Desde Santa Fe
El ex ministro Marcelo Sain, su ex número dos en la cartera, Germán Montenegro y otros seis integrantes de su equipo, entre ellos la abogada de Hijos Nadia Schujman, sabrán finalmente cuáles son las imputaciones en su contra, a un año del allanamiento del Ministerio de Seguridad que generó una escalada mediática. El fiscal Ezequiel Hernández –que quedó al frente de la persecución porque su colega Mariela Jiménez se jubiló- fijó la fecha para las ocho audiencias imputativas, que se realizarán a fin de mes, el 29 de noviembre, entre las 9 de la mañana y las 16.30. La audiencia con Sain será la penúltima, a las 15.30. La fecha no parece casual, el allanamiento a la sede del gobierno de la provincia en Rosario –a oficinas muy cercanas al despacho del entonces ministro Jorge Lagna- se realizó el 26 de noviembre de 2021 y las imputativas se concretarán finalmente el 29 de noviembre de 2022.
La serie comenzará a las 9 con la ex jefa de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini; a las 10, seguirá Diego Rodriguez (ex responsable de Asuntos Internos); a las 11, la doctora Schujman; a las 12, Pablo Alvarez (que se desempeñaba en el área de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad); a las 13, Milagros Bernard (ex asesora del Organismo de Investigaciones), a las 14.30, Germán Montenegro; a las 15.30 Sain y por último, a las 16.30, Agustina Moulins (ex asesora del Organismo de Investigaciones del MPA).
El 20 de octubre, los organismos de derechos humanos de toda la provincia –entre ellos los de Rosario y Santa Fe- advirtieron sobre la causa que tramita el fiscal Hernández, a la que llamaron “el más claro ejemplo de Lawfare a la santafesina contra nuestra compañera Nadia Schujman” y otros funcionarios del Ministerio de Seguridad. “A casi un año de un allanamiento orquestado por estos sectores de poder, una causa llena de incertidumbres y sin pruebas reales, en contra de quienes trabajaron por desarticular y condenar un entramado mafioso en nuestra provincia. Vemos como durante todo este tiempo no se han encontrado fundamentos sólidos para realizar algún tipo de acusación formal y solo salen al publico audios para perjudicar a nuestra compañera y trabajadores en momentos donde en la provincia se disputan conflictos de una espuria relación del poder político-judicial y mediático”.
El 29 de noviembre, los ex funcionarios sabrán finalmente cuáles son las imputaciones y las supuestas pruebas en su contra.
