El juicio por la denominada "Masacre de Wilde", un emblemático caso de "gatillo fácil" cometido en 1994, cuando cuatro personas fueron baleadas por policías que las confundieron con delincuentes, se reanudará esta semana con el inicio de los alegatos de las partes, mientras la esposa de unas de las víctimas pidió que "el tribunal dictamine una Justicia justa" y espera "que se sepa la verdad que lleva 28 años de demora".

De acuerdo al cronograma dispuesto por el Tribunal Oral Criminal 3 de Lomas de Zamora, a cargo del debate que tiene como acusados a 7 expolicías de la provincia de Buenos Aires, primero será el turno de los fiscales del juicio Jorge Bettini Sansone y Viviana Simón, quienes expondrán el próximo miércoles a las 9 y sus pedidos serán transmitidos a través del canal de YouTube. 

Los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández dispusieron que el siguiente alegato del jueves a la misma hora sea el del abogado Ciro Annicchiarico, quien representa a Raquel Gazzanego, esposa de Edgardo Cicutín, uno de los hombres asesinados en el hecho.

Mientras que el viernes será el turno del abogado Gustavo Romano Dufau, en representación de la familia del remisero también asesinado Norberto Corbo; y, de Eduardo Michaud, el letrado de los familiares de las otras dos víctimas fatales. 

"Si bien la etapa de testimonial fue muy movilizante, lo que viene no es menor. Con los testimonios que se dieron en el juicio quedó claro que las brigadas de la bonaerense no hacían tareas de prevención de delitos y también quedó claro que al remisero Corbo le plantaron un arma. No hay dudas de eso", dijo Gazzanego.

La mujer, quien desde hace años viene reclamando el inicio del juicio, afirmó que "va a ser difícil escuchar lo que digan los abogados defensores" y admitió que "todavía falta mucho para que se llegue al fallo".

"Mientras tanto, yo sigo esperando justicia, que es lo que venimos esperando desde el 10 de enero del 94, desde hace 28 años, que se sepa la verdad y que el tribunal dictamine una justa justicia", finalizó la esposa del asesinado Cicutín.

El juicio comenzó el pasado 17 de agosto y tiene en el banquillo de los acusados a los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez; al exoficial Osvaldo Lorenzón; a los exsubtenientes Marciano González y Pablo Dudek; y a los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, quienes llegaron al debate en libertad.

En la causa se encuentra también imputado el exsubteniente Marciano González, quien sufrió un ACV hace poco más de un año y aún resta que se entregue un peritaje médico que indique si está en condiciones o no de afrontar el proceso.

La "Masacre de Wilde" ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Corbo y a sus pasajeros, Mendoza y Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Díaz, el único que sobrevivió al ataque. 

Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que al parecer los confundieron con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces. Todos los ex efectivos afrontan cargos por los delitos de "cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa", por la única víctima del ataque que sobrevivió. De acuerdo a los peritajes, los vehículos involucrados y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.

En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó. Además de quienes llegaron a juicio, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho.

Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida. No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos al sostener que "aun cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos".