Uno de cada dos adolescentes es pobre: la incidencia de la pobreza es mayor entre pibas y pibes de 13 a 17 años que entre la población general, en la que afecta a 1 de cada 3 habitantes, según revela un informe que presentó ayer Unicef. Además, una gran parte de las jóvenes se ve afectada debido a la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado que socialmente se les asigna: 2 de cada 3 chicas de 15-29 años, que ni estudian ni trabajan (los mal denominados ni-ni) son mujeres que se encargan de hacer ese trabajo invisibilizado y no remunerado en sus hogares. Entre las mujeres, un 42,1 por ciento dejó de trabajar o estudiar por esta razón, frente al 12,9 por ciento de los varones. “Se necesita más presupuesto, más políticas públicas y dejar de ver a los adolescentes como un problema. Hay que darles lugar para la participación”, consideró, en diálogo con PáginaI12, la representante de Unicef Argentina, Florence Bauer. 

El trabajo es una radiografía sobre la adolescencia en el país, elaborado a partir de la información oficial. No incluye una comparación entre la situación durante la gestión kichnerista y lo que va del gobierno macrista, porque “no hay datos disponibles”, explicó Bauer, quien en estos días está dejando su cargo para ocupar la oficina de Unicef Brasil. La semana próxima llegará al país su reemplazante, el italiano Roberto Benes, quien estaba al frente de la oficina de Mongolia del organismo internacional, y anteriormente se desempeñó en México. 

Aunque los datos mencionados en el relevamiento de Unicef son parciales, los adolescentes y jóvenes son las principales víctimas de la violencia institucional: entre 2011 y 2015 se registraron 207 víctimas menores de 18 años de edad de tortura y/o malos tratos en centros de detención de la provincia de Buenos Aires, señala el informe. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, durante 2015 se produjeron 347 denuncias por hechos violentos hacia niños, niñas y adolescentes, por parte de las fuerzas de seguridad, “cifra que muestra una tendencia de aumento respecto de los años anteriores”, denuncia el informe, donde el organismo, a la vez,  cuestiona a los medios de comunicación que “tienden a mostrar visiones sesgadas, negativas y estigmatizantes sobre los adolescentes en lo que podríamos denominar violencia mediática”.

La incidencia de la pobreza en este grupo etario es uno de los puntos más críticos, señala el estudio de Unicef, titulado “Para cada adolescente, una oportunidad”, que la titular de la oficina local presentó en el Centro Cultural Recoleta. El nivel de las privaciones no es homogéneo en la Argentina, dijo. “La pobreza alcanza a 1 de cada 3 adolescentes en el sur del país pero a 1 de cada 2 en el NEA, Cuyo y Centro”, de acuerdo con los datos de la EPH del último trimestre de 2016.

La desigualdad también se expresa en al acceso a la protección social. Si bien la Asignación Universal por Hijo alcanzó a un millón de adolescentes entre 12 y 17 años, a partir de los 13 años los niveles de cobertura tienden a descender y esto se acentúa en la población de 16 y 17 años, alerta Unicef. “Las deficiencias de diseño y de llegada de la política pública dejan expuestos a riesgos sociales y económicos a un grupo grande de adolescentes. Diferentes estimaciones muestran que la condicionalidad educativa, aunque contribuye a mejorar las trayectorias educativas de los adolescentes insertos en el sistema escolar, no resulta suficiente para atraer a adolescentes más vulnerables que todavía están fuera del sistema educativo”, indica el informe.

La maternidad temprana es otro aspecto preocupante para el organismo internacional. El 15 por ciento de los nacimientos en el país corresponden a madres adolescentes, una tasa que se mantiene “altísima” hace años en el país, observó Florence, en diálogo con PáginaI12. Cuando se analiza en detalle la cifra se observa que cada año hay unas 3000 chicas menores de 15 años que dan a luz cada año: por su edad, se presume que sus gestaciones han sido producto de abuso sexual. 

“Los adolescentes deben contar con un sistema de protección social de calidad, que llegue a todos los que lo necesitan, con un foco específico en las situaciones de mayor vulnerabilidad y exclusión social. La coordinación intersectorial e interjurisdiccional debe fortalecerse para implementar políticas integrales que fomenten el crecimiento pleno con enfoque de equidad. En el ámbito educativo el Estado debe garantizar que todos los adolescentes se encuentren escolarizados en el ciclo básico, reciban una educación de calidad y finalicen sus trayectorias escolares de forma adecuada”, señala Unicef.

En Argentina medio millón de adolescentes están fuera de la escuela y solo la mitad de los que ingresan terminan el nivel secundario. “El abandono escolar está fuertemente relacionado con el embarazo adolescente y con la inserción temprana en el mercado de trabajo, así como con otros riesgos que pueden conllevar a situaciones de exclusión social”, advierte el informe. El abandono escolar tiene “graves consecuencias” en la historia de vida de cada adolescente y “compromete también el capital social” del país, señala Unicef. Por eso el organismo exhorta al Estado a “atender también de manera integral a la salud de los y las adolescentes a través de políticas públicas, desde un enfoque de derechos, de promoción de la salud y de prevención de riesgos específicos –tales como embarazo no planificado, suicidio, consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, alimentación inadecuada–, garantizando el acceso a servicios adecuados y la participación de los adolescentes en el sistema de salud”.

En la escuela secundaria, hoy “3 de cada 10 estudiantes” transita su escolaridad con sobre-edad y esto se debe “en gran parte a que han repetido años anteriores o a interrupciones durante su trayectoria escolar previa”, explica el informe. Los datos del nivel primario alertan que esta problemática se inicia de forma temprana: entre 15 y 17 por ciento de los estudiantes que cursan el último ciclo lo hacen con uno o más años de sobre-edad, de acuerdo con datos del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.

Las situaciones de vulnerabilidad deben merecer “especial atención”, reclamó Unicef. Adolescentes en riesgo de exclusión, expuestos a trabajo infantil, migrantes, adolescentes en situación de pobreza, con alguna discapacidad, adolescentes en conflicto con la ley, o adolescentes que han vivido en instituciones estatales por carecer de cuidados familiares “deben contar con esfuerzos sostenidos por parte de las instituciones públicas para lograr revertir esas situaciones de vulnerabilidad y garantizar todos sus derechos”, enumeró el organismo internacional.

Al mismo tiempo, exhortó a que las políticas públicas apunten para modificar la imagen negativa estereotipada de los adolescentes y reforzar la idea de los adolescentes “como agentes de cambio, con potencial para contribuir positivamente en todos los niveles”.