La Legislatura porteña aprobó este jueves modificaciones al sistema de acarreo de vehículos, luego de que el oficialismo se viera forzado a retomar el control del servicio tras 21 años de concesiones irregulares. Los cambios apuntan a limitar el accionar de las grúas, aunque la oposición advirtió que son "juegos para la tribuna" de sectores de Juntos por el Cambio que buscan "diferenciarse del negocio del acarreo". El oficialismo también aprobó una norma que le permite al Ejecutivo tomar decisiones sobre diversas categorías del espacio público, como las "calles de convivencia", y el Frente de Todos (FdT) denunció que esa ley "da potestad al Ejecutivo para hacer lo que le parece de manera definitiva". La oposición también llevó al recinto el reclamo de los y las residentes y concurrentes, que continúan con el paro y este jueves volvieron a marchar (ver aparte). 

Las modificaciones del Código de Tránsito y Transporte que atañen al sistema de acarreo quedaron aprobadas en el cierre de la sesión del jueves con 52 votos afirmativos y 2 abstenciones. El FdT votó a favor de las modificaciones, aunque planteó algunas objeciones al recordar que los cambios llegan a dos meses de que el gobierno porteño decidiera hacerse cargo del servicio tras la presión opositora que denunció las irregularidades de los 21 años de contratos prorrogados de las empresas Dakota y BRD. Hasta agosto las concesionarias pagaban un irrisorio canon mensual de solo 55 mil pesos. 

"La ley busca simplificar las causales para el servicio de acarreo y que quede estrictamente limitado a una medida imprescindible para la seguridad vial. Se elimina el acarreo por la permanencia de los vehículos en las zonas tarifadas por fuera del tiempo abonado y el acarreo de motovehiculos y vehículos pesados, entre otros", precisó el legislador de Vamos Juntos, Matías López, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte y miembro informante del proyecto. También se elimina el acarreo para entradas de salas de espectáculos o salas velatorias, para vehículos que están en el mismo sitio por más de 48 horas y para aquellos que estén en doble fila, siempre que sea de forma transitoria. Las multas se seguirán aplicando pero las grúas ya no podrán llevarse los vehículos.

"La modificación es un jueguito para la tribuna de sectores del oficialismo que se quieren diferenciar y quedar como que no son socios en este tipo de contratos escandalosos. Los cambios son redundantes con la normativa ya existente", dijo a Página 12 el legislador del FdT, Matías Barroetaveña, sobre el proyecto que fue presentado por el diputado de Republicanos Unidos (RU), Roberto García Moritán. "Este proyecto viene a lavar culpas de quienes en su momento no acompañaron la sesión que convocamos para terminar con 21 años de negocio", consideró durante el debate Juan Manuel Valdés, del FdT. 

Es que, en su momento, el bloque de RU no apoyó la convocatoria a sesión especial del llamado "frente antigrúas" que terminó por forzar al GCBA a rescindir los contratos, tras el sorpresivo apoyo de la Coalición Cívica. "En el próximo contrato, además, las empresas van a cobrar un canon fijo y no por auto levantado, por lo que les va a convenir levantar menos autos y esto termina siendo funcional a esa estrategia de tener menos costos", sostuvo por su parte Barroetaveña.    

También como un cambio del Código de Tránsito y Transporte, el oficialismo aprobó este jueves una norma que amplía las atribuciones del Ejecutivo en lo que atañe a la definición de las "calles de convivencia", calificación con la que el GCBA avanza en proyectos como el del "parque lineal" de Honorio Pueyrredón o las "calles verdes" que impulsa en diversos puntos de la Ciudad. "La constitución dice que eso es potestad indelegable de la Legislatura. Este proyecto busca que las 'calles de convivencia' ya no se voten por ley y darle esa potestad al Ejecutivo de manera definitiva", advirtió en este sentido el legislador Juan Modarelli, del FdT, bloque que votó en contra de esas modificaciones.  

"Hace tiempo que dicen que la Legislatura es la escribanía de Larreta pero con esto pasamos a ser su mesa de entradas, le damos la potestad de que haga lo que le parece", agregó Modarelli. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria consideraron, en tanto, que "estas modificaciones resultan en los hechos una delegación de facultades de la Legislatura al Ejecutivo quien tomará decisiones que luego informará a los legisladores. El proyecto busca legalizar una metodología autoritaria".  

Durante la sesión los y las legisladoras de la oposición mostraron carteles en apoyo a los reclamos de la Asamblea de Residentes y Concurrentes. "Sin residentes no hay salud pública", decían los carteles del FdT, mientras que los del Frente de Izquierda, que presentó un pedido de interpelación al ministro Fernán Quirós, expresaban su apoyo a "la lucha del Hospital Garrahan y de los residentes y concurrentes".