El Gobierno extendió hasta 2028 la vigencia del Plan Gas.Ar, que define un cuadro normativo de certidumbre en relación a precios y cantidades de venta al mercado interno y de exportación para las empresas que operan en el sector hidrocarburífero.
A nivel precios, el programa funciona con un valor estímulo para la promover la inversión privada, que en parte es fondeado por el Estado para evitar el pleno impacto en tarifas. Con esta nueva etapa, el primer objetivo oficial es profundizar el desarrollo de Vaca Muerta a partir de la puesta en marcha, en los próximos años, del gasoducto Néstor Kirchner, que permitirá ampliar la oferta nacional de gas natural.
La extensión del programa, el "Plan Gas 5" según se lo conoce en la industria, se concretó a partir de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 730/2022. En los fundamentos de esa norma, el Gobierno indica que las obras de los nuevos gasoductos "posibilitarán el transporte de una creciente producción de gas natural no convencional desde la Cuenca Neuquina" y que "resulta prioritario y urgente conformar demanda para volúmenes incrementales que puedan evacuarse en uso de la nueva capacidad de transporte en el sistema".
A partir del plan, se espera que la oferta que surja del primer tramo del nuevo gasoducto cuente con sus volúmenes asegurados, ya que se licitarán 11 millones de metros cúbicos por día para que estén disponibles en junio-julio de 2023.
Además, el Ejecutivo indica que "se ha observado una dinámica diferenciada entre las distintas cuencas productivas, donde la Cuenca Neuquina se destacó por su crecimiento y sus mejoras de productividad, al tiempo que las demás cuencas --de producción convencional-- han enfrentado dificultades para revertir su declino tendencial".
El decreto representa una fuerte señal de continuidad para la industria, aunque se trata de una normativa de base, más adelante el Ejecutivo deberá dar precisiones en relación a volúmenes y precios tope del gas para comenzar la ronda de licitaciones públicas que terminen de asignar los contratos de comercialización.
Hasta 2028
En cuanto a las continuidades que supone el nuevo Plan Gas, el Director del programa de actualización en Derecho de los Hidrocarburos, Energía y Sostenibilidad de la UBA, Juan José Carbajales, explica que "en este Plan la Secretaría de Energía buscará contar con los 70 millones de metros cúbicos diarios de las Rondas 1 y 3 del Plan Gas, a entregar a Distribuidoras, Cammesa y Enarsa. No queda claro si se agrega el 30 por ciento adicional para industrias y GNC". Agrega que "se mantienen las obligaciones de inyección, las penalidades, el diferencial estatal y el resto de las condiciones generales del Plan Gas anterior".
Entre los cambios, Carbajales destaca que el régimen de exportación, que "si bien sigue siendo firme de verano, cambian volúmenes, criterios y topes". El DNU modificó el inciso del artículo 4, que abre la posibilidad de otorgarle a las empresas "condiciones preferenciales" para la exportación de gas: en la norma anterior se fijaba un tope de 11 millones de m3 diarios, que no figura en el nuevo DNU en el que, además, se especifican detalles en cuanto a la asignación de cupos por cuenca.
El cupo de exportación es muy valorado por las empresas porque les permite acceder a un precio superior al que se pacta en el mercado interno. Además, pueden evacuar producción que no demanda el mercado local en verano. El decreto establece que los cupos de exportación en condición firme se asignarán a los productores de acuerdo, en parte, a la participación del volumen total de la operadora en la cuenca en la que se encuentre, de modo de no desligar la participación en la exportación de su peso en el mercado interno.
Otro porcentaje del cupo de exportación "se distribuirá entre quienes generen el mayor descuento en precio, por volumen, en las rondas de volúmenes incrementales base y estacional de invierno". Por otra parte, ninguna productora podrá exportar más del 30 por ciento del cupo o exportar más del 50 por ciento de su propia producción incluida en el plan.
La variable central del programa, que es el precio de compra del recurso, saldrá, como ha sucedido hasta ahora, de una subasta entre los productores. No está explicitado en el DNU cuál será el techo, si es que habrá alguno. Aquí surge la duda de en qué medida el Gobierno reconocerá los nuevos valores internacionales, mucho más altos que antes de la guerra en Ucrania.
