A 9 años de la sanción de la ley por la que la provincia de Salta adhirió a la desfederalización de la lucha contra el microtráfico de droga, las cifras muestran un crecimiento exponencial de las causas por violación de la Ley de Estupefacientes en la Justicia provincial.

Según datos oficiales, la cantidad de causas iniciadas ha ido creciendo en los últimos 5 años hasta llegar a un pico de 4.395 casos el año pasado, prácticamente el doble que las 2.233 registradas en 2017. Pero además, mientras las causas por comercialización y entrega de estupefacientes se han mantenido estables durante el último lustro, en alrededor de 300 por año, la tenencia simple para uso personal de estupefacientes se triplicó, al pasar de 774 casos en 2017 a 2.694 en 2021, y hoy representan más del 60% de las causas por violación de la Ley de Estupefacientes.

Consultado sobre este fenómeno, el fiscal penal de la Unidad Contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto, aseguró que “desde que Salta adhirió a la ley, siempre fue creciendo la cantidad de causas”, y lo atribuyó a la crisis económica y al aumento de los consumos problemáticos de sustancias.

Sin embargo, negó que el consumo de drogas sea motivo de la persecución judicial. “No hay causas penales por tenencia para consumo personal, es decir, no hay causas que lleguen a la justicia con imputaciones de personas que están consumiendo sustancias”, aseguró López Soto, y agregó que las personas que son encontradas consumiendo estupefacientes son demoradas por la Policía, que les secuestra la droga y elabora un acta, pero no los detiene ni genera un expediente judicial.

El relato de López Soto se contradice con las estadísticas oficiales y con el testimonio de abogados y defensores públicos que aseguran que sí hay procesos judiciales contra consumidores. Por ejemplo, el abogado Lautaro Arias Camacho, que ha defendido a personas procesadas por tenencia de estupefacientes para consumo personal, narró que “prácticamente ya hay un recorrido preestablecido que llevan los abogados en conjunto con los tribunales”. “Cada vez que he tenido que defender a alguien en esta situación, al presentarme al propio tribunal, al hablar con los sumariantes que llevan la causa o los secretarios del tribunal, al revisar las actas y ver la cantidad de material secuestrado, ya asumen automáticamente cuál es el planteo que va a hacer el abogado, que es apegarse al antecedente jurisprudencial del caso Arriola”, agregó Arias Camacho, en referencia al fallo por el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró en 2009 la inconstitucionalidad de la penalización de la tenencia para consumo personal mientras no afectara a terceros.

En ese mismo sentido, el defensor oficial penal Pedro Curotto explicó que “en la práctica, lo que uno observa por lo general es que, en principio, la fiscalía caratula los hechos como tenencia con fines de comercialización, porque es como la figura más grave. Y después uno va viendo que no todos los casos son así”.

Si bien Curotto resaltó el fallo Arriola como un avance en materia judicial para no penalizar a los adictos, contó que “se le ha encontrado un vericueto legal para proseguir a veces con la persecución penal, que es el siguiente: si este consumo se da en un lugar privado o en lugar público. Entonces, por ejemplo, si hay una persona consumiendo estupefacientes dentro de su casa, nadie duda que se aplica el fallo Arriola. Ahora, cuando esta situación se da en una plaza, o la encuentran consumiendo en un transporte público, ahí ya la jurisprudencia es más proclive a que se siga criminalizando estos hechos porque consideran que al ser un lugar público hay una trascendencia a terceros”.

Efectivamente, este es el criterio adoptado por la UFINAR. Según López Soto, “una persona que consume sustancias en la vía pública no es una persona que está resguardada por lo que dice el fallo Arriola, que habla de tenencia en un ámbito de privacidad en donde no hay ostentación a terceros”.

Uno de los grandes inconvenientes a la hora de evaluar la tipificación de delitos es la inexistencia de criterios objetivos a partir de los cuales se pueda determinar en qué casos se trata de tenencia para consumo, tenencia simple, o tenencia con fines de comercialización. El propio López Soto reconoció que “es un tema que tiene muchísimas aristas”. “Lo importante en toda causa es tratar de determinar cuál es el destino de las sustancias secuestradas a una determinada persona. La escasez de sustancias es un elemento indicativo de que una persona puede tenerla para consumo, pero no es determinante. Para eso se necesitan buenas investigaciones”, concluyó el fiscal.

Según los abogados defensores, esta subjetividad da lugar a injusticias.

Mujeres presas

Un informe del Comité Nacional contra la Tortura, al que tuvo acceso Salta/12, muestra que a diciembre de 2021 la provincia de Salta registraba 3.893 personas alojadas en lugares de detención, es decir que hay 270 personas encarceladas cada 100.000 habitantes, por encima de la tasa promedio nacional, que es de 222. Salta es la segunda jurisdicción del país con mayor cantidad de detenidos en relación a sus habitantes.

Ese mismo informe señala que desde 2012 la población encarcelada y alojada bajo la órbita provincial creció ininterrumpidamente. El año del despegue prácticamente coincide con la implementación de la ley de desfederalización de la persecución del narcomenudeo.

Según la integrante del Comité Nacional contra la Tortura, Rocío Alconada Alfonsín, “el narcomenudeo ha llevado (en Salta) a un aumento de la prisionización, en general, y en particular de las mujeres”.

Efectivamente, los datos muestran que a fines de 2021 el porcentaje de ocupación en el Servicio Penitenciario de Salta superaba la capacidad de alojamiento declarada, con una sobrepoblación del 46%. De estos casi 3.900 presos, prácticamente un 10% eran personas privadas de su libertad por haber violado la ley de estupefacientes.

Sin embargo, si se miran las cifras respecto de las internas, la violación de la ley de estupefacientes es el principal delito por el que están detenidas las mujeres y explica la mitad de las detenciones. O sea, de las 176 mujeres que estaban detenidas en Salta en diciembre del año pasado, casi la mitad (83) estaban por tenencia de estupefacientes, ya sea simple o para comercialización.

Según los defensores oficiales, en la mayoría de los casos se trata de mujeres que, o tienen consumos problemáticos con estupefacientes, o tienen un grado de vulnerabilidad social y económica que las lleva a comercializar drogas.

En ese mismo sentido, Alconada Alfonsín relató que “el que termina preso por el narcomenudeo es el consumidor”. “Y lo dicen las estadísticas, no es una opinión. ¡Consumidores están presos! ¡Y están presos por tenencia!”, se lamentó.

López Soto, en cambio, niega que la adicción a las drogas y la vulnerabilidad social sean las únicas explicaciones de que haya tantas mujeres presas por la violación de la Ley de Estupefacientes.

“Es una situación que hay que analizar caso por caso. Hay personas que pueden estar en una situación de vulnerabilidad, que pueden ser objetos de una estructura criminal, y obviamente ese caso es ponderado tanto por la defensa como por la fiscalía y por los distintos tribunales”, concedió el fiscal. “Sin embargo, sí se advierte que hay muchas mujeres que forman parte de estructuras organizativas y en donde no se advierten situaciones de vulnerabilidad, sino que se advierten situaciones de elección”, agregó. López Soto consideró que “habría que hacer un análisis más profundo de por qué las mujeres se vinculan a este tipo de delitos y no a otro tipo de delitos”.

Compartimentos estancos

El caballito de batalla para la sanción de la Ley de Desfederalización fue la posibilidad de descomprimir la Justicia Federal, haciendo que el fuero provincial se ocupara del narcomenudeo, y que la información resultante de esas investigaciones le permitiera al fuero federal llegar a las organizaciones más grandes que abastecían de droga a las bocas de expendio.

La experiencia muestra, sin embargo, que, si bien es cierto que la Justicia Federal consiguió un respiro, la falta de articulación entre fueros no ha resultado.

Según el fiscal federal general Carlos Amad, “con el narcomenudeo se llega a los vendedores del medio, pero no a los grandes. ¿Por qué? Porque es inconexa la investigación de la provincia con la investigación federal”.

Si bien en 2016 se firmó un convenio entre la Procuraduría de Narcocriminal (PROCUNAR) NOA y el Ministerio Público Fiscal de Salta para “establecer un marco general de cooperación entre las partes, en el que asumen el compromiso de desarrollar en forma conjunta acciones tendientes a potenciar y perfeccionar la persecución penal en materia de narcocriminalidad”, Amad entendió que esa articulación no es frecuente.

“Deberíamos obligatoriamente sentarnos los investigadores federales con los investigadores provinciales, deberíamos tener reuniones periódicas, que ellos nos cuenten qué información tienen respecto a determinados casos. Esa interacción como cosa habitual no existe”, aseguró el fiscal federal.

Para López Soto, en cambio, la coordinación entre fueros sí existe y es ejemplar. “Salta es un referente en cuanto a coordinación de información. Hay muchas causas en las que llegamos a resultados muy interesantes y en donde logramos desbaratar bocas de expendio que funcionaban en zonas de la ciudad de Salta y transportes de estupefacientes que proveían a esas bocas de expendio”, afirmó el fiscal provincial, aunque reconoció que “falta aceitar otros recursos”.

Pese a reconocer el profesionalismo y la buena tarea que realizan los fiscales provinciales en la persecución del microtráfico, Amad se ha manifestado siempre en contra de la desfederalización del narcomenudeo por entender que favorece los “compartimentos estancos” en la investigación.

Otro de los detractores de la provincialización de la lucha contra el microtráfico es Luis Schiappa Pietra, fiscal de la Unidad de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada de Santa Fe, conocido por ser uno de los que logró la condena de Ariel “Guille” Cantero, líder de la banda Los Monos, y a Esteban Lindor Alvarado, otro capo narco rosarino.

El fiscal rosarino se opuso a los proyectos de ley presentados en ese sentido en la provincia de Santa Fe por entender que “no van sobre el problema de fondo”. Schiappa Pietra consideró que en la Argentina “hay una estructura investigativa de la problemática de droga que es totalmente precaria, fragmentada y con una mirada sobre el problema mucho más enfocada a los eslabones más pequeños de la cadena de comercialización que a los grandes estructuradores de estos mercados”. En esa línea, opinó que se debe establecer una nueva política criminal de lucha contra las drogas en el país, y que “en ese esquema la desfederalización de la droga no agrega nada e incluso, en muchos aspectos, hasta complica el problema”.

Aunque prefirió no referirse al caso puntual de la provincia de Salta, Schiappa Pietra entendió que en muchas de las jurisdicciones que desfederalizaron la persecución al microtráfico “se ha enfocado la investigación en eslabones más pequeños y eso, más allá de la fragmentación de las investigaciones, genera un dispendio de recursos en términos investigativos que habría que replantearse. ¿Cuánto nos importa como Estado tener prisionizados o perseguidos penalmente a actores muy inferiores en esa tarea?”, se preguntó.

Finalmente, el fiscal rosarino evaluó que la persecución de los microtraficantes, en su mayoría adictos, “agrega otro inconveniente, que es no advertir la importancia, el desarrollo y una expansión de una política de salud asociada al consumo de drogas”. “Cuando se criminalizan estos problemas, se pierde de vista que hay detrás un problema muy grande de salud pública”, concluyó.

Consumo en ascenso

La persecución del narcomenudeo no parece haber conseguido una disminución del acceso de la población a los estupefacientes. Los datos del último informe de la Organización Mundial de la Salud dan cuenta de un incremento en el consumo de drogas en los últimos años en Argentina, al igual que en el resto de la región.

Estas cifras coinciden con la percepción que tiene Natalia Altamirano, que trabaja en una de las Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) que subsidia la SEDRONAR. “Lo que nosotros venimos viendo en el trabajo territorial es que efectivamente el consumo de sustancias se incrementó bastante. También vemos que la edad de iniciación ha bajado. Antes trabajábamos con niños y niñas que por ahí estaban en consumo problemático de 12 años y ahora tenemos testimonios de niños y niñas a partir de 8 años”, relató Altamirano.

Además, contó que el acceso a las drogas en los barrios es relativamente sencillo, y que "en los últimos tiempos apareció también la modalidad de delivery” para comercializar estupefacientes.

Natalia narró que, en muchas ocasiones, los operativos de la Policía son utilizados para perseguir a los jóvenes cuando se encuentran en lugares públicos, ya sean esquinas, plazas o canchas de fútbol.

Por el contrario, la presencia institucional es más exigua cuando se trata de brindar asistencia sanitaria a los jóvenes que tiene consumos problemáticos. “Desde la Secretaría de Adicciones lo que nos dicen es que tenemos que articular con las salitas de la zona, pero las salitas de la zona nos terminan derivando”, contó Altamirano. “Cuesta porque, si a nosotros nos llega un joven o una joven que tiene que desintoxicarse, es muy difícil conseguir la atención primaria y después empieza como un derrotero en el que te van peloteando de un lado a otro y por ahí lo que pasa con las personas que están en situación de consumo es que el día que definen que quieren iniciar un tratamiento, es como que tiene que ser inmediato, si no se vuelven a sentir mal y terminan recayendo”, se lamentó.

“Yo sé que mucha gente piensa de buena fe que si se combate con una ley de narcomenudeo, se va a solucionar el problema de la venta de las drogas en los barrios”, refelxionó por su parte Alconada Alfonsín. “Lo cierto es que las bandas dejan de contratar a una persona y contratan a otra, y el que termina preso por el narcomenudeo es el consumidor”, se quejó. Para la integrante del Comité Nacional contra la Tortura, si el dinero que se gasta en la manutención de los consumidores que terminan detenidos se usara con fines sanitarios o sociales, otro sería el resultado.

Ante la consulta de si la desfederalización contra el narcomenudeo ha servido para frenar la venta de drogas en la provincia, el fiscal López Soto dudó. “No sé si podría con tanta certeza decir que se frenó la venta de droga, lo que sí podría decir es que dio muchas respuestas a muchas necesidades de muchos vecinos, porque acá es muy importante destacar que el gran problema que genera la venta de drogas es, en primer lugar, para el adicto, pero también para el vecino”, meditó el fiscal provincial. Y remató: “El vecino que denuncia que en la esquina de su casa hay una boca de expendio y en donde constantemente están yendo personas a vender drogas, es una persona que requiere del Estado una respuesta, y a eso estamos abocados, a darle respuestas a las personas que están denunciando que su barrio se está convirtiendo en un lugar donde se vende droga”.