el delito de estrago culposo agravado, figura para el que el Código Penal depara hasta cinco años de prisión como máximo, dependiendo del grado de responsabilidad que el tribunal le adjudique a cada uno.
