La Secretaría de Derechos Humanos expresó su "preocupación por el beneficio de la prisión domiciliaria" otorgada al exdueño de La Veloz del Norte, Marcos Levín, y a otros tres acusados, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad que sigue el Tribunal Oral Federal 1 de Salta. Levin es un símbolo de la responsabilidad empresarial en los  crímenes de lesa humanidad de la última dictadura.

"La Secretaría de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por el beneficio de prisión domiciliaria otorgado por el TOF 1 de Salta para el exdueño de La Veloz del Norte, Marcos Levín, y otros tres acusados", indicó la entidad que encabeza Horacio Pietragalla Corti.

Según se explicó, Levín, junto a su exjefe de seguridad, José Antonio Grueso, y los ex policías Víctor Almirón y Enrique Cardozo, "están procesados por secuestros y tormentos a 17 trabajadores de la empresa de transporte, en una causa que está por iniciar el juicio oral". 

"La fiscalía había solicitado la prisión preventiva de los acusados luego de que la Corte Suprema dejara sin efecto las absoluciones dictadas por la Cámara de Casación, y ante el riesgo procesal que implica la inminencia del debate. Las causas que involucran la responsabilidad de actores civiles y económicos durante la última dictadura cívico-militar son las que mayor resistencia generan en el Poder Judicial y el avance sin demoras de estas investigaciones es una de las prioridades de la Secretaría", indicó el organismo.

El jueves pasado, el TOF 1 de Salta -conformado por los jueces Marta Liliana Snopek, María Alejandra Cataldi y Juan Carlos Reynaga- ordenó la detención de Levín; de José Antonio Grueso, ex director de personal de la empresa La Veloz del Norte; y de los ex policías Almirón y Cardozo, todos procesados por graves delitos cometidos entre enero y febrero de 1977. La resolución respondió a un pedido del fiscal general Carlos Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta. Pero la medida se dispuso mediante la modalidad de arresto domiciliario. 

El fiscal había solicitado las detenciones el pasado 21 de octubre, tras el  pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la absolución de los acusados, dispuesta por la Cámara Federal de Casación Penal, después de revisar las condenas dictadas en marzo de 2016. En esa oportunidad, el Tribunal Oral Federal de Salta condenó a Levín a la pena de 12 años de prisión, por los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de un trabajador de su empresa, y se convirtió así en el primer empresario del país condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Esta condena fue apelada y la Cámara Federal de Casación Penal determinó que no se trataba de delitos de lesa humanidad, pero el fiscal acudió a la Corte, que hizo lugar a su planteo.