Cuando se caía a pedazos la acusación por supuestas irregularidades en el caso del complejo de Río Turbio –como suele suceder– el juez federal Claudio Bonadio salió al rescate. Ayer dictó un nuevo procesamiento contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido y los secretarios de Transporte que estuvieron en el cargo entre 2003 y 2014. El magistrado se basó en un cálculo artificioso y manipulado para concluir que el Estado fue afectado en 600 millones de pesos. La coalición judicial-mediática-política completó la jornada con imputaciones y procesamientos varios de escandalosa impronta electoral. Desde el comité de Cambiemos, sito en Comodoro Py, se lanzaron también con un procesamiento contra Martín Sabbatella, un virtual pedido de indagatoria contra la procuradora Alejandra Gils Carbó y una imputación contra la primer candidata a diputada de la Unidad Ciudadana, Fernanda Vallejos. Pero en los cuatro días que faltan antes de la feria judicial habrá más. 

La hilacha política de la resolución de Bonadio se percibe a simple vista. Dictó el procesamiento cuando faltan declarar 251 empresarios del transporte en la misma causa. Y, además, no imputó a ninguno de los secretarios de transporte provinciales, que eran los encargados de certificar los kilómetros recorridos por los colectivos que fueron subsidiados. Y un dato también llamativo: procesó a De Vido y no a Florencio Randazzo, que fue el ministro del área, pese a que el propio juez sostiene que las irregularidades se cometieron hasta 2014. Por último, prácticamente todas las formas de cálculo de subsidios siguen hasta hoy, en especial en el interior del país. Sin embargo, tampoco hay ninguna acusación contra los funcionarios de Cambiemos. 

Políticas

La política de subsidio al transporte se implementó después de la catástrofe de 2001, pero esencialmente a partir del gobierno de Néstor Kirchner. El concepto fundamental era que la gente no tenía dinero ni para buscar trabajo, de manera que había que mantener baja la tarifa. La modalidad era que se calculaba el costo del viaje, que siempre era mayor al precio del boleto, y la diferencia constituía el subsidio del Estado. Ese cálculo se hacía de dos maneras:

n Los pasajeros transportados por cada línea lo fijaba la Comisión de Regulación del Transporte (CNRT), que cotejaba cifras con las declaraciones de cada empresa ante la AFIP. De esa manera se fijaba el subsidio al boleto. 

n Los kilómetros recorridos surgían de una declaración jurada de las empresas hasta que durante la gestión de Juan Pablo Schiavi en la Secretaría de Transporte se modificó la forma de cálculo, con asesoramiento de la UBA. Se instaló el sistema para que el cálculo se realice mediante la tarjeta SUBE y los GPS instalados. Por éste método se establecía el subsidio al gasoil. 

Tecnología

Cuando en mayo de 2014 se hizo una comparación entre lo que surgía de los GPS y el cálculo anterior, surgió que por GPS dió 111 millones de kilómetros recorridos, mientras que antes el cálculo de la CNRT dió 106 millones. O sea que se estaban pagando subsidios de menos, no de más. 

Por entonces, un denunciador serial del PRO, Santiago Dupuy de Lome, había presentado la denuncia original. Se trata del mismo personaje que acusó falsamente a Axel Kicillof de cobrar 400 mil pesos mensuales en YPF. La oportunidad surgió a raíz de una entrevista a Randazzo en la que el ministro dijo que gracias a la SUBE habría un ahorro de dinero en subsidios. Concluyó entonces el denunciador que antes se había pagado de más. Por eso, el dato curioso es que la carátula de la causa dice “Randazzo, Florencio Aníbal, sobre Defraudación contra la Administración Pública”. 

Cálculo

El cálculo de que no se habían pagado subsidios de más, surgido de la comparación con los datos totales de los GPS, no le servía a Bonadio. De manera que implementó otro: tomó 38 líneas que recorrían menos kilómetros en la medición por GPS que en la anterior y le aplicó ese cálculo a la totalidad, como si todas las líneas hubieran recorrido menos kilómetros y, por lo tanto, se les pagó subsidios de más. Los secretarios de Transporte, en sus indagatorias, explicaron que en las 38 líneas entraron, por ejemplo, la 60, que tuvo gran cantidad de conflictos gremiales; líneas que recorrían el bajo porteño obstruido por movilizaciones frente al Ministerio de Trabajo o la avenida Juan B. Justo durante la construcción del Metrobús. También líneas de los hermanos Cirigliano, que entraron en crisis, y otras líneas afectadas porque el crecimiento inaudito del tránsito –500.000 autos más en CABA– llevaban a una frecuencia menor y por lo tanto a menos kilómetros globales recorridos por la empresa. O sea que se objetó el sistema de cálculo, pero el juez desconoció la objeción y concluyó: “cabe señalar que, del perjuicio total aproximado generado a las arcas de Estado Nacional, 403.193.117,2 pesos corresponden a los subsidios indebidos entregados en pesos 205.376.919,61 pesos, a los litros de gasoil a precio diferencial entregados en exceso”.

En su resolución, Bonadio menciona dos empresas, una de Jujuy y otra de Rosario, en las que se comprobó que ni siquiera tenían unidades, de manera que se trató de un fraude. En ningún caso imputó a los funcionarios de transporte de esas provincias que le daban el visto bueno a las declaraciones juradas de las empresas. Ambas compañías fueron denunciadas penalmente, pero Bonadio esquiva ese dato concreto diciendo que a una se le aplicó multa y a la otra no. 

Iguales

El juez, además, igualó todos los sistemas aplicados en los 11 años de subsidios. Durante la gestión de Ricardo Jaime lo que valía era la cantidad de pasajeros, aportada por la CNRT, y la declaración jurada sobre kilómetros recorridos. Después, durante la gestión de Schiavi, la UBA diseñó una corrección del sistema: se hizo un cálculo global de kilómetros recorridos por todos los colectivos de un distrito. Y esa totalidad se distribuía entre las distintas líneas. De manera que si una línea declaraba de más, otra línea recibiría de menos, porque el Estado fijó el total global. O sea que el Estado no perdía por una sobre-declaración de kilómetros. 

Finalmente, después de muchas resistencias, se impuso masivamente la SUBE en diciembre de 2011. Hubo intensas campañas en contra de la tarjeta, argumentando que el Estado iba a espiar a los ciudadanos. Las empresas de colectivos no querían tampoco que se implemente porque, por un lado significaba más control sobre sus movimientos y ganancias y por el otro lado todo el sistema pasaba a manejarse por el Banco Nación. Al final aceptaron una especie de gestión conjunta con el Nación. Los quiosqueros no quisieron colocar la SUBE porque no les resultaba rentable y también hubo demoras por las dificultades tecnológicas con los GPS y las dificultades informáticas de reunir los datos de más de 35.000 colectivos. Las demoras, no obstante fueron similares a las que sufrió la instalación del sistema en Londres o San Pablo. Bonadio, en cambio, sugiere que la demora fue parte de las maniobras.

Culpas

De Vido sostuvo en su descargo que él era el ministro del área, diseñaba las políticas generales, pero que la Secretaría de Transportes y la CNRT eran las ejecutoras. Por lo tanto le podrían adjudicar responsabilidades políticas, pero no penales “toda vez que esto último exige que las imputaciones se vinculen con conductas directas y personales del imputado que, en el caso, no existieron. La información que recibía con relación a estos hechos no ponía de manifiesto ninguna irregularidad que convocara mi intervención, y en eso incluyo también a la propia Auditoría General de la Nación que, como vimos, auditó el sistema, formuló observaciones a los organismos pertinentes y no denunció ni ante el suscripto ni ante la justicia ninguna irregularidad con trascendencia penal”.

Jaime se negó a declarar ya que sostuvo que se le informó de la indagatoria el mismo día en que fue citado. En su contra juegan, por un lado, las declaraciones de funcionarios de la CNRT que dicen que le advirtieron de maniobras, pero que Jaime nunca los atendía. Y, además, está el hecho de que Jaime fue condenado por recibir dádivas de los hermanos Cirigliano, propietarios de líneas de colectivos. Por su parte, Schiavi y Alejandro Ramos –secretario de Transporte hasta el 10 de diciembre de 2015–cuestionaron el cálculo y todos los términos de la acusación. Pero sobre todo señalaron que si hubieran tenido el ánimo de concretar un engaño, no hubieran puesto todos los esfuerzos en poner en marcha la SUBE, los GPS y los sistemas más sofisticados de control.

Política

Nada de todo lo anterior le importó al magistrado. El caso Río Turbio perdió la explosión electoral requerida a partir de que el juez Luis Rodríguez sostuvo que no había elementos de sospecha ni siquiera para indagar a los imputados que el fiscal pretendía detener. Mucho menos correspondía el desafuero de De Vido, dijo. Pero el cuadro electoral requería mantener la ofensiva de alguna manera, sobre todo teniendo en cuenta las encuestas que exhiben a Cristina Kirchner encabezando la intención de voto en Provincia de Buenos Aires. Bonadio entonces hizo su aporte. 

  • Hace unos días convocó a 251 empresarios del transporte a declarar en esta misma causa. La lógica indica que se procesa después de escuchar a todos los imputados, entre otras cosas porque alguno podría decir, por ejemplo, que se pagaban coimas. Urgido por las necesidades electorales, el magistrado no esperó nada. Manoteó rápido el procesamiento. 
  • Toda la certificación de kilómetros recorridos en el interior del país –12.000 colectivos provinciales y 5.000 más de media y larga distancia– corrió siempre a cargo de los secretarios o ministros de transportes de cada distrito, entre ellos también la provincia de Buenos Aires. Bonadio no imputó a ninguno. Se ve que no quiere enfrentamientos con los gobernadores. 
  • Las irregularidades que menciona el juez se cometieron hasta 2014, momento en el que se hizo la denuncia. Pese a que en la carátula figura Randazzo, la resolución ni siquiera lo menciona. 
  • Buena parte de los métodos usados hasta 2014 se siguen utilizando ahora, en especial en el interior del país. Sin embargo, no hay ningún ministro ni funcionario de Cambiemos imputado. 

Nadie puede descartar que en los subsidios al transporte o en cualquiera de las áreas de la administración pública hayan existido sobreprecios o maniobras de corrupción. El problema es que en las 141 páginas de la resolución de Bonadio no aparecen pruebas sino un cálculo tramposo y, sobre todo, un direccionamiento electoral demasiado evidente.

[email protected]