El secretario de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), el abogado Sebastian Aguirre Astigueta, informó que esa casa de estudios apelará el embargo de $8.370.896 que dispuso el juez federal Julio Bavio en el marco de una demanda civil que impulsa el exrector Víctor Claros, por vacaciones que aduce no haberse tomado. 

El juez Bavio dispuso un embargo a la cuenta de la institución en el Banco Patagonia, para cubrir la suma reclamada por exrector más las costas judiciales, que hizo recaer sobre la Universidad. 

En otro fallo, el magistrado suspendió el pago reclamado por el exrector pero luego resolvió un embargo contra la Universidad. "Libró la orden mediante oficio, que figura en el sistema", explicó Aguirre Astigueta a Salta/12.

El abogado dijo que la UNSa apelará el embargo porque "va a afectar el funcionamiento de la Universidad, en la prestación de servicios esenciales, desde mantenimiento, pago de profesores, o becas". Añadió que la Universidad ya viene con problemas presupuestarios, porque tuvo un presupuesto de 2021 hasta mayo, y ahora recibe las partidas del gobierno nacional mes a mes.

Aguirre Astigueta consideró que Bavio obró contra la ley Nº 26854, que establece el procedimiento para llevar adelante medidas de embargo y que exige un informe previo a una cautelar. "El juez dictó la medida antes de pedirnos el informe" y no justificó las razones del embargo, a,dujo. 

Además del dinero reclamado por Claros en concepto de vacaciones que dice no haber gozado, el juez ordenó el embargo de otra suma mayor a los $300.000, para cubrir gastos administrativos judiciales. 

Asimismo, Bavio dispuso la acumulación de dos procesos judiciales. Por un lado, la causa que se inició con la denuncia "por lesividad" del rector Daniel Hoyos contra dos resoluciones del Consejo Superior que votó a favor de pagar la suma solicitada por Claros. Y por otro lado, un juicio sumarísimo iniciado por Claros ante la negativa del actual rector de disponer el pago de sus licencias.

El 29 de diciembre de 2021 el Consejo Superior emitió la resolución 437, reconociendo la liquidación de haberes por 286 días de licencia que el exrector aduce no haberse tomado y que le adeudan. Luego, ratificó la votación el 7 de julio pasado mediante la resolución 300, en la que dispuso el pago. Claros se basa en estas resoluciones para reclamar el cobro. 

Aguirre Astigueta sostuvo que estas resoluciones del Consejo Superior "han sido dictadas sin el dictamen jurídico del servicio jurídico permanente, que es el que ordena la ley". "El Consejo dictó la resolución con la opinión de un secretario jurídico, el doctor Alfredo Puig. Es una opinión, no el dictamen que la ley requiere", insistió.

El dictamen de lxs abogados del servicio jurídico permanente, Guadalupe Soler, Ruth Barros y  Juan Pablo Martín, fue "negativo", resaltó Aguirre Astigueta.

"En la segunda votación del Consejo Superior surgió otro problema. Se necesitaban 13 votos, solo se consiguieron 12 porque no había la cantidad de consejeros suficientes. El servicio jurídico también dijo que se requerían 13 votos, es lo que dice el estatuto, es la mayoría simple del total de miembros que son 24", explicó el letrado.

Aguirre Astigueta cuestionó la acumulación de causas realizada por Bavio. Consideró que la causa iniciada por la Universidad "tiene que ir mas rápido". "El trámite nuestro se va a demorar como consecuencia del de ellos", señaló y agregó: "Nuestro juicio es por la legalidad de la Universidad. Si el juez dice que las resoluciones del Consejo Superior son nulas, Claros no tiene fundamento. Tendrá que hacer un juicio para probarlo".

"Reconocemos que Claros tenía licencias sin gozar, ya están liquidadas y pagadas,  por dos años", dijo además Aguirre Astigueta; señaló que la suma se aproxima a 1.500.000 pesos y dijo que le fue liquidada el 1 de octubre. Explicó que el Consejo Superior se remontó a licencias no gozadas de años anteriores, y aseguró que el reclamo por ese pago es ilegal.

"Vamos a controlar de forma muy estricta el proceso que se lleva a cabo en los tribunales federales, porque nos preocupa la forma en que se viene desarrollando. La Universidad tiene derecho a un juicio justo, observamos que se le están dando ventajas indebidas a Claros en esta primera etapa", afirmó Aguirre Astigueta.

El letrado sostuvo, por ejemplo, que lxs abogadxs de la Universidad no pueden ver el expediente de la denuncia de Claros que permanece reservado. Sin embargo, los abogados de Claros pudieron ver el de la UNSa, que era público.

"Que sean justos y claros, que haya juego limpio con la Universidad", solicitó el secretario de Asuntos Jurídicos. 

Salta/12 consultó al teléfono de Víctor Claros, pero no hubo respuesta. En este proceso, el exrector cuenta con el abogado Horacio Aguilar (ex juez de la Corte de Justicia de Salta). 

Hoyos está representado en el proceso judicial por las abogadas Ruth Barros y Guadalupe Soler.