“El Gobierno reconoció que no va a haber crecimiento económico en los próximos años y debió afrontar los reclamos de la economía popular”, es el balance del dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y del Movimiento Evita, Gildo Onorato, tras el acuerdo logrado con el Gobierno para la sanción de la ley de Emergencia Social. En diálogo con PáginaI12, Onorato adjudicó el cambio de postura oficial frente al reclamo de los movimientos sociales a “la legitimidad social” que obtuvo a partir de las movilizaciones callejeras, el apoyo de la CGT y de un sector de la Iglesia. En el acta que firmaron los ministros de Trabajo Jorge Triaca, de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, el Gobierno se compromete a votar una nueva ley, durante las sesiones extraordinarias de diciembre, que destina 25 mil millones de pesos por tres años para la unificación de programas “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”, y la creación del salario social complementario.
–El Gobierno pasó de catalogar la iniciativa como “ridícula” a acordar. ¿Qué cree que le hizo torcer el brazo?
–La política económica generó un deterioro social muy grande que venimos denunciando desde principios de año. La movilización del viernes desnudó la bronca y el deterioro que se sienten en los barrios populares. El Gobierno reconoció que no va a haber crecimiento económico en los próximos años y debió afrontar los reclamos de la economía popular. En paralelo, mientras éramos acusados de desestabilizadores, generamos una propuesta legislativa y construimos legitimidad social: apoyaron la CGT, las dos CTA, la Federación Agraria, la CGE y todos los bloques opositores del Senado.
–También de la Iglesia.
–La pastoral social también influyó y nos apoyó. Sin ser voceros del Papa, respetamos su prédica, la replicamos en los territorios y las reivindicamos en la lucha cotidiana.
–El reclamo aglutinó a varios sectores políticos. Apoyaron el massismo, el kirchnerismo y el sector de Stolbizer. ¿Eso pesó?
–La legitimidad viene de lo social. Somos 18 organizaciones, está la CCC, Barrios de Pie. .
– En el acto del viernes advirtieron sobre la posibilidad de pasar las fiestas en el puente Pueyrredón. ¿Cree que el Gobierno reaccionó para evitar un diciembre conflictivo?
–Eso no lo sé, pero el Gobierno tiene claro que la economía está muy mal y que los sectores populares están pasando serias dificultades, y que esa realidad fue canalizada con mucha madurez y responsabilidad por los movimientos populares.
–¿De dónde van a provenir los fondos para financiar la ley?
–El acuerdo establece unos 25 mil millones durante tres años que se incorporan al Presupuesto. Se acordó además que si el financiamiento supera antes de los tres años esa cifra, se reasignan partidas.
–No hubo acuerdo sobre la creación del millón de empleos.
–El Gobierno prefirió que no figure explícitamente un número concreto porque no quiere comprometerse a lo que no sabe que va a poder cumplir. De todas formas vamos a llegar a un número considerable. Tampoco hubo acuerdo en el monto del aumento de la AUH: el Gobierno plantea mil pesos por núcleo familiar y 250 por cada chico, nosotros insistimos con mil por beneficiario.
–¿Cómo impactará el acuerdo en los barrios?
–Logramos el salario social complementario, la creación de instituciones de la economía popular y, por fuera de la ley, la paritaria social, el aguinaldo para estas fiestas y el aumento de un 40 por ciento las cuotas para los comedores comunitarios.
–A partir del acto del viernes, la CGT consiguióuna nueva acta de compromiso para frenar los despidos. ¿Funcionó la unidad?
–Resolvimos los problemas urgentes de la emergencia del trabajo y de la economía popular. El año que viene daremos la discusión de fondo sobre medidas económicas y el modelo de país para alcanzar el piso de dignidad que todavía no tenemos.
Informe: Matías Ferrari.
