Sin agua segura, conectividad, viviendas, servicios de salud, acceso a la identidad, al alimento, y el avance del desmonte sobre sus territorios ancestrales. Esta multiplicidad de causas es relatada en un extenso segundo informe de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de la Nación presentado entre agosto y septiembre últimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del seguimiento realizado por las muertes, por causas evitables, entre las infancias originarias. 

A raíz de estas muertes, en 2020 se declaró en la provincia la emergencia socio sanitaria en los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán, habitados por los pueblos originarios en mayor situación de vulnerabilidad.

En las conclusiones del informe, de 67 páginas, se afirma que “la discontinuidad en las acciones del Gobierno de Salta es una conclusión ineludible para la Defensoría tras dos años de seguimiento de la situación”.

“Entre 2020 y 2022, tal como de desarrollará en este informe, niñas y niños de estos tres departamentos continuaron falleciendo por causas evitables”, dice el informe de la Defensoría que fue principal argumento de la diputada provincial Cristina Fiore en la penúltima sesión de Diputados en la que votó de manera negativa por la sexta prórroga de esta emergencia.

La legisladora (perteneciente al bloque Ahora Patria, que responde al ex diputado nacional y conocido miembro de una familia sojera Alfredo Olmedo) hizo un relato detallado de la falta de avances en la prevención de muertes en estas infancias. Sin embargo, poco se notó en su alocución la referencia a una de las principales causas que también atraviesa a las comunidades según este informe. “La gravedad de la situación da cuenta de una problemática estructural y multidimensional que se asienta sobre la inseguridad jurídica sobre los territorios que ocupan de manera ancestral, pacífica y pública los pueblos indígenas, comprendiendo el desplazamiento de sus tierras, producto del avance de la frontera agrícola lo cual conlleva un impacto en sus formas de vida y medios de subsistencia tradicional y que se refleja fundamentalmente en la deforestación, la contaminación y la pérdida de biodiversidad”.

Este segundo informe basó sus conclusiones en las respuestas oficiales de distintos ministerios provinciales cursadas entre 2020 y 2021. Respuestas que “han sido parciales e insuficientes”, se detalla en el escrito. Se agrega que “lejos de referir a decisiones estratégicas y planes sostenibles, en general se limitaron a una enumeración de acciones desplegadas, sin referencias de puntos de partida (diagnóstico/ línea de base) y/o de metas y alcances previstos, dejando ver un repertorio de iniciativas fragmentarias y superpuestas de acciones, una multiplicidad de espacios solapados e inconexos de intervención, sin coordinación estratégica y diagnóstico integral que (las) oriente”. Además de tomar información de comunicaciones de prensa oficiales, noticias de medios de comunicación locales y regionales, se hicieron entrevistas en profundidad con referentes originarios y también aalgunos integrantes de la llamada Mesa del Acceso al Agua, conformada por distintos organismos oficiales y asociaciones civiles.

Fue ante esa desconexión que desde noviembre de 2021 la Defensoría presentó un amparo que actualmente está en manos de la Corte de Justicia de la provincia, cuya última acción se basó en una audiencia a la cual convocó a las partes.

La petición de fondo del amparo es la conformación de una “mesa de articulación interinstitucional tendiente a elaborar un plan de trabajo integral e intercultural, coordinado y operativo”, que pueda mostrar y demostrar resultados que puedan medirse, y no solo decirse.

La frontera agrícola extractiva

Este segundo informe de situación es una ampliación del primero, ya presentado ante la CIDH. “Estas comunidades, en su mayoría tradicionalmente cazadoras recolectoras, han sido sistemáticamente desplazadas por procesos de apropiación de sus territorios para inversiones de agricultura extensiva e industria extractiva (principalmente de hidrocarburos), con consecuencias en la deforestación, contaminación del agua, pérdida de biodiversidad y un severo impacto social y cultural hacia los pueblos indígenas que han visto trastocado su modo de vida y medios de vida”, indica el informe.

Añade que según los datos estadísticos oficiales, “la tasa de pobreza en la provincia de Salta supera la media nacional con un 58,1 por ciento”. En este punto se indica que “según datos de la Universidad de Salta, más de la mitad (52,3 por ciento) de las personas de 0 a 14 años son pobres”.

Ya en el censo 2010 esa pobreza derivaba distinta dependiendo si se trataba de poblaciones indígenas o no indígenas. Pues el indicador de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), del 9 por ciento en hogares no indígenas, aumentaba al 17 por ciento en los hogares indígenas y al 35 por ciento en zonas rurales.

Según un estudio de UNICEF al referir a la situación de nutrición “estudios en Provincia de Salta en base a registros del Programa de Atención Primaria de la Salud (APS), señalan que ‘los problemas de malnutrición por déficit (bajo peso y baja talla) se distribuyen en forma asimétrica afectando principalmente a los niños de pueblos originarios”, con una prevalencia de 18 por ciento frente al 5 por ciento que presenta la población infantil no indígena”, sostiene un informe oficial “del CFI y el Gobierno de la Provincia de Salta de 2015”.

“Tal como refiere el informe citado de UNICEF, según datos publicados en 2015, en el NOA, la tasa de mortalidad en la niñez fue del doble para las niñas y niños indígenas que para quienes no son indígenas”.

En el departamento Rivadavia la tasa de mortalidad infantil asciende al 18,9 por mil nacidos vivos, mientras que la provincia tiene una tasa del 10,6 según datos de 2018.

El Ministerio de Salud provincial había informado que durante el primer trimestre de 2020 se reportaron un total de 113 casos de mortalidad infantil en la provincia. El 59 por ciento de estas muertes corresponden los tres departamentos de la emergencia socio sanitaria. El informe indica que 30 casos fueron de San Martín; 20, de Orán y 17, de Rivadavia. Para el tercer trimestre de 2020, el Ministerio de Salud informó que 41 niñas y niños fallecieron en los tres departamentos de la zona de referencia; alcanzando la cifra de 108 niñas y niños fallecidos en 2020 en esta región.

En el primer cuatrimestre de 2021, 64 niñas y niños que murieron entre enero y junio del 2021 eran de esos departamentos. En 2022 las fuentes oficiales del Ministerio de Salud provincial informaron que en el primer trimestre fallecieron en la provincia 79 niños y niñas de hasta 5 años. El 56 por ciento de estos fallecimientos, 44 chicos y chicas, se registraron en el norte provincial, de los cuales 12 niños y niñas eran de Santa Victoria Este.

El informe insiste en que “la presión sobre el territorio, producto del desmonte y avance de la frontera agrícola, combinada con la inseguridad jurídica sobre la propiedad comunitaria de los territorios que habitan, han ido alterando y reduciendo progresivamente las alternativas de acceso a una alimentación saludable”. Pues en los “departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia en los que se concentra la tasa más alta de deforestación cuentan con una población de aproximadamente 117.000 niñas y niños de 0 a 14 años, la mayor cantidad de todo el país”. 

Acceso desigual al agua

Del informe surge que el director ejecutivo de una de las organizaciones sociales que integran la Mesa de Acceso al Agua (conformada a nivel oficial por agentes del gobierno provincial y distintas asociaciones civiles, además de otros organismos oficiales a nivel nacional y regional) sostuvo que el líquido elemento de la zona no es seguro, incluso en las zonas urbanas. Según estudios realizados por dicha organización, el 92 por ciento del agua no es potable. En particular, la cuenca del río Pilcomayo lleva aguas contaminadas de arsénico y contamina el subsuelo. En ese sentido, la perforación de pozos para acceder a agua potable debe ser muy profunda.

El reparto surge desigual. Pues el informe destaca que “las comunidades están rodeadas de grandes extensiones de cultivos, se trata de campos tecnológicamente adaptados y con acceso a servicios en general y acceso al agua para riego en particular”. Y en la misma zona, “a pocos kilómetros, incluso metros de estos campos, las comunidades no tienen agua para tomar, para higienizarse ni para cocinar”.