El concejal de Baradero del Frente de Todos Juan María Ramos, con uso de licencia luego de haber sido denunciado y quedar procesado por el delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado y corrupción de menores, se presentó este lunes, como había anunciado, para reasumir en su banca. Pero la presidenta del cuerpo legislativo, también del FdT, Gabriela Herrera, le impidió el acceso: a través de un decreto --que debe refrendar el Concejo Deliberante-- rechazó su pedido de reincorporación hasta que la justicia aclare su situación procesal. “Voy a proponer que se conforme una comisión investigadora. Se le va a solicitar a la justicia que emita un oficio comunicando el estado de la causa. Y estamos generando una movida de concientización sobre el caso. Aquellos concejales y concejalas que consideren que tiene que estar sentado en una banca, que expliquen su posición”, señaló Herrera a Página 12. Su posición, dijo, cuenta con el respaldo del intendente Esteban Sanzio.
“Defendemos los derechos de la víctima y la igualdad de género sigue siendo nuestra bandera. No voy a bajarme de eso”, apuntó la presidenta del cuerpo legislativo local. Este martes Herrera adelantó que denunciará a Ramos por amenazas, dado que al retirarse del Concejo Deliberante dijo que no se iba a responsabilizar por la integridad física de nadie.
El escándalo en Baradero estalló en los últimos días, cuando Ramos, con un reciente pedido de elevación a juicio por el delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado y corrupción de menores en concurso real, presentó una nota a la presidencia del Concejo Deliberante donde pidió que quede sin efecto la licencia que oportunamente había tomado “hasta que se resuelva su situación procesal”, según el texto que él mismo firmó en su momento.
Estaba previsto que el pedido de suspensión de licencia se tratara el viernes, como informó Página 12, pero la sesión no se hizo finalmente --ninguno de los bloques se presentó al recinto-- y Ramos dejó trascender que se daba por reasumido y que este lunes ocuparía su banca. “Un Concejo sin abusadores”, decían algunos de los carteles que llevaban integrantes de organizaciones feministas convocadas frente al Concejo Deliberante.
Lejos de estar la causa en su contra cerrada, la situación procesal de Ramos se complicó aún más en los últimos días: la fiscal María del Valle Viviani, a cargo de la fiscalía 7 de San Pedro, elevó la causa al juez y solicitó que se lleve adelante el juicio oral al considerar que existen suficientes elemento en esta etapa procesal para avanzar en ese sentido.
Ramos, de 33 años, encabezó la lista oficialista en las últimas elecciones, se desempeñó como secretario de Desarrollo Humano del intendente Sanzio, y en setiembre de 2020 fue denunciado por una prima, que lo acusó de abusar de ella cuando tenía 14 años --y él era mayor de edad-- junto a varios amigos suyos, y en reiteradas oportunidades, emborrachándola. El delito que se le imputa supone penas de entre 8 y 20 años de reclusión o prisión.
“Conforme los elementos de prueba colectados en este proceso, el encartado Alcides Eduardo Giménez resulta ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, en base a los artículos 45 y 119 3er. párrafo, todo del Código Penal; mientras que Juan Sebastián Concilio, Juan María Ramos, Luis María Tettenborn resultan ser autores penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, en concurso real con corrupción de menores agravada, en base a los artículos 45, 55, 119 4to. párrafo incisos a) y d) y 125 2do. párrafo, todos del Código Penal.”, dice el pedido de elevación a juicio. Los hechos habrían ocurrido en un departamento propiedad de Ramos, ubicado en Baradero.
Ramos alega el principio de inocencia y que no hay ningún impedimento legal para recuperar su banca, dado que todavía no hay sentencia. Siempre sostuvo que la denuncia en su contra fue “un armado político” aunque quien lo denunció es una prima suya.