El legislador encargado de instruir la denuncia por corrupción contra el presidente Michel Temer votó ayer a favor de procesar al mandatario. “Tiene que haber una investigación de los hechos bajo sospecha”, sostuvo el diputado Sergio Zveiter al recomendar a la Comisión de Ciudadanía y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados que se pronuncie a favor de la investigación de las denuncias formuladas por la Fiscalía General. “Voto por la admisibilidad de la denuncia”, concluyó el diputado que pertenece al Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la misma fuerza que integra Temer, despertando una ovación de los legisladores de la oposición. Aunque la denuncia todavía debe ser analizada en comisión y por el pleno de la Cámara baja, en caso de prosperar podría terminar en la suspensión por seis meses del cargo de jefe del Estado. La defensa de Temer calificó de infamia la acusación por corrupción en su contra.

El parecer de Zveiter debe ser sometido, en principio esta semana, al voto de los 66 miembros que componen la Comisión de Ciudadanía y Justicia. Más allá de la conclusión a la que arriben los legisladores, corresponde al plenario de la Cámara de Diputados decidir si el caso debe ser transmitido al Supremo Tribunal Federal (STF), la única instancia capaz de abrir un juicio contra Temer. Tras el debate en la comisión, que puede consumir hasta cinco días, el informe de Zveiter será votado en el pleno de la Cámara baja y si es apoyado por dos tercios de los diputados (342 de los 513 diputados). En caso de que la causa contra Temer llegara a la Suprema Corte y los 11 jueces de esa instancia dieran continuidad al proceso, Rodrigo Maia (titular de Diputados, del derechista Partido Demócrata), asumiría el cargo durante los hasta 180 días que Temer debería ser suspendido. Si Temer fuera declarado culpable, sería destituido y el Congreso debería elegir a su sucesor 30 días después. De lo contrario, retomaría su presidencia.

Zveiter dejó de lado su condición de miembro del PMDB, que lidera el propio Temer, y elaboró su informe, según dijo, sobre la estricta base de los documentos en que la Fiscalía se apoyó para formular la denuncia. El instructor aclaró que la admisión de la denuncia no supondría culpabilidad, sino el inicio de un proceso penal que esclarecerá la verdadera responsabilidad del presidente, a quien la Constitución le garantiza “el más amplio derecho a la defensa”.

El fiscal general, Rodrigo Janot, fundamentó su acusación en testimonios dados por ejecutivos del grupo cárnico JBS, que en el marco de un acuerdo de cooperación afirmaron que sobornan a Temer desde 2010 a cambio de favores políticos. Además, entregaron un explosivo audio grabado por el dueño de ese grupo, Joesley Batista, durante una reunión que mantuvo con el mandatario en la residencia oficial de la Presidencia y en el que relata, frente al silencio del jefe de Estado, diversas maniobras ilegales que hacía en beneficio de esa empresa ante ministerios e incluso algunos jueces.

La acusación también sostiene que Temer sería el destinatario de 500.000 reales (unos 152.000 dólares) que su antiguo asesor Rodrigo Rocha Loures recibió del grupo JBS y estaban en un portafolios que le fue entregado en una pizzería de San Pablo, situación que fue filmada por la Policía Federal, que ya entonces lo vigilaba. Rocha Loures, acusado en el mismo proceso que implica a Temer, está bajo libertad vigilada y admitió la recepción del dinero, pero aún no aclaró por qué le fue entregado ni tampoco si en realidad era para el mandatario, como sostiene Batista. El Ministerio Público afirma que ese monto estaba destinado al presidente, algo que negó categóricamente.

“Es mentira, es infamia, es indigna”, señaló el abogado Antonio Claudio Mariz ante la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara baja después de que el diputado Zveiter recomendara recibir la denuncia y la apertura de un juicio penal contra Temer. “Reto a la Fiscalía a que diga cuánto, dónde y cómo el presidente recibió ese dinero”, manifestó el abogado, quien enfatizó que si Rocha Loures entregó a la justicia la suma recibida, entonces está claro que no llegó a manos de Temer. El abogado alertó sobre el peligro para la gobernabilidad de un eventual juicio contra el mandatario y aseguró que “un jefe de Estado no puede ser procesado por simples hilaciones” apoyadas en pruebas falsas y fraudulentas, como se refirió en particular a los audios presentados por Batista.

Temer se mostró confiado en tener mayoría suficiente para archivar el caso en el plenario. Sin embargo, la coalición gubernamental ha dado muestras de cierta ruptura desde la difusión a mediados de mayo del mencionado audio.  Prueba de ello es la posición del propio Zveiter, así como los numerosos reemplazos hechos a última hora en la CCJ de aparentes miembros díscolos de partidos de la coalición.

Aliados de Temer, principalmente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de centroderecha, señalaron últimamente que veían a Maia como alguien capaz de completar el accidentado mandato hasta fines de 2018. La cúpula del PSDB, fuerza a la que pertenece el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, tenía previsto reunirse ayer por la noche en San Pablo, para definir si permanece en la coalición, aunque algunos medios daban por descontado que el encuentro podría posponerse. Recientemente, Cardoso le pidió a Temer que presente su renuncia, como gesto de grandeza.

La crisis política causada por las sospechas de corrupción apuntadas contra el mandatario demoraron el avance de un paquete de medidas prometidas por Temer para sacar a Brasil de la peor recesión de su historia, iniciativas que son reclamadas por el mercado, como la reforma del sistema de jubilaciones. El Senado debería aprobar hoy la reforma de la legislación laboral, una medida tendiente a flexibilizar las reglas de contratación y que podría dar a las negociaciones sectoriales o internas de la empresa preeminencia sobre la legislación vigente.