Desde Santa Fe

La comisión bicameral de Acuerdos le pedirá a la sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados que suspenda por 150 días a la fiscal Cristina Ferraro, procesada por supuesto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad” en una causa que investiga la “desaparición” de un millón de dólares y más de tres millones de pesos en una empresa de turismo que operaba como “cueva financiera”. Pero dejará abierto el proceso disciplinario a la espera de  una resolución judicial: si la Cámara Federal de Rosario confirma las imputaciones y el procesamiento de la funcionaria, impulsará su cesantía en el cargo. El dictamen único se acordó ayer en un plenario que discutía entre dos mociones: la de legisladores cercanos al ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro que solicitaban una suspensión de dos meses y otros que insistían en aplicarle el máximo, que son seis meses. Tras un cuarto intermedio de cinco minutos, se decidió pedirle a ambas Cámaras que suspendan a Ferraro por cinco meses: 150 días, en una sesión conjunta que aún no está convocado, pero que podría realizarse el 17 de noviembre. El jefe del bloque de diputados peronistas Leandro Busatto, que intervino como acusador en el trámite, había solicitado la remoción de Ferrraro y “su inhabilitación para acceder al Ministerio Público de la Acusación por diez años”.

La situación de Ferraro se complicó el 7 de junio, cuando el juez Carlos Villafuerte Ruzo –a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe- la procesó por presunto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”. El primer cargo es porque “autorizó ilegítimamente la desaparición” un millón 100 mil dólares y tres millones de pesos de la agencia de turismo de Hugo Oldani -horas después del homicidio del empresario el 11 de febrero de 2020- y el segundo por “desviar la investigación” del destino del dinero, según la resolución del magistrado. La investigación está a cargo del fiscal federal Walter Rodríguez, en una causa que se inició por una denuncia del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain.

En el proceso disciplinario, el 19 de setiembre, Busatto acusó a Ferraro por tres hechos: 1) No haber ordenado el “inventario”, “secuestro” y “depósito” del dinero hallado en la agencia de Oldani. No disponer “la apertura de la caja fuerte”. Y permitir que tres personas -la hija de Oldani, su esposo y una amiga del matrimonio- retiren la plata “sin registro del acto”. 2) “Haber entorpecido las investigaciones de la fiscal Mariela Jiménez” sobre el destino de los dólares y los pesos. 3) “Haber cometido en calidad de autora los (supuestos) delitos de encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”, que son los que le reprochan en la justicia federal.