“Miren señores jueces, en un tramo de la ruta 3, el tiempo previsto para la obra era 100 meses. Mi defendido, Juan Carlos Villafañe, extitular de la Agencia General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz, de esos 100 meses, estuvo en el cargo 10 días. Y los jueces lo acusaron de que defraudó al Estado con esa obra. En otro tramo de la ruta 3, acusaron también a Villafañe, pero él ni siquiera estuvo cuando empezó la obra: sólo en la apertura de los sobres de la licitación, con la presencia del gobernador de la provincia. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola acusaron a Villafañe por querer hacer diez obras en dos meses. No, no las quería hacer. Fue sólo una presentación para que se incluyan en el presupuesto del año siguiente. Estos errores son groseros. Dos auditorías, ambas pedidas por el macrismo, concluyeron que las obras se hicieron y que no se pagó nada que no se hubiera construido. ¿Dónde está la defraudación al Estado”. Con esta vehemencia, el abogado de dos expresidentes de la AGVP, Villafañe y Raúl Santibañez, dejó nuevamente mal parados a los fiscales. Pero no por un encuadre o un enfoque erróneo, sino a raíz de hechos directamente inexistentes, verdaderos bloopers.

Cómo sigue el juicio

Los abogados Miguel Angel Arce Aggeo y Matías Galván terminarán con su alegato este lunes y se entrará entonces al tramo definitivo del juicio que está a cargo del Tribunal Oral Federal número 2, integrado por los doctores Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

El siguiente paso será la respuesta de Luciani y Basso a los pedidos de nulidades de las defensas. Por ejemplo, la incorporación de pruebas de otros expedientes, acusaciones equivocadas y, sobre todo, una cuestión decisiva: que las obras fueron evaluadas por los organismos de Santa Cruz, incluyendo la Justicia, por lo cual no corresponde juzgar dos veces lo mismo y además se viola la independencia provincial porque la AGVP es un organismo santacruceño y sus titulares tienen facultades que provienen de una ley de la legislatura provincial.

Es muy probable que todo termine en la segunda quincena de noviembre y, como se sabe, los imputados tienen derecho a últimas palabras antes del veredicto. Ya hay indicios de que Cristina Kirchner hablará cuando le toque el turno. 

Papelones de Luciani y Mola

Arce Aggeo utilizó gran parte de la jornada de este viernes a recorrer las 28 obras por las que los fiscales acusan a Villafañe. Todo lo hecho tenía el control del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz con un auditor permanente en la AGVP. Además, estaba la obligación de informar cada paso: cada certificado de obra, pago, licitación, oferta. Pero lo más significativo es que el Tribunal de Cuentas tenía que aprobar lo realizado cada año y eso ocurrió siempre. También se emitía un balance anual de la Contaduría General e intervenía la Fiscalía General. 

A esto se agrega que el gobierno de Mauricio Macri contrató una consultora privada, Consulbaires, que concluyó que las obras se llevaron a cabo y estaban bien hechas. Y se suma la auditoría llevada a cabo por Vialidad Nacional, ya bajo la conducción de Javier Iguacel durante la gestión de Cambiemos, que también dio como resultado que no se pagó nada que no se hubiera construido. Eso fue lo que declaró en el juicio el auditor Justo Pastor Romero. Pero el fiscal Mola sostuvo que la auditoría no es creíble: “¿A quién le creemos señores jueces?", desafió Arce Aggeo. "¿A Mola, que no tiene ningún bagaje en materia de rutas? ¿O a un auditor de carrera como Justo Romero, con años en Vialidad, que firmó la auditoría con otros dos profesionales?”, agregó.

Licitaciones no cuestionadas

Arce Aggeo volvió a mencionar que los fiscales no pudieron aportar ningún elemento respecto de las 51 licitaciones que ganó Lázaro Báez. Mencionaron que las otras empresas que se presentaron simularon competir, pero no pudieron dar ninguna explicación: ¿por qué empresarios que en verdad odiaban a Lázaro Báez iban a beneficiarlo simulando que competían? ¿por qué gastarían dinero en los pliegos y en presentar proyectos?

“Las adjudicaciones fueron normales”, redondeó el letrado. Y, según afirmó Arce Aggeo, en la mayoría de las obras en las que intervino su defendido, no hubo adelantos de dinero. Luciani y Mola argumentaron que los adelantos eran ilegales, pero las defensas demostraron que esos anticipos figuraban en los pliegos y el adjudicatario debía pagar la tasa activa del Banco Nación por el tiempo del adelanto. “No fueron ningún perjuicio para el Estado”, redondeó el abogado.

Nada contra Cristina Kirchner

Faltando una sola jornada de alegatos, todo el juicio sigue transitando muy lejos de Cristina Kirchner. En todo el proceso de tres años y medio ni siquiera se la nombró, salvo en el alegato final de los fiscales que usaron dos mensajes de whatsapp, que ni siquiera estaban dirigidos a la entonces presidenta, del total de 26.000 mensajes encontrados en el celular de José López -el funcionario que tiró nueve millones de dólares en el convento de General Rodríguez- y que los fiscales introdujeron por la ventana al final del juicio. 

Los mensajes tampoco tenían la menor importancia: era un reclamo de que se le pagara a las empresas de Lázaro Báez. Fue a fines de noviembre de 2015, cuando ya Cristina dejaba la Casa Rosada, y el pedido era porque las obras no se iban a seguir y había una tremenda crisis social en Santa Cruz. Aún así, a Báez se le debieron 276 millones de pesos, que no se le pagaron ni en ese momento ni después. 

En Comodoro Py es un secreto a voces que será muy difícil condenar a CFK por obras que estuvieron siempre en los presupuestos, las votó el Congreso Nacional, se licitaron, adjudicaron y controlaron en Santa Cruz y no hay mensajes, chats ni ninguna instrucción emanada de la entonces presidenta.

El otro dato que ya circula es que muy posiblemente, cuando llegue el momento, Cristina usará el derecho a decir las últimas palabras. Será antes del veredicto.