La baja en la cantidad de juicios laborales en la Ciudad de Buenos Aires es celebrada por el Gobierno y cámaras empresarias, mientras que abogados laboralistas y especialistas en medicina laboral advierten que se trata de un tapón en perjuicio del trabajador. La merma de los juicios se explica por la entrada en vigencia de la nueva ley de ART. En cambio, como la provincia de Buenos Aires todavía no adhirió al régimen, se verificó un fuerte aumento de las presentaciones judiciales en ese distrito. En la Provincia, la adhesión a la ley nacional tiene media sanción en Diputados.

Las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) divulgaron los primeros datos que dan cuenta del impacto del régimen de Riesgos del Trabajo sancionado en febrero pasado. Según consigna el diario El Cronista, en abril se iniciaron 3302 juicios laborales y en mayo fueron 4485 pleitos, un total de 7787 presentaciones en el bimestre. Esa cifra representa una baja de casi el 20 por ciento frente a las 9713 demandas iniciadas durante el mismo período de 2016. El dato para el Gobierno es una muestra de la “eficiencia” del nuevo sistema. La contracara es la provincia de Buenos Aires, en donde según las ART las presentaciones judiciales se duplicaron en el mismo período. 

Las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) despiertan un debate con posiciones antagónicas, aunque hay consenso en que el sistema funciona mal. El empresariado se queja del avance de los juicios laborales y las altas alícuotas que les cobran las ART. Por el otro lado, los especialistas en salud laboral plantean que la vía judicial es un escape para los trabajadores porque las ART no reconocen muchas enfermedades y accidentes laborales y usualmente pagan indemnizaciones miserables. El Gobierno ingresó con firmeza en este fango: el presidente Mauricio Macri calificó de una “mafia” a los abogados laboralistas y jueces del trabajo. Además, impulsó y logró la aprobación de una nueva ley de riesgos del trabajo. La norma, que ya rige en la CABA, plantea la obligatoriedad para el trabajador de pasar por las comisiones médicas antes de ir a juicio.

La baja de los juicios en la CABA es música para los oídos del Gobierno y de las cámaras empresarias pero es leída de una forma muy distinta por parte de especialistas vinculados a la salud de los trabajadores y abogados laboralistas. “Bajan los juicios pero lo que se incrementó de manera exponencial es el grado de rechazo de la ART a las presentaciones de los trabajadores. Las empresas informan de los juicios, pero no ofrecen datos sobre los rechazos de las comisiones médicas ni de los incumplimientos de las ART”, advierte Jorge Andrés Kohen, director del posgrado de Medicina del Trabajo de la facultad de Medicina de la Universidad de Rosario e integrante del Observatorio de Salud de los Trabajadores de Rosario.

Los rechazos se producen porque las ART sólo reconocen un número muy limitado de enfermedades laborales. Por eso muchos reclamos iban a juicio, justamente porque no tienen posibilidad de avance bajo el reducido esquema de indemnizaciones de las ART. Ese listado no se modificó en la ley. “Sin el dato de la evolución de rechazos por parte de las ART no se puede hablar seriamente de la baja de la cantidad de juicios como una buena noticia. Hay un ocultamiento jurídico de las enfermedades profesionales que no debe ser soslayado”, agregó Kohen en diálogo con PáginaI12.

El Gobierno recibe en su cruzada apoyos del empresariado. El presidente de la Copal y vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, consideró que “los juicios laborales son perversos y afectan sobre todo a las pequeñas empresas”. “Hay que terminar con la industria del juicio”, dijo José Ammaturo, presidente de Camima, que agrupa a pymes metalúrgicas.

En cambio, Héctor Recalde, diputado del FpV, dijo que “el propósito de la ley es justamente la baja de los juicios porque antes aparece la instancia obligatoria de la comisión médica. Pero esa caída en la cantidad de juicios no tiene ninguna relación con la baja de los accidentes”. El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, planteó que “la obligatoriedad de recurrir a un sistema administrativo previo a la Justicia es uno de los aspectos de la anterior ley de riesgos del trabajo que fue tildado de inconstitucional por la Corte Suprema. A partir de allí crecieron los juicios. Ahora hay que recorrer nuevamente ese camino”. Luis Padín, abogado de trabajadores, consideró que “la baja de los juicios en la Ciudad de Buenos Aires es una buena noticia para las ART, porque así disponen de un patrimonio más grande para operar en el mercado financiero, pero empeora la situación de los trabajadores”.