La organización de ultraderecha Revolución Federal es una “asociación ilícita destinada a combatir ideologías” y con sus acciones en las redes sociales y en las calles se convirtió “en uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner", el 1 de septiembre. La definición aparece en el procesamiento sin prisión preventiva que dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi contra Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile. El delito que les atribuye castiga con prisión de tres a ocho años a quien organiza o forma parte de agrupaciones que buscan “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. El fallo, que les traba embargos por 9 millones de pesos, da por probado que “realizaron actos y emitieron expresiones tendientes a alentar o incitar a la persecución, a la violencia colectiva y a la propagación del odio” en especial contra autoridades “de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional y/o de sus adeptos”.
El texto del juez, al que accedió Página/12, relaciona en varios tramos las acciones violentas y charlas en vivo de Revolución Federal desde mayo, como una sucesión de hechos que desembocan en el atentado. “Que tengan miedo de ser kirchneristas”, se escucha en un vivo de Twitter Space el 23 de agosto. “No los vamos a dejar en paz y van a tener miedo de caminar en la calle”. Para Martínez de Giorgi “parecía ser un anuncio de lo que efectivamente iba a ocurrir días después”. Otros ejemplos que cita: “Obelisco 15 horas llevamos nuestras antorchas a la calle nuevamente y marchamos hacia Casa Rosada para exigir la renuncia de Alberto y CFK”, presionaban. “Hay solución a esto y es yendo a buscarlos. No tienen que poder caminar en la calle en paz. #VanACorrer”, fue otra de las consignas. “Todos presos, muertos o exiliados”, decía la guillotina que exhibieron el 9 de julio. Cada vez que escribían “todos” ponían “TOD☀S” para aludir al partido gobernante.
Como ya dijo cuando pidió juntar (sin éxito aún) esta investigación con la del intento de homicidio de CFK, el juez advirtió: “No se puede afirmar que el plan delictivo haya finalizado, ni descartar que se vuelva a intentar respecto de la Vicepresidenta de la Nación o de otros funcionarios pertenecientes al mismo espacio político”. El objetivo del grupo, señaló, es “infundir temor a futuro y alarma en las víctimas y en su entorno, de que su integridad, su libertad y su vida se encuentren en peligro".
La figura que utilizó, el artículo 213 bis del Código Penal, aclara, no es la misma “asociación ilícita” que en Comodoro Py aplican asiduamente en casos de supuesta corrupción, que prevé de 3 a 10 años de cárcel. A Morel y a Sosa los señala como quienes organizaron la agrupación, pero a la hora de la imputación es igual para Guerra y Basile como participantes. “Utilizaron sostenidamente en el tiempo manifestaciones intimidantes en distintas redes sociales -Facebook, Twitter e Instagram- y medios masivos de comunicación, repartiendo folletería y mediante protestas autoconvocadas, planificando, coordinando y difundiendo mensajes de odio, actos intimidatorios y manifestaciones violentas”, describe. Apostaban a llegar a “un sinnúmero de personas”.
El juez no les dictó prisión preventiva, ya que la Sala I de la Cámara Federal (Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) excarceló al grupo argumentando que no había riesgos procesales ni relación probada con el ataque a CFK, pero defendió su postura y reiteró indicios de posibles fugas y otros peligros. Ahora vendrán apelaciones pero también falta un importante tramo de la investigación sobre eventuales lazos políticos de la organización y su financiamiento. El capítulo sobre la carpintería, el dinero de Caputo Hermanos y otras líneas, recién empieza.
Pistas claves
Martínez de Giorgi reconstruye el funcionamiento de Revolución Federal, sigue la cronología de hechos violentos que había señalado el fiscal Gerardo Pollicita al pedir las detenciones, su relación con el atentado a CFK. Le adjudica “un plan criminal”.
* Uno de los primeros posteos de una cuenta de Revolución Federal decía: “Aún no conseguimos el héroe que se anime”. Era la respuesta a un mensaje que pedía “unos cuantos corchos a los parásitos para que todo sea menos malo”. El perfil de Twitter decía “bala a los peronistas y kirchneristas”. Algunos días después del atentado el grupo se desactiva, según dijo el propio Morel en su indagatoria porque “el clima estaba muy complicado y podía ser provocador salir a la calle”.
“A partir de ese punto culminante, suspicazmente la agrupación dejó de publicar su actividad”, dice el fallo. Pero, acota, eso evidencia que Morel sabía perfectamente “el impacto buscado y generado en la sociedad” y “reconoce haber contribuido a generar ese clima de envenenamiento social, persecución y odio contra representantes del Frente de Todos”. Hay una escucha del 13 de octubre donde habla con Basile deseoso de volver a la carga: “Listo, lo hecho, hecho está. Todos te dicen “bueno afloja”. No hermana, ya aflojé un mes, hace un mes que no hago nada, dos meses... El primero de septiembre fue cuando le pegaron. Cuando casi le pegan el tiro a Cristina, desde ese día no hicimos más nada”. Como reveló este diario, comienza a idear una nueva protesta en la Casa Rosada con bolsas mortuorias de sí mismos.
* La resolución da importancia a las manifestaciones violentas de Revolución Federal como en la asunción de Sergio Massa, en el anuncio de la de Silvina Batakis, dos marchas con antorchas, una con una guillotina ensangrentada en el Obelisco, otra con horcas, otra con bolsas mortuorias, otra en la puerta del Instituto Patria. Y puntualiza que 23 de agosto fue detenido Sosa cuando fueron a atacar a los manifestantes que iban a dar apoyo a CFK. Sosa fue detenido con un compañero que llevaba una molotov. Agrega el arresto de Guerra, por la agresión al auto de Massa el día de su asunción.
* Otro eje es qué se hablaba en los “vivos” de Twitter Space. Ahí Morel dijo: “Hoy por ejemplo veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia. Lástima que a mí ya me conocen la cara, porque si no sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje… Si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora, yo voy y te canto ahí la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia. Después me linchan. Pero paso a la historia”. También le preguntó a otro participante, Franco Castelli, un soldado luego desafectado, por qué no mataba a Máximo Kirchner si vivía cerca. Planteó un similar anhelo sobre Alberto Fernández. En la misma charla se comentó: "Con la policía hablamos siempre; la policía está de acuerdo con nosotros".
En una de las pocas charlas posteriores al atentado un usuario lo justificó ante más de 600 personas: “El pibe este que supuestamente atentó contra la vicepresidenta, para mí es una esperanza de que el argentino está haciendo algo. Yo espero que esto dé el ejemplo y más gente haga cosas.” “Me sorprende que no haya pasado antes, que alguien no le haya querido pegar un tiro a Cristina. Es sorprendente que hayamos llegado al 2022 y esté viva todavía”. Y otros comentarios como: “Hay que hacer un apartheid social, los kirchneristas tienen que ser marginados.” “Todos desearíamos que hubiera salido esa bala”.
* El fallo se refiere a las reuniones en la casa de Ximena de Tezanos Pinto, en el piso de arriba del departamento de CFK, tres días antes del ataque, donde Sosa y Guerra se sacan fotos en el balcón. “Un acontecimiento a todas luces alarmante”, dice el magistrado.
* Cuando analiza qué dijeron los imputados, dice que las explicaciones de Morel en la indagatoria “no se condicen con sus conductas”. Por ejemplo, para desligarse declaró: “Yo no soy una persona violenta, por lo tanto, en las actividades jamás se me va a ver pegando a alguien”, “maltratando a alguien”. Para el juez basta verlo tirando antorchas frente a la Rosada o pidiendo muerte a funcionarios. A su vez pone en ridículo a Basile que declaró que todo era “espontáneo”. “La aparición de una guillotina en una de las manifestaciones, también fue espontánea”, había dicho, cuando el propio Morel relató a los medios su dedicación al armado de la guillotina. La mujer dijo que la organización era un “grupo de chat donde sí se hablaba sobre activismo, pero nada que tenga que ver con incitación a la violencia o actos violentos. Era activismo callejero expresando un pensamiento de libertad y de descontento social”. “No parece ser una expresión de libertad, justicia y verdad, incitar al odio a la población o a la realización de actos violentos y persecutorios contra autoridades de gobierno”, dice Martínez de Giorgi. Sobre Sosa, quien afirma que el violento era Morel y que él discrepó con sus amenazas hacia CFK y otros, el fallo marca que no se hallaron discrepancias públicas suyas.
Libertad de expresión y límites
“No puede admitirse el ejercicio irrestricto del derecho a la libertad de expresión, cuando su ejercicio es abusivo y lesiona derechos de terceros -seguridad, libertad e integridad física- o vulnera bienes jurídicos como la paz social o la tranquilidad pública (…) generar daños en el vehículo en que se transporta un ministro, amenazar de muerte a una funcionaria de la actual gestión de gobierno, obstaculizar la realización de actos gubernamentales, incitar públicamente al odio, la intolerancia y a la violencia colectiva contra una mandataria en un contexto determinado, a punto tal de lograr que efectivamente un sujeto realice lo que, en palabras de los integrantes de Revolución Federal, era “pasar a la historia” -léase, atentar contra la vida de la Vicepresidenta-, claro está, no puede considerarse el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, concluye el juez.
"Aquellas manifestaciones públicas, difundidas masivamente a través de redes sociales, como ‘meter bala a los kirchneristas’ -alerta- en un contexto en donde la Vicepresidenta salía diariamente a reunirse en la calle con sus simpatizantes” son “estímulos de acciones inmediatas, casi automáticas” El escenario de violencia social que sembró Revolución Federal “configuró un peligro claro y actual contra la seguridad, libertad e integridad física de dichas autoridades, como así también una amenaza contra la paz social y la tranquilidad pública, que se vio reflejado y cristalizado en el intento de magnicidio antes referido”.