Desde Santa Fe

El juez federal Reinaldo Rodríguez indagó esta semana al abogado y ex oficial del servicio de inteligencia de la Policía de Santa Fe (D-2), Oscar Valdez, en una causa que investiga el secuestro y tormentos del último referente político el PRT, Catalino Paez, de su esposa Juana Medina -que estaba embarazada- y de su hijo mayor Mario de 14 años y el abandono de los otros seis niños y niñas del matrimonio, entre ellos un bebé de 45 días, el 15 de febrero de 1980. La indagatoria la ordenó la Cámara Federal de Rosario al revocar una resolución de Rodríguez de diciembre de 2021 que frenó casi un año la convocatoria del represor a un segundo juicio por delitos de lesa humanidad. El fiscal Martín Suárez Faisal lo imputó y pidió su detención en noviembre de 2021, el juez desestimó el requerimiento el 20 de diciembre, el Ministerio Público y la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario apelaron, y la Cámara Federal anuló la resolución del juez y ordenó la indagatoria, que se realizó el jueves. Valdez ya cumple una condena a prisión perpetua por los “homicidios agravados” de cuatro militantes montoneros en la masacre de Ituzaingó y Las Heras, en enero de 1977, pero en su casa.

En la causa se investiga la persecución política a militantes del PRT, en 1980, y a un grupo de tareas del D-2 que persiguió no sólo a Catalino Páez, sino también a sus dos hermanos y a sus hijos. El ensañamiento del terrorismo de estado contra 16 niños y niñas de las familias Páez y Medina quedó a la vista en un juicio que finalizó en julio de 2021 con la condena a seis ex policías a 5 a 16 años de prisión por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos agravados.

En noviembre de 2021 –como consecuencia de aquel juicio-, el fiscal Suárez Faisal imputó y pidió la detención e indagatorias del ex juez federal Víctor Brusa, de dos comisarios condenados en el juicio de 2021: Eduardo Riuli (6 años y 6 meses), Fernando Mendoza (cinco años) y de Valdez. En su dictamen, señaló hechos contra 25 víctimas, entre ellos los 16 menores.

Una de las imputaciones a Brusa, Riuli y Valdez es su presunta participación en el operativo del D-2 del 15 de febrero de 1980 en una fábrica de ladrillos en Lima, provincia de Buenos Aires, donde fueron secuestrados Catalino Paez, su esposa Juana y su hijo Mario, de 14 años y quedaron en el desamparo los otros seis niñas y niños de la pareja: Mónica (12), Ramón (10), Carlos (8), Alberto (5), César (3) y Ceferino (un mes y medio). Unos días antes, el mismo grupo había secuestrado a dos hermanos de Paez: María Ceferina y su esposo (en Esperanza) y Miguel y su compañera (en un campo con la zona de Estebam Rams). Miguel fue el rehén que llevaron hasta la ladrillería de Lima para capturar a Catalino, quien falleció en julio de 2016, un mes antes de que comenzaran a detener a sus torturadores.

Ante la acusación, el juez Rodríguez solicitó al fiscal Suárez Faisal que defina la “plataforma fáctica” por la que requirió las indagatorias de Brusa, Riuli, Mendoza y Valdez, que “indique la prueba” y “cuál sería la participación de los encausados en los hechos”. El fiscal auxiliar Nicolás Sacco respondió la vista. Y el 20 de diciembre, Rodríguez ordenó las indagatorias de Brusa, Riuli y Mendoza, pero no la de Valdez porque –a su juicio- “la plataforma fáctica” para indagarlo era “indeterminada”. Lo llamativo es que uno de los hechos que la Fiscalía imputó a Brusa y a Riuli –su supuesta participación en el operativo de Lima- es el mismo que reprochó a Valdez.

Tres días después, el 23 de diciembre, el fiscal auxiliar Guillermo Gschwind apeló y lo mismo hicieron los abogados de la APDH, Gabriela Durruty, Jesica Pellegrini y Julia Giordano. El 4 de octubre, la Cámara Federal de Rosario (Sala A integrada) les dio la razón a los apelantes, revocó la resolución del juez Rodríguez y ordenó la indagatoria de Valdez, que se realizó el jueves pasado.

En el primer voto, el juez Fernando Barbará refutó a su colega de Santa Fe por la supuesta falta de pruebas para indagar a Valdez. Rodríguez había dicho que el fiscal no indicó la “conducta a atribuir”, que su relato era “confuso” y no explicaba “cuáles son las pruebas existentes”. Barbará lo desmintió. “Le asiste razón a la Fiscalía. La plataforma fáctica está determinada, las conductas atribuidas y las pruebas se encuentran claramente detalladas”, explicó.

“El fiscal –señaló la Cámara- hizo un relato pormenorizado de las circunstancia de modo, tiempo y lugar de los nueve hechos” que reprocha a Valdez y que también atribuyó a Brusa y Riuli. Esto es: el “allanamiento ilegal” de la ladrillería, las “privaciones ilegítimas de la libertad agravada” de Catalino, Juana y Mario Paez y los “abandonos” de los seis hijos más chicos del matrimonio, el 15 de febrero de 1980. En la época, Valdez era “oficial principal del D-2”, agregó.

La Cámara subrayó el testimonio de Mario Paez, quien reconoció en el D-2 (de Obispo Gelabert, y San Martín donde cumplió los 15 años) a “Riuli, que oficiaba de sumariante” y “también salía a chupar gente” y a otros represores entre los que mencionó al “Tordo” y al “Pollo”. “Pollo” le decían a otro oficial de inteligencia Héctor Romeo Colombini, condenado a 23 años de prisión en el primer juicio a Brusa, en diciembre de 2009.

En el juicio de 2021, Mario Paez ratificó “los apodos de las personas que intervinieron en su secuestro y en el de su familia” y describió “al “Tordo” como una persona con bigote y panzón pero no gordo; apodo y apariencia que coincidirían con Oscar Valdez”, remarcó la Cámara. “Igual argumento utilizó la querella al concluir que surge con claridad que el “Tordo” fue parte del secuestro de Mario Páez, Catalino Páez y Juana Medina”.

Barbará consideró que “la plataforma fáctica se encuentra determinada y las pruebas detalladas” y remarcó que por los mismos hechos, Rodríguez “decidió indagar a Brusa, pero no a Valdez”. Por lo tanto, el argumento del juez para rechazar el pedido de indagatoria de Valdez “quedó desvirtuado”, concluyó el camarista.

El jueves, Rodríguez indagó a Valdez por el operativo en el que “se detuvo” a Catalino, Juana y Mario Paez y quedaron abandonados los seis hijos más chicos del matrimonio. El 23 de febrero ya había indagado a Riuli y el 8 de marzo de marzo a Brusa, pero tres meses después, el 27 de junio, les dictó la falta de mérito a ambos, por los mismos hechos que esta semana reprochó a Valdez. Una resolución –otra más- que el Ministerio y la Fiscalía apelaron ante la Cámara Federal de Rosario y que el tribunal aún no resolvió.