Comprender en su real dimensión la tragedia judicial que vive nuestro país, es indispensable para encontrar algún camino que nos permita superarla. En ese sentido, el Lawfare es la versión moderna del fascismo, con otros métodos, para la instalación del mismo modelo de saqueo que en la dictadura genocida.

Al decir del creador del concepto, Charles Dunlap, se trata del uso de la ley como un medio para conseguir lo que de otra manera tendría que lograrse con la aplicación de la fuerza militar tradicional.

Recorrer con la vista el listado de algunos de los personajes que protagonizan la actual tragedia, da escalofríos. Sin embargo, vale la pena sacudir el cuerpo y repasar de quienes se trata. Pensar, por ejemplo, en el equipo futbol “Liverpool”, integrado entre otros por Diego Luciani, quien en un alegato que quedará en los anales de la pornografía judicial, afirmó: “No encuentro ni un solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos” (SIC). En Gimenez Uriburu, presidente del tribunal que juzga a la vicepresidenta, tomando una infusión en el mate del equipo “Liverpool”, en el que jugaba al fútbol en la casa de campo de Mauricio Macri. Equipo que integra junto al fiscal Luciani y al Juez Llorens, el mismo que fungía de arquero en ese teem y que hace días, en un voto, pidió la detención de la vicepresidenta y hace menos días aún, dejó en libertad a los violentos de Revolución Federal. 

O Bertuzzi y Bruglia, jueces que, bendecidos por la Corte, permanecen en un sillón que no les corresponde y desde el cual acompañaron a Llorens en la liberación de los violentos, entre muchas otras tropelías. 

Qué decir de Juan Bautista Mahiques, sicario de Mauricio Macri en el Consejo de la Magistratura que durante 4 años impulsó la persecución a magistrados y políticos opositores. El mismo que, junto a su padre Carlos, juez de la Casación Federal, viajaron en un vuelo privado desde San Fernando hacia la Estancia de Joe Lewis en el apropiado lago Escondido, a un cónclave tan secreto como infectado. Son los mismos que subieron al vuelo 26917 del 13/10/22, junto a otros jueces, fiscales y ex servicios de inteligencia. 

O reparar en el fiscal Carlos Rivolo, quien, junto a la jueza Capucetti pierden pruebas y aportan notables deficiencias a la investigación del atentado. Se trata del mismo fiscal que en 2018 le imputó, con su socio procesado, Carlos Stornelli, 913 hechos delictivos a la hoy víctima del intento de magnicidio. Pensar en la abogada Gladys Egui, defensora de Leonardo Sosa y Gastón Guerra, quien durante los meses previos al atentado “alquilaba una pieza” (SIC) a la vecina de arriba de Cristina, Ximena de Tezano Pinto, jamás investigada. Sí, la misma vecina que permitió a Gastón Guerra tomar imágenes de lo que sería días después, la escena del atentado, desde la ventana de su piso. Sí, sí, el mismo Leonardo Sosa que al ser detenido tenía en su domicilio 50.000 dólares, la misma suma que en pesos (14.000.000) recibió Jonathan Morel del grupo Caputo. 

O el diputado Gerardo Milman, quien fue escuchado cuando les dijo a las hermanas Carolina y Daniela Gómez Mónaco que cuando mataran a Cristina, el estaría camino a la costa (SIC). La primera de ellas, ex servicio de inteligencia de la AFI comandada por Mauricio Macri.

Y surge entonces la figura de Macri, la que reúne tal vez las características más nítidas del drama que enfrentamos. En ese sentido, el inefable Rocco Carbone escribió en 2021 “No ver en Cambiemos una veta mafiosa indica un déficit de conocimiento”.

En fin, se podrían agregar decenas de nombres de funcionarios y políticos que deberían vincularse a los hechos no investigados. Baste los señalados para dar una semblanza de la gravedad de la actual tragedia judicial. Extenderse sería excesivo en el espacio de estas reflexiones, aunque intentar completar el listado es una labor imprescindible en el camino de la comprensión integral de la brutalidad desatada.

El Lawfare condiciona la vida cotidiana de nuestro país. Hay que tener presente que es un fenómeno que llevó al poder a Mauricio Macri, en una maniobra mediante la cual se logró, por primera vez en la historia, que un individuo ligado al mundo de la mafia internacional, accediera al cargo más alto de un Estado.

La organización criminal enquistada en la justicia federal, está ingresando en un grado de peligroso paroxismo. En ese ámbito, tanto quienes portaron las armas del atentado como sus financistas e ideólogos, son investigados de manera sesgada y deliberadamente desincriminante. En el mismo plan, el procurador interino Casal, en un reclamo patológico, pidió a la Corte Suprema revivir una causa archivada contra la vicepresidenta de la nación. El avance de la prédica violenta de los grupos neofacistas, desde donde se materializó el intento de magnicidio, desafía al gobierno y a toda la comunidad democrática de la región.

Es necesaria una respuesta rápida y proporcional que nos devuelva la agradable sensación de vivir en una sociedad con una justicia donde los desubicados sean los venales.