En forma conjunta, la Asociación de Fiscales de la provincia de Santa Fe y la Asociación de Fiscales y Funcionaries del Ministerio Público de la Acusación repudiaron las manifestaciones agraviantes que circulan en redes sociales contra las fiscales Alejandra del Río Ayala, Celeste Minniti y el fiscal Matías Broggi. El embate contra les integrantes de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) proviene de personas que defienden a agresores sexuales procesados o imputados. "La UFE GEFAS se ha caracterizado por llevar adelante la actividad fiscal en estricto cumplimiento del deber de debida diligencia reforzada. En tal cometido, los órganos fiscales que la integran han actuado de manera oficiosa, exhaustiva, objetiva e independiente, procurando el íntegro goce de derechos de las víctimas", dice el comunicado. 

En ese sentido, Sebastián Narvaja, que integra la comisión directiva de la Asociación, consideró que "este grupo de personas está tratando de generar incentivos para que los fiscales que trabajan estos temas específicos actúen de manera timorata o cuidándose para no recibir este tipo de críticas en las redes sociales". Lo que intentan es presionar a les integrantes del Ministerio Público Fiscal para que no investiguen, ni pidan la prisión preventiva de los agresores sexuales. 

Quienes llevan adelante estos ataques en redes sociales se autodenominan "familiares de víctimas de denuncias falsas" y tienen entre sus impulsores a la abogada Patricia Anzoategui, como así también a Eduardo Cáceres. Ellos crearon un "observatorio de falsas denuncias" y en el video que hacen circular hay fotos y carteles contra los tres fiscales, además de tomar un audio del senador provincial Lisandro Enrico. 

El comunicado pondera la labor de les fiscales atacados. "Han cumplido un rol relevante en la promoción de la acción pública de forma eficaz y han logrado modificar patrones culturales que se constituían en un gran obstáculo para el acceso a la justicia de mujeres, niños y niñas, en particular, y de víctimas de violencia sexual en general", dice el texto firmado por las dos asociaciones de fiscales de la provincia. "Es por tal indiscutible motivo que los jueces han acogido favorablemente sus peticiones, conforme la actividad probatoria desarrollada, bajo control de la contraparte", siguen.

Es que el ataque que intentan viralizar en las redes sugiere que les fiscales son responsables únicos de la acción punitiva del estado. "Debe ser enfáticamente señalado: las y los fiscales no encarcelan ni condenan, su obligación legal es dirigir la investigación penal y, en su caso, acusar. Aún más, las decisiones que adoptan las y los fiscales son sometidas a múltiples y exigentes controles, por el imputado y su defensa técnica, que contra argumenta en audiencia y produce prueba en paridad de condiciones, por el juez, que decide la controversia, por el fiscal regional, que diseña la política de persecución penal, por la víctima, que es notificada de la actividad fiscal y las soluciones arribadas, por la comunidad, que conoce su desenvolvimiento a través de los medios de comunicación e incluso por los órganos que tienen a su cargo la potestad disciplinaria", sigue el comunicado. 

Además, las asociaciones de fiscales señalan con claridad que "las formas utilizadas -recurriendo al escrache con fotografías de las y los funcionarios- son violentas y sólo buscan entorpecer" el accionar de fiscales "en la prosecución de causas sensibles y que han sido ignoradas históricamente por el sistema penal". 

También recuerdan que la perspectiva de género es "una obligación constitucional". Por eso, Narvaja subrayó que rechazan "un discurso que se plantea en términos muy generales, construidos sobre la base de prejuicios y estereotipos que no son ciertos, dando por válidas afirmaciones contrarias a la ley, a la Constitución y a los compromisos internacionales del Estado argentino y además, promoviendo una denuncia colectiva como un ejercicio de lapidación".