Desde hoy y hasta el 20 de diciembre se sucederán las indagatorias a los miembros del directorio de Vicentin por el delito de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales en el juzgado federal de Reconquista a cargo del juez Aldo Alurralde. Esta causa se tramita de forma paralela a la investigación penal por estafa y otras figuras penales que lleva adelante la Justicia provincial en Rosario y que ya tiene imputados a los mismos directivos, que por ese caso están en libertad bajo fianza. Ante la inminencia de la ronda de indagatorias, la Comisión de Seguimiento del caso Vicentin se entrevistó ayer con el fiscal federal de Reconquista, Jorge Salum. Según explicó el diputado Carlos Del Frade (FSP) la causa se basa en las denuncias de la Afip, "que viene acumulando aquí la documentación de un proceso histórico que es muy importante porque es el proceso de mayor expansión de Vicentin: 2016 a 2018, cuando la firma pasa a ser la sexta empresa que más factura en la Argentina dentro de las 1.000 que más facturan en el país. Además termina siendo la primera exportadora. Por eso es tan importante". 

La maniobra que se le achaca en este caso a los miembros de aquel directorio (algunos siguen en funciones y otros ya no) es por la incorporación a la contabilidad de "facturas apócrifas de parte de empresas apócrifas, que son unas 60 de Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero y Santa Fe, que se constituían en pocos meses y servían para licuar e ingresar dineros de los que se desconoce la procedencia", explicó Del Frade.

El perjuicio ocasionado por estas maniobras contra el Estado fue calculado en 111 millones de pesos a valores históricos, monto similar al del embargo que el juzgado de Alurralde fijó sobre los directivos y la empresa, en una medida que fue ratificada tanto en la instancia de apelación como en Casación Penal.

Luis Rubeo, presidente de la comisión de seguimiento, explicó que contactaron al fiscal porque "comienzan las audiencias imputativas en función de que hay una serie de denuncias realizadas por Afip sobre falsificación de facturas, en las cuales se habrían cobrado el reintegro de exportaciones por parte de Vicentin".

En agosto 2020, a pocos meses de producido el cambio el gobierno nacional, y con la cesación de pagos y estando muy fresca la presentación a concurso de acreedores por parte de la empresa, Afip denunció en la Justicia de Reconquista que Vicentin había solicitado reintegros del Impuesto al Valor Agregado por los períodos de enero de 2016 a octubre de 2018 con respaldo de facturas truchas.