Tras el hallazgo de los cuerpos de dos bebés en un patio de Cañada de Gómez, la Defensa Pública asistió en la audiencia imputativa realizada ayer a la joven acusada de haberlos abortado y también de su vecino, acusado de prestar colaboración. La abogada defensora a cargo, Florencia Chaumet, rechazó la imputación pedida por la fiscal Gabriela Lescano por doble homicidio calificado, y también la decisión del juez Álvaro Campos de hacer lugar a la prisión preventiva, con observaciones sobre la calificación legal. "Estos hechos para la Defensa podían tratarse de una interrupción voluntaria del embarazo en un contexto de extrema vulnerabilidad económica y social", plantean desde la Defensa y también cuestionan que el magistrado no haya tenido en cuenta "los graves problemas de salud que la acusada y el acusado tienen respectivamente".
La Defensa pública señaló que la mujer acusada "padece una seria situación de consumos problemáticos y se encuentra en estado puerperal, mientras que su vecino sufre de una miocardiopatía hipertrófica". Pese a estas condiciones, los dos están detenidos en sede policial. En la audiencia, Chaumet abogó profundamente por los acusados, "haciendo notar las irregularidades en el marco de la investigación y la falta de pruebas suficientes que puedan determinar roles y responsabilidades. Asimismo, resaltó la vulneración al derecho de defensa y al debido proceso; y planteó la nulidad de lo actuado".
Es que la fiscalía se toma de una "confesión" en el hospital de la joven acusada "a quien se la custodiaba sin la asistencia jurídica correspondiente". Desde la Defensa Pública recordaron que "este tipo de confesiones se encuentran prohibidas por ley, afectándose garantías constitucionales por darse sin la presencia de un/a abogado/a defensor/a".
En el marco de esta vulneración de los derechos, desde el Servicio Público Provincial de Defensa Penal manifestaron su preocupación por "el irracional modelo punitivista implementado por distintas agencias (actores) estatales que tiende a criminalizar y revictimizar -en casos como el presente- a las mujeres más vulnerables económica y socialmente, quienes por falta de acceso a la salud pública realizan prácticas inseguras y clandestinas. Cabe destacar por su ausencia, la falta de contención y acciones sociales que impliquen una alternativa a las meramente punitivas".
