El senador sanjuanino del FpV-PJ Ruperto Godoy se resiste a ser desplazado del Consejo de la Magistratura. Su continuidad depende de una decisión de la Justicia que en dos instancias falló en su contra por no ser abogado matriculado a pesar que juró como consejero avalado por una ley que no establece ese requisito para los representantes del Congreso ante la Magistratura. Godoy volvió a responsabilizar por la impugnación al gobierno que quiere “poner y sacar jueces a dedo, y disciplinar al resto del Poder Judicial”. El senador presentó ayer temprano un recurso ante la Cámara Contencioso Administrativa y viajó de urgencia por la noche a Buenos Aires para participar de una reunión de la bancada de senadores del FpV-PJ para analizar la situación. Godoy afirmó a PáginaI12 que quiere evitar que lo marginen de la reunión plenaria del Consejo de la Magistratura de este jueves –la última antes de la feria judicial de invierno-, donde su ausencia le daría al oficialismo una mayoría circunstancial para avanzar en la embestida contra jueces y fiscales no alineados con el Gobierno.      

“El objetivo es iniciar el jury de enjuiciamiento al juez (Eduardo) Freiler. Para este Gobierno no existe la República, es un régimen absolutamente autoritario y violento que está tomando medidas de estas características”, soltó el senador kirchnerista, cuyo desplazamiento dejaría al oficialismo con la mayoría necesaria –que hasta ahora no tiene– para enjuiciar a Freiler. Para Godoy no hay dudas sobre las motivaciones políticas del macrismo para enjuiciar al magistrado: “quieren iniciarle juicio a Freiler, que es un pedido de Clarín y La Nación porque citó a (Héctor) Magnetto, (Bartolomé) Mitre, Ernestina Herrera de Noble” en la causa Papel Prensa. 

“República e independencia de poderes no existe para nada. Quieren consolidarse en estas elecciones para avanzar con las reformas como en el área previsional”, advirtió Godoy en declaraciones radiales y agregó: “Quieren poner y sacar jueces a dedo, y disciplinar al resto del Poder Judicial. Quieren tener mayoría en la Magistratura y avanzar contra (la procuradora Alejandra) Gils Carbó”.

Godoy también volvió a recordar que la Corte Suprema le tomó juramento como consejero “respetando la ley que dice que los representante del Parlamento el único requisito es que sea diputado o senador y no se necesita que sea abogado”. “Nos quedamos hasta que haya una respuesta a la apelación”, sostuvo el senador ante PáginaI12 en referencia a su presentación realizada ayer ante la Cámara Contencioso Administrativa. Aunque la Cámara tiene un plazo perentorio para pronunciarse, podría extenderlo hasta mediados de agosto, aunque también podría hacerlo esta semana, antes de la feria judicial y del plenario del Consejo.  

En ese sentido, el diputado macrista e integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, sostuvo que “mientras no haya sentencia firme, Godoy continuará cumpliendo su función dentro del Consejo de la Magistratura”.

“Si la Cámara concede el recurso presentado por Godoy, la sentencia sigue sin quedar firme, mientras se le da traslado a la Corte”, explicó el diputado de Cambiemos a la agencia oficial Télam. Sin embargo, Tonelli reconoció que si la Cámara rechazara el recurso extraordinario de Godoy, el senador podría recurrir en queja ante la Corte, pero, en ese caso, la sentencia quedaría firme.

Tonelli llegó al Consejo de la Magistratura en diciembre de 2015 de la mano de un cuestionado “acuerdo parlamentario” que pergeño el oficialismo para completar el mandato de dos años que le correspondía a la diputada del FpV Anabel Fernández Sagasti, que fue elegida senadora por Mendoza. Pero Cambiemos, junto a parte de la “oposición dialoguista”, rechazó la designación del diputado del FpV, Marcos Cleri, y nombró a Tonelli en reemplazo de Fernández Sagasti. 

La mayoría oficialista en la Magistratura avaló la designación de Tonelli en febrero de 2016. Desde entonces, la resolución está judicializada y paralizada en el juzgado de Enrique Lavié Pico. El mismo magistrado que falló a favor del cese del senador Godoy como consejero de la Magistratura (el órgano de control del Poder Judicial), al declarar inconstitucional el artículo de la ley 26.855 -aprobada en 2013– que quitó la obligatoriedad de ser abogado para integrar el Consejo de la Magistratura. Pero el Consejo de la Magistratura está integrado por 3 senadores y 3 diputados (de acuerdo a la representación política proporcional de cada Cámara) y para los que no existe exigencia alguna de contar con algún tipo de formación universitaria ni mucho menos una específica.