Los clubes deportivos de La Rioja deberán dictar un protocolo institucional para prevenir e intervenir ante situaciones de violencia, violencia de género y/o discriminación. Lo establece la ley 10.542 sancionada en agosto pasada por la Legislatura y que fue publicada en el Boletín Oficial de este 25 de octubre.

La norma que lleva la firma de la diputada Teresita Madera que también es vicepresidenta Primera en Diputados, estable que los clubes deportivos “deben crear espacios de diálogo referidos a la problemática que resulta de las actitudes violentas en el deporte y sus consecuencias, con el fin de promover y fortalecer una formación basada en el respeto a la diversidad cultural, a los valores éticos, a los derechos humanos, a la libertad y a la solidaridad, con el fin de proporcionar las herramientas necesarias que permitan la resolución pacífica de los conflictos”.

Este protocolo tiene como finalidad prevenir toda situación que implique violencia y discriminación contra niños, niñas y adolescentes, así como también abordar adecuadamente las consultas y las denuncias recibidas, brindando apoyo y contención. Debe estar a disposición de las personas afectadas que tienen que recibir “asesoramiento, asistencia y acompañamiento para realizar consultas y/o denunciar su situación”. “Establece medidas de prevención” y alcanza “como a todo miembro de las instituciones públicas, cualquiera sea su vínculo laboral, de colaboración o de dependencia”.

Su aplicación “todas las conductas calificadas como acto de violencia y/o discriminación serán consideradas faltas en la máxima escala de gravedad de los clubes, a los efectos del régimen disciplinario correspondiente al estatuto de cada club”.

La autoridad de aplicación es la Secretaría de Deportes, Recreación e Inclusión de la Provincia que depende del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social. 

A nivel nacional se presentó el proyecto de ley del diputado Héctor Baldassi para modificar la Ley del Deporte para que las asociaciones civiles deportivas y los clubes de barrio y pueblo estén obligadas a dictar protocolos institucionales para prevenir e intervenir ante situaciones de violencia de género o discriminación.