La causa por pedido de juicio político que se tramita en el Consejo de la Magistratura (CM) contra los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8, tuvo un nuevo capítulo dilatorio esta mañana. El diputado Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio), que ya había sido acusado de cajonear el expediente, logró imponer un dictamen que aconseja desestimar las denuncias por mal desempeño de sus funciones que hay en contra de estos jueces. La decisión definitiva debe ser votada por el Plenario del CM. Se los acusa de haber ordenado investigar a médicos y funcionarios de la defensa pública que garantizaron la aplicación de la interrupción legal del embarazo a una niña víctima de abuso y ejercer violencia de género e institucional a través de una sentencia.

“Estamos consternadas después de la sesión. Es muy llamativo que en nombre de la libertad de expresión se convaliden jueces misóginos que desconocen abiertamente la ley y usan su lugar de poder para deslegitimar una política pública de género. Si estos son los nuevos aires del Consejo de la Magistratura, una justicia feminista es imposible que asome en el horizonte argentino”, dijo Soledad Deza, de la asociación MujeresxMujeres, la primera en denunciar a los magistrados.

En la sesión de la Comisión de Acusación, presidida por Tonelli, se trató la causa contra los jueces que incluye varias denuncias en su contra llevadas adelante, además, por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Defensoría General de la Nación, el gremio de judiciales SITRAJU, y el fiscal César Troncoso.

Si bien Vanesa Siley, la consejera informante en la causa, tenía tiempo hasta el 8 de noviembre para presentar un dictamen luego del desarrollo de la investigación de la causa, Tonelli se adelantó y presentó uno propio en el que pidió que se desestimen las denuncias contra los jueces y, como toda medida, les exigió que hicieran un curso de Ley Micaela. Siley pidió postergar el tratamiento a la espera de su dictamen y el de la consejera María Fernanda Vázquez, sin embargo ese pedido fue rechazado. Finalmente, se votó el dictamen de Tonelli, que fue aprobado por las consejeras Graciela Camaño, María Jimena de la Torre y el propio Tonelli, que tuvo voto doble para desempatar ante los negativos de Siley, Vázquez y Martín Doñate.

Doñate dijo que esta votación habilitaba que los jueces sigan diciendo y haciendo “barbaridades”. “Lo que se acaba de desestimar es una denuncia a magistrados que han violado flagrantemente la ley, no conocen la normativa nacional”, dijo Siley.

“Después no nos rasguemos las vestiduras diciendo que hay que respetar los fallos de la Corte”, agregó. “Dicen barbaridades del fallo F.A.L, que es un ´manual de atrocidades´… los mandamos nada más a hacer un curso de la Ley Micaela. Pobre las mujeres que vuelvan a caer en manos de estos dos magistrados”.

Tonelli justificó su dictamen diciendo que las denuncias no se refieren a la decisión tomada por los jueces sino a las “expresiones hechas a mayor abundamiento”. Y en ese sentido defendió la libertad de expresión de los jueces.

El fallo por el que los jueces fueron denunciados es del 24 de septiembre de 2021 y resolvió acerca de dos causas por las que estaba imputado un hombre: el homicidio de otro hombre y las violaciones reiteradas de su hermanastra. El Tribunal decidió condenar al acusado a la pena de treinta y cinco años de prisión, por homicidio simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal de una niña de 13 años, mediante violencia y amenazas, y agravado por haber sido cometido por un hermano y con armas, y reiterado. Producto de los abusos la niña quedó embarazada y pidió interrumpir su embarazo, derecho que se le garantizó.

El fallo del Tribunal dio por probados los hechos; sin embargo, el juez Anzoátegui decidió en su voto hacer un “excursus acerca de la muerte de una niña” en el que dejó plasmada toda la ideología de los grupos más conservadores y antiderechos. Habló de la “ideología de género” en alusión a todo un plexo normativo que garantiza los derechos de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencias, entre ellas, por supuesto, el abuso sexual y la obligación de seguir un embarazo producto de una violación. Comparó a la interrupción legal del embarazo (ILE) con los métodos de tortura de la mafia o los rituales de las tribus antropófagas. Llamó “manual de salvajadas inhumanas” al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” del Ministerio de Salud de la Nación. Desconoció además al llamado fallo FAL en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación despejó cualquier duda acerca de la legalidad de los abortos en las causales consideradas desde 1921 en el Código Penal (la violación es una de ellas). Además llamó “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los médicos intervinientes en la ILE. Todo esto para terminar denunciando como delictiva toda acción tendiente a garantizar la ILE a la niña.

En las distintas instancias en las que los jueces pudieron hacer sus descargos durante este proceso que lleva dos años, Anzoátegui reiteró la misma postura planteada en la sentencia, especialmente en relación a desconocer el derecho a la ILE a una niña violada.

Durante la sesión, Siley planteó que “no es que adjetivaron de más, además denunciaron a los médicos y al defensor, no fue solo algo verbal, hubo un activismo judicial en la materia”.

Con este fallo los nombres de Anzoátegui y Rizzi inauguraron el Registro Púbico de magistrados y magistradas denunciados por situaciones vinculadas a la violencia de género, creado por el Consejo de la Magistratura el 8 de marzo de 2021, en el marco de la conmoción social causada por el femicidio de la adolescente Úrsula Bahillo. Además, este año Anzoátegui y Rizzi volvieron a ser denunciados en el CM por otro fallo, de mayo, en el que desconocieron la figura del femicidio.

Más allá de lo decidido hoy, el tema no está resuelto porque tiene que llegar al Plenario del CM y votarse allí. Siley va a insistir la presentación de un pedido de elevación a jury para ambos magistrados y, por otro lado, Vázquez va a pedir que vuelva el expediente a la Comisión de Disciplina y se aplique sanción.

Antes de fin de mes se renuevan los consejeros y consejeras. Tonelli, una pieza clave para la obstaculización y desestimación del jury, no renueva.