Las violaciones perseguían la destrucción de las mujeres que estaban secuestradas en la ESMA, sostiene Graciela García Romero. "Nosotras éramos un tipo de mujer nueva, autónoma y politizada. Todo esto también tenía un valor simbólico para los varones porque habíamos desobedecido el modelo que se esperaba que siguiéramos. Nosotras fuimos víctimas de una estrategia que perseguía destruir esto", dice.
Para la sobreviviente, llegar a estas conclusiones fue un proceso largo y que requirió que la posibilidad de obtener justicia se pudiera palpar. Si bien los delitos sexuales no habían quedado alcanzados por la llamada ley de Obediencia Debida, no había quienes denunciaran estos hechos en tiempos de impunidad. "Necesitamos que los recintos judiciales dieran una cierta escucha y una cierta seguridad para que las mujeres empezaran a declarar".
Recién en 2010 se registró la primera sentencia por abusos en los campos de concentración. En la ESMA, la condena a Acosta --su agresor sexual-- llegó el año pasado por otros tres casos. En 2017, cuando terminó el juicio de ESMA Unificada, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 no contempló estos crímenes a la hora de dictar la sentencia. Por eso, Graciela y su abogada, Sol Hourcade --del CELS--, le reclamaron a la Cámara de Casación que revierta esa decisión y condene al jefe del grupo de tareas de la ESMA.
