Nadie quiere romper del todo pero sí empezar a tomar alguna distancia. El intendente Pablo Javkin profundizó esta semana sus reclamos a la provincia en materia de seguridad. A los homicidios derivados del crimen organizado -los que responden a órdenes precisas de los jefes encerrados y los que se dan a manera de “daño colateral” en las zonas calientes de la ciudad- se sumaron la muerte de un hombre de 82 años que mataron a golpes para robarle una batería y, más atrás, el robo y ataque sexual a una mujer en su departamento del barrio del Abasto al que treparon por los balcones hasta el tercer piso.

El partido entre Talleres y Banfield por Copa Argentina se llevó varios días de debate entre las responsabilidades policiales y municipales por los desmanes en los alrededores de la cancha de Newell´s. A las pocas horas se notaba que en realidad ya se estaba discutiendo mucho más allá del problema de los cuidacoches en el estadio, las multas del personal de Tránsito y los asados que hicieron los cordobeses al pie de algunos árboles centenarios del parque Independencia.

“Ninguna barra llega en Argentina a un estadio sin custodia policial”, se quejó el intendente pero tuvo la respuesta inmediata de la jefa de policía de la ciudad, Margarita Romero, que no dudó en asegurar que “nuestro operativo en el Coloso salió muy bien”, con lo que le tiró a Control Urbano del municipio toda la responsabilidad por lo ocurrido.

Como casi siempre, la verdad está a mitad de camino. Fue evidente la falta de coordinación en el operativo desplegado por la provincia y el municipio. Javkin pide más patrulleros por las calles a la noche y tiene razón, pero tampoco es que hay un gran despliegue de personal municipal para otro tipo de controles. Que la costanera de Rosario amanezca un día totalmente pintada de azul y amarillo vandalizando casi toda la infraestructura urbana de la zona de balnearios, no puede ser entera responsabilidad de la policía que si bien tiene un destacamento portátil en el área no puede ocuparse desde el vandalismo ciudadano hasta el crimen organizado.

La polémica llegó estos días al Concejo Municipal donde el concejal del peronismo Lisandro Cavatorta -claramente recortado como el mayor y más eficaz opositor al gobierno municipal- le dijo en su intervención una o dos cosas al Ejecutivo sobre sus responsabilidades en materia de seguridad. La intervención hizo que la presidenta oficialista María Eugenia Schmuck bajara a una banca en el recinto para responder en tono elevado que si la provincia “no sabe qué hacer que nos bajen los recursos a nosotros que sí sabemos” cómo proceder en material de seguridad.

Cavatorta pidió también que “no confundan más a los vecinos” diciéndoles que las 70 cámaras de fotomultas recientemente instaladas “son también cámaras que aportan a la seguridad”. Y explicó que si bien leen patentes y pueden identificar vehículos con pedido de captura “no podrán parar los robos y los arrebatos cotidianos”.

Pero después de todos estos chispazos, el intendente se sentó con el silencioso ministro de Seguridad de la provincia Rubén Rimoldi para convenir por escrito que la policía tendrá a su disposición la información sensible que produzcan las videocámaras.

Esta semana también, Edgardo Glavinich, secretario de Seguridad Local y Abordajes Territoriales, afirmó que “salvo Rosario, la provincia de Santa Fe tiene mejores números que el resto del país en materia de seguridad”. Lo dijo en medio de la ola de crímenes que ya pasó los 240 homicidios dolosos en lo que va del año en el departamento Rosario y mientras la cartera de la que forma parte es escenario de una dura interna que se ventila mediante rumores ante los medios: el ministro Rimoldi pretende que se vaya la “habilitada” Ana Morel, tras el controvertido pase de ambos por la Legislatura, y amenaza con dar un paso al costado en caso contrario. Algo que el propio gobernador Omar Perotti describió cuando lo consultaron: “De las versiones que se haga cargo quien las dio”.

En tanto, la relación entre el gobernador y el intendente de Rosario sigue transitando, como desde el principio, por carriles institucionales. Nunca uno critica al otro personalmente y eso está muy bien y aporta a un debate democrático más allá de que las urgencias electorales los irán distanciando oportunamente a la hora de mostrar qué ofertas habrá para las urnas en el 2023.

A esta altura todos saben que no habrá milagros y que este mal endémico que afecta a Rosario desde hace años no se detendrá ni con más policías, ni con más jueces federales, ni de un año para otro. Un problema estructural que, como otros, demandará cada vez más recursos para obtener raquíticas soluciones. Pero mientras se empiece a trabajar en políticas públicas de largo plazo, lo esencial es reconocer la necesidad de un consenso político extendido. Porque a esta altura carece de sentido continuar con el debate sobre quien hizo o hace las cosas mejor que el otro. Nadie se salvará sólo en una ciudad que está obligada a frenar su devaluación constante.

Un proceso en el que también deben comprometerse instituciones y grandes empresas que por ahora miran desde afuera cómo el Estado se enreda en debates sin respuestas y que, si bien tiene el monopolio de la fuerza represiva, demanda cada vez más de amplios acuerdos para proceder.