El juez de Revisión de Salta, Santiago French, dispuso que los empleados de la Unidad de Gestión Local XII del PAMI, Claudio Marcelo Palacios y Ricardo Gabriel Coronel, y el empresario Sebastián Gonzalo Villagrán Di Pietro, sean sometidos a un juicio por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público.

Los dos primeros fueron acusados en calidad de coautores, mientras que el tercero, propietario de una empresa de servicios de logística digital, deberá responder como partícipe necesario.

La remisión a juicio fue solicitada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, quien inició esta investigación el 25 de octubre del año pasado, a partir de una denuncia anónima que daba cuenta de posibles irregularidades en contrataciones y licitaciones que se llevaban adelante en la Unidad de Gestión Local XII, dependiente del PAMI.

En particular, el fiscal detalló dos expedientes de contratación de servicios que presentarían falencias respecto al cumplimiento de requisitos y otros trámites. Fueron sindicados como responsables Palacios y Coronel, mientras que Villagrán Di Pietro aparecía favorecido en las maniobras.

El fiscal afirmó que los dos empleados no sólo obraron de “manera interesada” en favor del empresario, sino también que “realizaron varios trámites para que gane las contrataciones”. Explicó que los servicios consistían en la asistencia en materia de audio, video y pantallas leed destinados a encuentros realizados en distintos centros de jubilados por los 50 años del PAMI.

Toranzos afirmó que los tres hombres imputados causaron un perjuicio económico al Estado Nacional de poco más de 3 millones de pesos. Agregó que por cada contratación el PAMI hacía pagos de sumas de 400 a 500 mil pesos. Y recordó que en un diálogo captado en la investigación Palacios y Coronel se mostraron contentos por las maniobras e incluso hablaron de salir a festejar por los “cheques que tenían para cobrar”.

Entre otros aspectos del caso, el fiscal indicó que en los expedientes examinados se encontraron irregularidades evidentes, como el incumplimiento de requisitos de orden administrativo y la reiteración de presupuestos de dos empresas en calidad de oferentes, que luego se estableció que eran ficticias.

La fiscalía resaltó otro diálogo de Coronel con un amigo, a quien le contó que había estado “renegando” con Palacios porque pasó mal un presupuesto, para luego reconocer que “después de esas cosas hay cometa... van a quedar como diez lucas de cometa para cada uno”.

A su turno, las defensas realizaron distintos planteos en oposición al pedido de elevación a juicio, entre los cuales se solicitó la nulidad del allanamiento realizado en las oficinas del PAMI, de la requisa personal a Palacios y la de su auto, y, finalmente, se reclamó el sobreseimiento de los tres imputados.

Entre las razones para plantear las nulidades, las defensas aseguraron que el allanamiento y las requisas se habían realizado sin orden judicial. El fiscal respondió que habían sido autorizadas por el juez federal de Garantías Julio Bavio, mediante un audio. Y destacó el criterio de desformalización contemplado en el nuevo Código Procesal Penal Federal vigente en Salta y Jujuy desde el 10 de junio de 2019. 

Las defensas basaron su pedido de sobreseimiento afirmando que en los diálogos los acusados se referían a comisiones que se pagaban dentro del PAMI, pero el fiscal disintió, resaltó que las intervenciones telefónicas señalaban claramente que Coronel no habla de comisiones, sino de “cometas”, cuya connotación delictiva “habla por sí sola”.

El juez French rechazó las nulidades y el pedido de sobreseimiento. Aseguró que “la fiscalía tiene un caso para llevar a juicio y creo que cuenta con suficiente mérito probatorio”.