La presidenta de la comunidad guaraní Araycai, Gloria Azucena José, dijo que cuatro familias desalojadas en Colonia Santa Rosa están rearmando sus casas de madera en la calle. Manifestó que desde la Secretaría de Niñez le advirtieron que debía encontrar un lugar donde ubicarse o institucionalizarían a sus cuatro hijos menores de edad, al igual que a los niñxs de las otras madres.

“Seguimos en la calle, vinieron autoridades de provincia, de la Secretaría de la Niñez, me dijeron que si no consigo un lugar donde pueda estar con mis hijos se los llevan. Que los tengo que ubicar en un lugar porque no pueden estar en la calle”, sostuvo José. 

Indicó que ante esta situación algunxs vecinxs y las organizaciones sociales se solidarizaron y están ayudándola a rearmar su casita de madera destruida por la policía. Ahora la construcción se en la calle, y cerca del lugar de donde fue desalojada, porque no tiene a donde más ir. 

José recordó que del total de siete familias desalojadas, solo cuatro van a rearmar sus casitas en la calle, porque dos se fueron con familiares que les brindaron donde alojarse, mientras que una familia consiguió un lugar donde alquilar.

José dijo que desde la Secretaría de la Niñez llamaron a la asistente social del municipio, actual pareja del intendente, quien les ofreció asentarse en unos lotes ubicados en el barrio Las Palmeras, en una parte "donde desembocan" los desechos de los baños de las casas.

"Nosotros intervenimos con relación al desalojo de Colonia Santa Rosa , porque nos informan que había niños y niñas en situación de vulneración de derechos", contó por su parte la secretaria de Niñez, Carina Iradi. "Nos llamó la atención porque no recibimos notificación" judicial, sostuvo. 

Iradi dijo que la intervención fue de la delegación que tiene en Orán, competente por la zona, "nos anoticiamos, porque legisladores les avisaron", afirmó. Refirió que intentaron conseguir información respecto al juzgado interviniente, y si había una asesor o asesora de incapaces interviniendo pero no obtuvieron esos datos. Salta/12 pidió información al Poder Judicial respecto a si había una orden judicial pero no la brindaron, tampoco el Ministerio Público Fiscal indicó si había un proceso penal o un fiscal actuando.

"La asistente social constató que cinco eran las familias desalojadas, cuatro tenían niños y niñas y adolescentes a su cargo. Se nos informa que ya se encontraban en resguardo en espacios familiares. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Nosotros como Secretaría vamos a constatar una situación. La obligación principal está en cabeza de los progenitores. Si están ante una vulneración que no pueden sortear, el Estado se tiene que hacer cargo", manifestó la funcionaria. 

Sin embargo, Iradi dijo que aunque espera el informe escrito el lunes, el equipo que intervino le comunicó de forma verbal que lxs niñxs habían sido resguardadxs, que estaban escolarizadxs y que tenían la asignación universal por hijx. "Los progenitores habían tomado las medidas para el resguardo pertinente sin perjuicio de tener que gestionar la vivienda", indicó.

Por su parte, José insistió en que tienen el certificado del Registro Nacional de Barrios Populares pero aún así lxs desalojaron.

La agrupación HIJOS Salta repudió el desalojo de la comunidad guaraní en el barrio popular Sagrado Corazón. Sostuvo que se hizo "con violencia institucional y transgrediendo todas las garantías constitucionales, ya que se produjo sin previo aviso y sin derecho de defensa alguno", e indicó que estos hechos van en contra de la emergencia declarada por la Ley 26.160, de propiedad comunitaria indígena, y de la Ley 27.453 de Barrios Populares, que prohíben los desalojos.

"El derecho a la vivienda digna, al hábitat, a la alimentación y a la salud no pueden ser un pendiente en nuestra sociedad. Basta de atropellos a las comunidades indígenas. Basta de desalojos a los barrios populares", manifestó la organización de derechos humanos. 

"Anoche fuimos cuatro familias a acampar. A dormir fuera de la municipalidad, amanecimos ahí. Estuvimos hasta el mediodía, hasta que nos dijeron que vengamos para acá porque venían autoridades de la provincia", sostuvo José. Dijo que el intendente no fue a hablar con ellxs, y que la diputada Patricia Hucena y el diputado Martín Pérez, de Orán, les dejaron sus teléfonos, se comprometieron a ayudarles, pero no hicieron nada más. "No nos vienen a dar una solución, a defender nuestros derechos", lamentó José.

También dijo que el jueves la policía le entregó su lote a otra persona, "que supuestamente lo compró" a "Juan Pablo Saravia, que se encarga de vender los lotes", que serían de la familia Manero.