El juicio en la conocida como Megacausa Jujuy seguirá hoy, día para el que se ha previsto escuchar las réplicas y dúplicas, ya en la última parte de este proceso que lleva más de cuatro años de trámite. 

En la última audiencia, realizada el pasado 27 de octubre, finalizaron los alegatos de las defensas, con la última parte de la extensa exposición del abogado Ricardo Vitellini, defensor del represor Mariano Rafael Braga, acusado en este proceso por delitos cometidos en perjuicio de 51 de las 120 víctimas que son parte del juicio. 

Personas que sufrieron la represión ilegal en Jujuy vienen señalando a Braga como uno de los participantes de los interrogatorios y torturas en los centros clandestinos de detención que funcionario en Guerrero, el Comando Radioeléctrico y el penal de Villa Gorriti. El represor ya cuenta con dos condenas a prisión perpetua, dictadas en el primero y cuarto juicio realizados en la provincia. 

En este proceso, que ahora está llegando a su final, Braga viene negando su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del plan sistemático de eliminación de personas. Afirma que en la década del 70, con el grado de teniente, no tenía poder de decisión y solo cumplía órdenes, y señala a sus superiores como responsables de estos delitos. Esa fue su posición cuando declaró en diciembre del año pasado. Y es el eje que retomó su defensor en el extensísimo alegato que pronunció. Comenzó a hablar en la audiencia del 13 de octubre, siguió en la del 20 y concluyó en la del 27, que duró más de siete horas. 

En líneas generales, el defensor particular siguió la postura de la defensa pública que alegó por los otros  22 acusados en este juicio. Adhirió a los diversos planteos de nulidad realizados por la defensa oficial y también se valió de un discurso negacionista, habló de una "guerra", aseguró que la represión fue "necesaria", afirmó que "si hubo excesos, los responsables fueron unos pocos". “Hubo víctimas del otro lado y nadie lo mencionó”, recriminó, y llegó a una expresión máxima de desprecio con la frase “se hizo desaparecer a mucha gente, pero bueno”, cuando se refería a militantes desaparecidos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). 

Entre las nulidades, pidió que se declaren nulos el alegato fiscal y el de las querellas argumentando que cambiaron la calificación penal. "Su excelencia no estaría en condiciones de dictar una sentencia válida si acoge como válido el planteo de la acusación tanto pública como privada”, aseguró. Como es habitual en estos procesos, dijo que se "se vulneró la garantía de defensa en juicio", que "no se respetó el principio de congruencia y el derecho a la defensa”. También le dedicó un largo rato a responder la mención del término genocidio que había usado la fiscalía, aunque el fiscal Federico Zurueta no pidió penas por esta figura. 

El abogado destacó que Braga, quien era oficial de inteligencia del Ejército, era un teniente recién recibido, que no tenía poder de mando y tampoco conocía la provincia, además de que tenía una dificultad para caminar, y solo se ocupó de llevar el registro de detenidos. "La fiscalía tuvo que acudir a la figura de autoría mediata porque no tenía nada contra Braga, es una construcción ficticia”, aseguró. 

Como la defensa pública, también cuestionó por excesiva la pena solicitada por la fiscalía. Y aseguró, coincidentemente, que por la edad de Braga la pena de 25 años es comparable a una pena de muerte.

"Los responsables fueron unos pocos"

En la primera parte de su alegato Vitellini hizo un repaso del contexto histórico con la perspectiva de sectores negacionistas, como el Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta, que reivindica los golpes de Estado y cuestiona la investigación de los crímenes cometidos en la dictadura. 

“El responsable de la vida y muerte en Jujuy era Carlos Néstor Bulacios (ex jefe del Destacamento de Inteligencia 142)”, aseguró entonces Vitellini. Tras repasar la actividad sindical de la época en Jujuy, recordó medidas de represión decididas por gobiernos constitucionales, para concluir que Braga sólo cumplió con su deber. De eso venía hablando cuando soltó la frase: “si bien hubo excesos, los responsables fueron unos pocos”, negando lo que es cosa juzgada: que existió un plan sistemático de eliminación de personas decidido por la conducción del gobierno de facto. “Hay mucha gente como Braga que está imputado y condenado por el simple hecho de haber ido a trabajar”, insistió. 

“Braga no torturó a nadie sólo se encargaba de llevar registros, solo atendía a las personas que buscaban a sus familiares”, y trabajaba en una oficina “haciendo fichas”, “se limitó a cumplir con su deber sin cometer ningún tipo de delito”, sostuvo.

En el repaso del contexto histórico, citó al sucesión de golpes de Estado que sufrió el país y concluyó: "Nadie se iba después de un golpe de Estado, era parte de las costumbres argentinas".

El defensor trató de hacer aparecer las detenciones ilegales en condiciones infrahumanas, que han sido largamente probadas en estos procesos, casi como simples demoras en comisarías de pueblo: estaban en celdas individuales “que no tendrían toda la comodidad del mundo pero que cumplieron con su objetivo", “no puede significar la acusación de tortura para nadie, el hecho de haber estado sometido a un régimen riguroso de detención”, sostuvo. 

Y se ganó un llamado de atención del presidente del Tribunal, Federico Díaz, por sus referencias a la fiscalía. Había empezado diciendo que los integrantes de la fiscalía y las querellas son en su mayoría gente muy joven “que vienen influenciados por un relato que no hizo más que falsificar la historia”. “Las fuerzas armadas usurparon el poder apoyados por una inmensa mayoría de dirigencia" y "por millones de de personas que integraban el pueblo argentino”, aseguró. Desmereció la memoria de las víctimas, al afirmar que el relato de la fiscalía se basa en ella mientras que el de las defensas "es un relato histórico, no un relato de una memoria construida a medida”. Envalentonado, terminó afirmando que la fiscalía recibe instrucciones del Ministerio de Justicia de la Nación, cuando el Ministerio Público Fiscal es un órgano autónomo. 

El cuento del viejito enfermo

El jefe de la defensa pública, Matías Gutiérrez Perea fue en realidad el abogado que primero alegó desde una postura negacionista. Alegaba a favor del ex integrante del Servicio Penitenciario de Jujuy Mario Marcelo Gutiérrez cuando comenzó a cuestionar los montos de las penas pedidas por la fiscalía y las querellas. 

Una pena de 25 de prisión, implica, "por la edad y el estado de salud de nuestros imputados, una sentencia de muerte”, afirmó. Y llegó incluso a cuestionar que se realicen los juicios por los crímenes de la dictadura: “Qué sentido tiene la pena hoy, en este caso, después de 45 años. No han cometido nuevos delitos. Han demostrado en todo caso que están socializados”. “No existe para este caso, según las pautas constitucionales, necesidad de pena”, aseguró. 

Planteó que si se dictan condenas, deben ser mínimas, y de pisión domiciliaria. Para fundar este planteo habló de “Factores de vulnerabilidad” de los acusados: todos son mayores de 70 años, salvo Hugo Armando Ruiz, que tiene 69, y sus saludes están resentidas. Ceferino Narváez tiene 81 años, destacó; Juan Carlos Jones Tamayo, 71 años. Carlos Raúl Pérez, 70; Rodolfo López, 85; Armando Raúl Carlos, 71 años; Pedro Ríos, 80; Carlos Humberto Cachambe, 79; Virgilio Choffi, 79; Juan de la Cruz Kairuz, 77; Bernardo Salinas, 78; Juan Carlos Lucero, 80; Héctor Osvaldo Caraballo, 74 años, Mario Marcelo Gutiérrez, 79. Solo se le olvidó al defensor recordar que si están siendo juzgados 45 años después de los hechos es porque, precisamente, los represores se encargaron de obstaculizar la investigación de estos crímenes.

A su turno al alegar a favor de Salinas, acusado por delitos contra la integridad sexual, entre otras torturas, la defensora oficial Soledad Carreras Jurado, cuestionó la pena de 25 años solicitada por la fiscalía. También esta abogada afirmó que esas penas elevadas “son verdaderas penas de muerte”. 

Carreras Jurado alegó además por los ex penitenciarios Juan Carlos Lucero, Ceferino Narváez y Osvaldo Héctor Caraballo, acusados por la desaparición de Juan Ángel Robles. También en este caso planteó nulidades. 

Robles fue visto por última vez en la sección de Seguridad Externa del penal de Gorriti. El juez interviniente había ordenado su libertad, su hijo y su abogado lo esperaron en la puerta del penal de Villa Gorriti pero nunca apareció. En su alegato la defensora oficial llegó a recriminar a su familia que no haya más datos de la víctima: “por qué no hicieron la denuncia para tener constancia”, lanzó.