El presidente Alberto Fernández, ministros y legisladores del Frente de Todos cuestionaron con dureza el fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por jueces de ostensible alineamiento con el PRO, que ordenó excarcelar a integrantes de la agrupación Revolución Federal investigados por incitación a la violencia colectiva. “Están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó con la vida de la vicepresidenta de la Nación”, afirmó el jefe de Estado. “Son operadores al servicio de lo peor de la política”, expresó el ministro de Justicia, Martín Soria.
Los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dictaron el martes la excarcelación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, miembros de Revolución Federal que en sus intercambios hablaban abiertamente de matar a CFK, que recibieron millonarios aportes de la familia Caputo –de íntima amistad con Mauricio Macri– y en cuyas pequeñas pero incendiarias actividades públicas participó Brenda Uliarte, partícipe central del intento de magnicidio. En esa línea, los mismos Bruglia, Bertuzzi (trasladados a dedo por Macri a la Cámara Federal) y Llorens (arquero en los partidos en Olivos durante la gestión Cambiemos) le ordenaron el lunes a la jueza María Eugenia Capuchetti acelerar la elevación de los tres detenidos por el ataque en lugar de profundizar sobre sus vinculaciones.
“Pareciera que en lugar de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio”, expresó el presidente en Twitter en referencia a las “ramificaciones y el financiamiento oscuro” de los frustrados magnicidas. Bruglia y Bertuzzi “deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron”, y “sólo una maniobra ilegal (que es un secreto a voces) del expresidente Macri, que ordena a los Consejeros de la Magistratura que le responden bloquear el concurso para designar a quienes deberán ocupar legítimamente las vacantes que hoy usurpan los citados, hace posible esta arbitrariedad”, recordó, y enfocó su reclamo en la Corte Suprema, que “debe intervenir para hacer cumplir su propio fallo”. “Ojalá tenga la misma celeridad que tuvo para imponer a su presidente al frente del Consejo”, concluyó, en referencia a Horacio Rosatti.
El bloque de diputados del Frente de Todos expresó su “más absoluto repudio” a las excarcelaciones y afirmó que los tres jueces “responden directamente a Macri y Rosatti”. En un comunicado, recodaron que las liberaciones ocurren a una semana de que se revelara el “posible conocimiento del atentado por parte de sectores de la oposición y en plena conciencia de que este grupo ultraderechista contó con financiamiento de más de 13 millones de pesos por parte de un fideicomiso de la firma ‘Caputo Hermanos SA’, propiedad del ex ministro de Financias y presidente del Banco Central de Macri, Luis Caputo”. Las liberaciones implican que los jueces “le restan gravedad al asunto, acotan la investigación y aíslan elementos claramente vinculados”. Los legisladores conectaron el fallo con “la absoluta irregularidad” en la conformación de esa sala, recordaron que la Corte reconoció hace dos años la ilegalidad de las designaciones de Bruglia y Bertuzzi, y denunciaron que el Consejo que preside Rosatti “elude el tratamiento de los dictámenes” para reemplazarlos desde hace casi un año. “Exigimos al Poder Judicial que haga honor a su nombre y cumpla su papel de esclarecer el hecho más grave sucedido en casi 40 años de democracia en la Argentina”, concluyeron.
“Son operadores al servicio de lo peor de la política y están impidiendo que la sociedad argentina conozca la verdad sobre uno de los hechos más graves de la democracia”, sostuvo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, en declaraciones a la AM 990. Insistió en que los camaristas son parte de “un plan sistemático de impunidad para los autores tanto materiales como intelectuales” del intento de magnicidio contra CFK.
El senador neuquino y presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, repudió las excarcelaciones y remarcó que “hay que investigar el grado de conexión entre Brenda Uliarte, Revolución Federal, (el diputado de Juntos por el Cambio) Gerardo Milman y (la presidenta del PRO) Patricia Bullrich”. Resaltó que “hay elementos que se deben investigar” ya que está “convencido de que existe una relación” entre Bullrich, Milman y la agrupación que organizó “las marchas más violentas contra el gobierno”. “La jueza Capuchetti y la Cámara Federal, con estos dos jueces especiales como Bruglia y Bertuzzi y el arquero de Macri, Llorens, no quieren que se investigue. Quieren que quede como un grupito de locos”, fustigó Parrilli.
En tanto, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, calificó como “un error gravísimo desde el punto de vista jurídico y político” negar la influencia de los discursos de odio en la creación de grupos como Revolución Federal y sostuvo el fallo de la Cámara Federal porteña “es apresurado”. “La decisión de la Cámara parece a todas luces apresurada. Ni siquiera esperó que el juez (Marcelo Martínez De Giorgi) defina la situación procesal. Esto no significa que no pueda seguir investigando, sino que los dejan en libertad mientras se sigue llevando adelante la investigación”, explicó. Rossi añadió que “negar que los discursos de odio, las agresiones, las difamaciones y las violencias generaron o tienen alguna influencia directa en la creación de los grupos violentos extremistas de derecha como Revolución Federal es un error gravísimo desde el punto de vista jurídico y político”.
También el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, afirmó que el fallo judicial constituye “una señal netamente encubridora para que no se investigue el atentado y eso es inadmisible”. Mena relacionó este fallo de la Sala I con la resolución que el mismo tribunal emitió en la causa que instruye la jueza Capuchetti por el intento de asesinato, por la que Llorens Bertuzzi y Bruglia le ordenaron a la magistrada elevar la investigación sobre las tres personas detenidas y profundizar otras hipótesis, algo que para el funcionario es “verdaderamente preocupante y gravísimo y no registra ningún tipo de antecedente”. “Esos dos fallos evidentemente demuestran que Cristina no tiene derechos ni siquiera como víctima. Es lo mismo que pasó a lo largo de las persecuciones políticas a las que la sometieron en los últimos seis años. Es salvaje y criminal lo que le están haciendo y es porque existe en compromiso con sus mandantes políticos”, enfatizó.
