Organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales y vecinos y vecinas del centro de Córdoba denunciaron que el Ejército argentino intervino con ejercicios militares un predio en donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura y que está señalizado como sitio de memoria, protegido con una medida judicial debido a que se sospecha que allí hubo enterramientos clandestinos. Los estallidos de bombas, disparos de metralletas y vuelos rasantes coincidieron con la primera visita de estudiantes secundarios al sitio de memoria. “El Ejército debe retirarse completamente de ahí”, reclamaron.

“No es la primera vez que el Ejército y otras agrupaciones cuyas insignias desconocemos hacen maniobras en el predio, pero esta vez fue distinto”, advirtió Sergio Job, integrante del colectivo Trabajadores Unidos por la Tierra y referente de Refugio Libertad, el proyecto de recuperación que, enmarcado en el linaje de memoria, verdad y justicia, agrupaciones sociales, agricultoras y de derechos humanos llevaron adelante en el predio donde funcionó el ex Grupo de Artillería 141 del Ejército. Durante la última dictadura cívico militar, y en tiempos previos, el lugar fue escenario de violaciones a los derechos humanos.

El jueves 20 y el viernes 21 de octubre, el Ejército desplegó una serie de maniobras militares en el sector “alto” del predio de casi 900 hectáreas donde hasta mediados de los 90 funcionó el GA 141. La magnitud de los ejercicios militares alertó a los vecinos y vecinas de las localidades de Los Molinos, José de la Quintana, San Isidro, que rodean el campo, quienes iniciaron una campaña de recolección de firmas para intentar ponerle fin a todo aquello. “Acá se vivieron dos días como si estuviéramos en el medio de la guerra. Vuelos rasantes sobre los pueblos, tiros de metralla que no paraban, explosiones de bombas de día y de noche, se invadieron campos privados, atacaron y arruinaron edificios dentro del propio campo. Fue terrorífico”, contó Job a Página/12. Desde ya, Refugio Libertad se sumó a la campaña, junto a escuelas y agrupaciones de la zona, organismos de derechos humanos de la provincia.

El petitorio tiene como destinatarios al Juzgado Federal 3 –a cargo de las causas que investigan los hechos sucedidos en el ex GA 141 durante el terrorismo de Estado–, al Ministerio de Defensa de la Nación y a Fabricaciones militares. Solicita se ordene “la prohibición de este tipo de prácticas en el sitio” así como “el cese inmediato, absoluto y permanente de toda maniobra de entrenamiento militar, policial, parapolicial y/o paramilitar en ese predio”. Por último, requiere que se investiguen las maniobras militares realizadas y se avance en “la reparación de los lamentables daños ocasionados al patrimonio cultural, social y estatal”.

Además, tanto Refugio Libertad, como los organismos de derechos humanos, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y las comunidades de la zona insistieron en que se entregue la custodia y uso de todo el predio donde funcionó el GA 141 a Trabajadores Unidos por la Tierra, quienes hicieron punta en la recuperación del lugar que derivó en la señalización como sitio de memoria en julio pasado, pero que aún no logran proteger la totalidad del territorio. “El lugar fue abandonado por el Estado y ha sido rescatado para recuperar la memoria”, indicó Mariano Fernández, referente del nodo Calamuchita de la Mesa Provincial por los Derechos Humanos de Córdoba.

En paralelo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos transformó el requerimiento de vecinos, vecinas, trabajadores del lugar y la comunidad en una nota formal y la envió al Ministerio de Defensa de la Nación y a la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos. “Queremos expresarle la honda preocupación que los hechos descritos nos han provocado y a su vez solicitarle disponga la prohibición de este tipo de prácticas en el sitio referido, así como el cese inmediato y definitivo de toda maniobra de entrenamiento militar en ese predio”, insistieron en la misiva.

Abandono estatal, rescate social

El Grupo de Artillería 141 José de la Quintana funcionó durante unos 30 años en un predio perteneciente a la localidad cordobesa de Santa María. Comprende un sector de llano, con varios edificios, y un sector de monte nativo. Principalmente fue destinado al Servicio Militar Obligatorio, pero también fue un lugar donde se fabricaron municiones y pólvora para las Fuerzas Armadas. En 1996 fue desactivado y trasladadas sus funciones a Salta. Por aquellos tiempos investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad que allí –y en el resto del país– habían sucedido durante la última dictadura no era posible.

En tanto cabecera de la subárea Área militar 3117, el GA fue engranaje del sistema represivo del Tercer Cuerpo del Ejército. Cuando las leyes de impunidad cayeron y a la Justicia federal no le quedó otra alternativa que comenzar a investigar los estragos de la dictadura, algunas voces empezaron a hablar del rol del GA 141 en el terrorismo de Estado: testimonios sobre secuestros y torturas sucedidos allí durante 1976, partos de detenidas desaparecidas, incluso fusilamientos y enterramientos clandestinos. “Según los testimonios, el lugar integró el circuito represivo entre los centros clandestinos del Destacamento de Río Segundo y La Perla”, apuntó Fernández.

Los hechos integran dos expedientes judiciales que no reflejan celeridad. En el que recoge información sobre posibles fosas comunes en el lugar, la Justicia dictó una medida de no innovar y ordenó realizar una investigación territorial para determinar posibles movimientos de tierra en una zona del predio. Las maniobras del Ejército denunciadas por la comunidad sucedieron a escasa distancia de ese lugar.

Tras su desafectación, el Estado “abandonó el lugar, que fue sistemáticamente saquedo a lo largo de los años”, apuntó Job. En 2018, el proyecto Refugio Libertad logró obtener el permiso de uso de 80 de las 890 hectáreas que componen el predio: unas 60 familias trabajan la agroecología allí, además de iniciativas vinculadas con la educación, la cultura, la perspectiva de género además del trabajo sobre la memoria del lugar como escenario de crímenes de lesa humanidad. Así, finalmente se logró su señalización como sitio de memoria en julio pasado.

Casualmente, aquel jueves en el que el Ejército comenzó su práctica militar referentes del proyecto y militantes de derechos humanos encabezaban la primera visita de estudiantes secundarios al sitio de memoria. “Medio centenar de estudiantes secundarios de Río Tercero, menores de edad, escuchando detonaciones, metrallas, con los helicópteros volando bajito. Fue bastante violento todo, preocupante”, reconstruyó Fernández. “Como organismos y militantes de derechos humanos creemos que no corresponden este tipo de maniobras en lugares en donde se está recuperando y sosteniendo un proyecto de memoria, verdad y justicia -completó-. El Ejército se debe retirar completamente de ahí.”