La consagración de Flamengo como campeón de la Copa Libertadores 2022 terminó de activar una decisión que ya estaba adoptada: AFA, con el impulso poderoso de Boca y River, hará un pedido ante Conmebol para que a partir de la edición 2023 rija un estricto fair play financiero que permita auditar las cuentas de los equipos brasileños.

Para quienes rodean a Jorge Amor Ameal y Jorge Brito, los presidentes de los dos gigantes del fútbol argentino, la inyección de cuantiosos fondos empresariales por fuera de las economías de los clubes de Brasil. ha alterado la competitividad de la Copa y comprometido seriamente su futuro. Boca y River creen que la Libertadores puede dejar de ser interesante para millones de hinchas sudamericanos si, como sucedió en las últimas tres ediciones, a la final solo llegan los brasileños y el resto del continente va quedándose por el camino.

Por tal motivo, evalúan solicitar a Conmebol una auditoría que les permita saber cuales son los ingresos y egresos reales de los equipos de Brasil y se les impida contratar jugadores y técnicos o pagar sueldos por encima del dinero que les entra. Boca y River aceptan que esas instituciones tienen patrocinadores y contratos de televisión y marketing muy superiores a los que se cobran en el fútbol argentino. Pero les parece un exceso que además de esa ventaja, también haya fortisimos empresarios dispuestos a poner lo que haga falta sobre la mesa para repatriar jugadores desde Europa o pagar sueldos exhorbitantes, pero en línea con los que se abonan en el Viejo continente.

Cuatro son los nombres sobre los que se enfocan las acusaciones boquenses y riverplatenses: Uno es el del propio presidente de Flamengo, Rodolfo Landim, magnate de la industria petrolera y ex jerarca de Petrobras que rechazó el ofrecimiento de Jair Bolsonaro de asumir la presidencia de esa empresa para no descuidar su gestión al frente del actual campeón de América. Otro es el de Leila Pereira, presidente de la financiera Crefisa, principal apoyo económico de Palmeiras. También está el de Luciano Hang, mecenas de Atlético Paranaense y dueño de Havan, la mayor cadena tiendas de Brasil. Y el cuarto es el de Rubens Menin, titular de Atlético Mineiro, propietario de MRV,  la constructora más grande de Sudamérica y decimoquinta fortuna de Brasil. 

Los cuatro tienen dos rasgos en común: su cercanía política con el gobierno de ultraderecha del presidente Jair Bolsonaro y su amplia predisposición a aportar lo que haga falta para que sus equipos contraten los mejores jugadores a su alcance y paguen sueldos sin techo. Boca, River y la AFA entienden que en la medida que el mundo de los negocios y las grandes corporaciones empresarias siga fondeando sin control ni reglas claras la economía de los clubes de Brasil, será muy dificil, por no decir imposible, volver a ganar la Copa Libertadores. Y están dispuestos a jugar muy fuerte fuera de la cancha para romper una hegemonía que a muchos empieza a resultarle incómoda, inquietante.