Las organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas que integramos el espacio Juicio y Castigo, celebramos la esperada noticia de la expropiación de la Quinta de Funes, aunque lamentamos no poder hacerlo como corresponde y quisiéramos. Si bien no dejamos de reconocer ese importantísimo paso como parte de la larga lucha del pueblo por Memoria, Verdad y Justicia en general, y de las organizaciones de derechos humanos y los sobrevivientes de la dictadura en particular, no podemos quedarnos callados ante el vergonzoso uso que hace el Ministerio de Justicia de la provincia del mismo, bajo el cual se esconde un ninguneo permanente a las organizaciones de derechos humanos y, peor aún, un vaciamiento y feroz recorte en la Secretaría de Derechos Humanos.

Lo que anunció el ministro Ricardo Silberstein no es más que el estricto cumplimiento de una ley que fue sancionada por la Legislatura. Pero debemos decir, con fundados argumentos, que tememos que este nuevo espacio de memoria caiga en el mismo vacío que los otros, sobre los cuales además se está ocultando información a las organizaciones de derechos humanos. Hacemos este señalamiento porque el Ministerio de Justicia, con el cual hemos tenido una paciencia infinita hasta que nos cansamos de su ninguneo, hace más de un año y medio que no implementa la Ley de Memoria, que regula cómo se deben trabajar los sitios que son testimonio del terrorismo de Estado y que estipula que las organizaciones de derechos humanos deben integrar las direcciones de dichos espacios. Esta Ley de Memoria, sancionada en marzo de 2016, aún no fue reglamentada.

Así el ex Servicio de Informaciones de la policía de Santa Fe, el mayor centro clandestino de detención de nuestra provincia ‑el cual se restauró durante la gestión anterior con una millonaria inversión‑, está virtualmente cerrado. Nunca se convocó a la conformación de la Comisión Directiva ni se realizó concurso para su dirección. Desde febrero de este año, cuando nos reunimos con el ministro Silberstein, venimos pidiendo la información del convenio firmado con los propietarios del terreno de La Calamita, el ex centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura en Granadero Baigorria, y por el cual también se había sancionado una ley de expropiación en la Legislatura. Seis meses le ha tomado al ministro responder a los sobrevivientes y los organismos los detalles de ese convenio y aún sigue sin contestar. Pero la exclusión a las organizaciones es más grave si se la enmarca en el feroz vaciamiento y recorte que se está produciendo en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, signado por la reducción y conversión del programa de protección de testigos, la desarticulación de la Dirección de Memoria, la salida de empleados que no son reemplazados en las diferentes áreas y la ausencia de asistencia a víctimas de la violencia institucional y de género por citar algunos ejemplos.

Por todo esto, exigimos: el cese del vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia; la reglamentación de la Ley de Memoria; la convocatoria a las organizaciones de derechos humanos a conformar las comisiones directivas de los sitios de memoria; la entrega del convenio de donación de La Calamita y la urgente puesta en funciones con designación de personal idóneo para el ex Servicio de Informaciones.

* HIJOS, Madres, Familiares, APDH y Abuelas entre otras organizaciones.