En un hecho histórico para la comunidad LGBTIQ+ de Perú, el gobierno cumplió un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y pidió perdón a una mujer trans que fue torturada y violada por policías en una comisaría.
"Llegar a este momento es muy satisfactorio después de años de lucha, hoy nació una esperanza en que un Estado va a tener que cumplir lo que la Corte le ha ordenado", afirmó Azul Rojas Marín, la víctima de este caso.
Las autoridades peruanas acataron el fallo dos años después de emitido por la CorteIDH, con sede en San José, Costa Rica. La víctima acudió a esa instancia internacional porque la justicia peruana archivó su caso, que se remonta a 2008.
“Es un día histórico, no solo simbólico y protocolar, hoy se marca un hito en la historia del Perú respecto a lo que significa consagrar los derechos humanos de una persona que fue vulnerada, vejada, vilipendiada en sus derechos fundamentales”, reconoció por su parte el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina.
Acto público para asumir la responsabilidad
El desagravio se llevó a cabo en la sede del ministerio de Justicia en presencia de Azul Rojas, ministros, autoridades judiciales, de la fiscalía y de la policía.
"Ha sido muy satisfactorio recibir el respaldo de las autoridades y el compromiso de cumplir con la sentencia. Se me hizo justicia, pero aún no se me repara", acotó esta mujer trans cuyo caso marca un precedente en su país.
"Este acto público de desagravio y disculpas públicas marca el inicio de todo un conjunto de acciones entre ellas las reparaciones integrales que tiene que cumplir el Estado peruano a favor de esta ciudadana", dijo el ministro de Justicia.
Es la primera vez que el gobierno peruano hace un pedido de disculpas a una persona de la comunidad LGBTIQ+. En abril de 2020, la CorteIDH condenó a Perú por vulnerar los derechos a la libertad y la integridad personal de Azul Rojas Marín.
El caso
El 25 de febrero de 2008 agentes de la policía detuvieron y agredieron a Azul Rojas Marín en la localidad de Casa Grande, en la costa norte de Perú.
En la comisaría de Casa Grande "fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, torturada y violada", según la sentencia de la Corte continental.
La CorteIDH ordenó al Estado peruano continuar las investigaciones del caso para sancionar a los responsables y desarrollar un plan de capacitación y sensibilización sobre la violencia contra la población sexualmente diversa.
