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En La Rioja, la justicia condenó a un colegio religioso que depende del Obispado local por discriminación ideológica al despedir a una docente luego de haberla visto participar en una marcha en defensa de los derechos LGBTTIQ, donde cantó consignas contra la Iglesia Católica. “Se terminó coartando su libertad ingresando en la esfera de su vida íntima”, advierte el fallo dictado por el juez Carlos Castellanos. “Sienta un precedente histórico”, destacó en diálogo con Página 12 el abogado de la trabajadora cesanteada, Gerardo Leguizamón.
En su resolución, el magistrado hizo lugar a la demanda contra el Centro Educativo Diocesano Pio XII presentada por Aldana Cuello, licenciada en Filosofía, quien hacía cinco años que se desempeñaba como docente de la institución, cuando le llegó sorpresivamente la notificación del despido “sin causa”. La cesantearon en febrero de 2018. Su participación en la marcha fue en octubre de 2017.
“La sentencia marca un precedente en la justicia para todas las trabajadoras feministas”, consideró Cuello ante Página 12.
El juez dispuso que se le pague la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, un salario por cada año de antigüedad y además una indemnización por discriminación, equivalente a 13 sueldos más, una vez que la sentencia quede firme.
“Desde que me enteré del fallo estoy pensando en el contenido inmenso de la consigna que marcó tanto la lucha de las mujeres y las disidencias en los 70' que 'lo personal es político' una frase que sintetiza la urgencia por desnaturalizar las violencias que normalizamos”, dijo a este diario Cuello.
En la sentencia, de 80 páginas, el juez señala que no se trató de un despido “sin causa” como alegó el colegio sino que “en realidad se dispuso por haber liderado aquella una marcha en contra de la Iglesia, con cánticos en contra de esta última”. Y agrega: “Nos encontramos ante la injerencia arbitraria de la demandada en la vida íntima de la actora que trajo aparejado consecuencias negativas en su relación de empleo, privándosela del mismo”. Y más adelante sostiene que “la restricción del derecho a trabajar de la actora motivo en este caso en la valoración negativa de aspectos de su vida privada, no guarda relación alguna con las obligaciones que emergen del contrato de trabajo que la unía con la demandada”.
El Pío XII, como se lo conoce en La Rioja, es un colegio que recibe “subsdidio estatal total”, según informa el Mapa Educativo Nacional, elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación, es decir, los sueldos del plantel docente los paga íntegramente el Estado.
“No infringía la actora ninguna disposición del Sistema de Convivencia ni obligación derivada del contrato de trabajo participando en una marcha social, conducta reservada a la exclusiva esfera de su vida privada, en un horario ajeno al laboral, que pudiera justificar razonable y objetivamente que la medida adoptada no obedecía a ningún motivo discriminatorio”, dice el fallo.
Como informó en su momento este diario, Cuello tenía a su cargo cinco materias en el nivel medio y concentraba 35 horas cátedra, la mayor cantidad de horas que puede dar una docente por semana. La docente era la coordinadora de la Olimpíada Argentina de Filosofía en la provincia de La Rioja. En noviembre de 2017, unos meses antes de notificarle el despido “sin causa”, el colegio la había felicitado en la página web institucional --donde todavía figura el texto-- por haber “preparado, acompañado y estimulado en todo momento” junto a otro docente, la participación de lxs estudiantes en la Olimpíada Nacional de Filosofía, donde uno de los alumnos de Cuello, Lautaro Ferreyra, obtuvo el primer puesto en el Eje Ético y el segundo lugar, en la competencia que se llevó adelante ese año en Villa La Angostura, Neuquén. En 2018, Ferreyra viajó en representación de la Argentina a Montenegro, ex Yugoslavia, a la Olimpíada Internacional de Filosofía, evento que tiene apoyo de la Unesco. Cuello lo iba a acompañar, pero poco antes la cesantearon.
El colegio puede interponer un recurso de Casación ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia.
La representante legal del Pío XII, María Verónica Furrer, en su descargo en el marco del juicio, había dicho que “aproximadamente en el mes de octubre de 2017 la señora Aldana Cuello fue vista por personal de la institución educativa liderando una protesta en contra de la Iglesia Católica, en donde al transitar por la peatonal 25 de Mayo, frente a la AFIP, junto a un gran número de personas portando banderas del movimiento gay, manifestaba a viva voz utilizando un megáfono: “'Iglesia, basura, vos sos la dictadura', como así también efectuando manifestaciones degradantes contra el obispo (máxima autoridad de nuestra institución) y contra los curas e iglesia en general”. Luego dijo que “los insultos efectuados por la trabajadora en plena vía pública y frente a un gran número de personas, a nuestra máxima autoridad y a la Iglesia en general es una conducta jurídicamente reprochable al contravenir el deber genérico de todo buen trabajador (artículos 62, 63 y 84 de la LCT)”.
Cuello había empezado a trabajar en febrero de 2013 en el Pío XII como profesora de la materia “Construcción Ciudadana, y dos años más tarde le ofrecieron tres asignaturas más: Filosofía, Antropología, Formación Ética y Ciencias Políticas.
