Durante la última sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta se aprobó la adhesión al proyecto de Ley de la Memoria, Verdad y Justicia de Salta, que tomó estado parlamentario el 27 de septiembre en la Cámara de Diputados de la provincia. El pedido de adhesión a la institución universitaria fue realizado sobre tablas por la Asociación de Docentes e Investigadores de Salta (ADIUNSa).
Por la mañana, representantes de los organismos de derechos humanos se reunieron con el rector Daniel Hoyos, quien expresó entonces la voluntad de acompañar la iniciativa. De acuerdo a lo informado por los organismos, el proyecto será tratado en la próxima sesión de Diputados, el martes 8 de noviembre.
La iniciativa legislativa surgió de la Mesa de Derechos Humanos de Salta y la Asociación Miguel Ragone, y fue presentada públicamente el 12 de octubre. Con ella se pretende impulsar políticas públicas de memoria sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo estatal, con el objetivo de promover una cultura de respeto por los derechos humanos y la democracia.
Ayer, antes de la votación de las y los consejeros, habló la integrante de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo y de la Mesa de Derechos Humanos, Elena Rivero, quien sostuvo que la Universidad Nacional de Salta cuenta con "toda una trayectoria vinculada a la defensa de los derechos humanos" y con estudiantes y profesores que fueron víctimas del terrorismo de Estado.
Con estas y otras razones Rivero insistió en que la Universidad pública debe mantener una definición clara sobre el proyecto de ley que entiende que "la memoria es una construcción colectiva" y que "Memoria, Verdad y Justicia" son pilares de un Estado de derecho y democrático. "No buscamos revancha, sino que estamos exigiendo que se conozca la verdad y se juzgue a los responsables del terrorismo de Estado, y que todos aquellos que de alguna forma fueron lastimados, tengan una reparación", expresó.
También manifestó su preocupación por el desconocimiento que existe en la ciudadanía salteña -principalmente de parte de la juventud- sobre los hechos que acontecieron en la provincia y el país. Relató que se encuentra con jóvenes que no saben quién fue Miguel Ragone, que además de ser ex gobernador de la provincia, fue secuestrado y desaparecido el 11 de marzo de 1976, cuando salía de su domicilio para dirigirse a su trabajo.
En ese sentido, Rivero subrayó que contar con una legislación de este tipo permitiría mantener una participación activa del Estado, viabilizando un trabajo para que todos los planes educativos de todos los niveles de educación puedan tener acceso a los hechos que se vivieron en Salta y el país durante el terrorismo estatal. "Vamos a dar un paso adelante", señaló.
Al mismo tiempo, afirmó que la importancia de una pronta aprobación del proyecto de Ley de Memoria también radica en la existencia recurrente de "corrientes que niegan lo que pasó con la dictadura" y que "están dispuestos a levantar banderas que creemos que son verdaderamente delictivas". "Nos parece que la UNSa tiene que ponerse adelante", indicó.
Por su parte, la integrante de HIJOS Salta y de la Mesa de Derechos Humanos, Canela Álvarez, afirmó que la iniciativa no sólo compete a integrantes de los organismos de derechos humanos, sino que debe ser un reclamo de toda la sociedad salteña.
Álvarez es docente en la Universidad, por lo que contó que desde su ejercicio profesional asumió la responsabilidad de "transmitir y poder seguir conversando sobre lo que sucedió en nuestra provincia para poder seguir construyendo una sociedad con democracia". "Creemos que nos trasciende a nosotras y es una responsabilidad que también debe asumir la Universidad y la sociedad", subrayó.
La etapa más oscura en la UNSa
Precisamente, la Universidad inició su etapa más oscura antes del 24 de marzo de 1976, ya que en noviembre de 1974, la presidenta Isabel Martínez de Perón ordenó la intervención de la provincia y el entonces gobernador Miguel Ragone fue obligado a apartarse. La situación no fue distinta para el poeta Holver Martínez Borelli, quien conducía la UNSa en ese período, y que había apoyado públicamente la campaña a la gobernación del "médico del pueblo", que integraba las filas del Partido Justicialista.
Tanto Ragone como Martínez Borelli fueron considerados como actores importantes para "el cuestionamiento a las élites históricas de la provincia". El entonces rector realizó una gestión fuertemente vinculada a lo social, y fue un aliado de Ragone, quien participaba de los actos universitarios.
Martínez Borelli trabajó en la extensión universitaria y dio apoyo a los estudiantes, a quienes les cedió el uso del Aula 1 para el funcionamiento del "grupo universitario de trabajo". Ese espacio fue atacado con una bomba la noche del 12 de noviembre de 1974. El lugar hoy es un espacio de homenaje a los y las desaparecidas.
Cuando se intervino la UNSa, el 10 de diciembre de 1974, 116 docentes firmaron una solicitada en el diario El Tribuno en la que pedían "la revisión de las cesantías producidas, que no se produzcan nuevas cesantías y que se renueven los contratos que vencen el 31 de diciembre”.
De ese número de docentes, en la actualidad continúan desaparecidos: Alberto Calou, Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, Graciela Muscariello, Nora Saravia, Silvia Aramayo, Miguel Ángel Arra y Carlos García. También fueron desaparecidos los docentes Georgina Graciela Droz, Raúl Humberto Macacha y Silvia Blanc.
A este listado se suman los estudiantes Ana María Cavallero Cuéllar, Carlos Estanislao Figueroa, Ángel Esteban Rodríguez, Hilda Yolanda Cardozo, Roberto Oglietti, Gregorio Tufiño, Silvia Ruth Saez de Vuistaz, Carlos Alberto Rivero, Néstor Alberto Oliva, Roberto Raymundo Vega, Elpidio Juvencio Palavecino y Francisco Corbalán.
También fueron desaparecidos Pedro José Tufiño, que se desempeñaba como auxiliar de Contabilidad Presupuestaria y Jefe de División de Programación Presupuestaria de la UNSa, y Víctor Mario Brizzi, que se desempeñaba como trabajador de la Secretaría Académica. Y el director de la Sede Regional Tartagal, Jorge Alberto Bigi.
"Surgen desde las cavernas voces negacionistas"
En la mañana de ayer, las representantes de los organismos de derechos humanos se reunieron con el rector de la UNSa, Daniel Hoyos, quien manifestó la voluntad de acompañar la iniciativa legislativa. En paralelo, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad, presentó una nota al Consejo Superior en la que pidió que la Universidad adhiriera al proyecto.
"Aún cuando muchas veces percibimos que hay temas que ya fueron superados y concientizados por la sociedad, como es el caso de la violación de los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, surgen desde las cavernas voces negacionistas", sostuvo ADIUNSa. Añadió que, a pesar de que los crímenes de lesa humanidad han sido abundantemente probados, aún existen sectores que "insisten en desconocer esos hechos, en tergiversarlos o en minimizarlos".
El gremio docente aseguró que la iniciativa legislativa adquiere mayor urgencia y tratamiento cuando se percibe el crecimiento de expresiones autoritarias y violentas, al punto de "haber puesto en peligro la vida de la propia vicepresidenta de la Nación". Por ello, indicó que las diversas instituciones de la sociedad deben avalar el proyecto de ley, que compromete al Estado a trabajar sobre la memoria del pasado reciente y los derechos humanos, a través de la creación de políticas públicas específicas.
