El gobierno nacional avanzó con las medidas anunciadas en pos de reconvertir planes sociales en empleos genuinos. Por un lado estableció que el 30 por ciento de las obras públicas de hasta 300 millones de pesos se asigne a cooperativas de trabajo de la economía popular, que tengan preferencia las empresas con trabajadores enmarcados en el programa “Puentes de Empleo” y creó un Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario para institucionalizar a ese sector. Por otro, como ya se había informado, en el mismo decreto dispuso congelar el número de beneficiarios de programas sociales como el Potenciar Trabajo, que hoy alcanza a 1.350.000 personas.

La decisión generó reacciones diversas entre los referentes de los movimientos sociales. Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación y dirigente de Somos Barrios de Pie, respaldó la decisión por considerar “hay que pasar del subsidio al crédito, de fortalecer el ingreso a fortalecer las capacidades productivas”. Gildo Onorato, del Movimiento Evita y secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), interpretó la decisión como un paso importante hacia el objetivo de "institucionalizar un sector importante" en la Argentina que permite generar trabajo, dignificarlo e impulsar el crecimiento económico desde las periferias”.

En cambio el diputado Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), enmarcó la decisión como parte de “un discurso para la derecha antiplanera” y afirmó que no cambia “herramientas por compañeros que no tienen programas sociales y la están pasando mal”. Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), que es parte de la UTEP, interpretó la medida como “ajustar a los últimos para sostener a los cuatro vivos de siempre” y enfatizó que el problema no son el millón de personas que cobran el Potenciar Trabajo sino “los 4 millones de indigentes que tiene la Argentina”. Desde Unidad Piquetera, en tanto, se pronunciaron contra el tope a las altas y analizan la vuelta a las calles en todo el país.

La letra del decreto

El decreto 728/2022 publicado este viernes dispone que los ministerios de Desarrollo Social, Economía y Trabajo designen en 60 días a sus representantes en el Consejo de la Economía Popular, convocan a que hagan lo propio las organizaciones sociales y le encomienda todxs ellxs promover una “Agenda para la institucionalización y el desarrollo de la economía popular”, que tenga como objetivos el fortalecimiento productivo, la formalización de trabajadorxs y el fomento del acceso al crédito y del compre estatal para los emprendimientos del sector.

El artículo 4º dispone que se otorgue el 30 por ciento de las obras públicas nacionales de hasta 300 millones de pesos a las cooperativas de la economía popular, con las modalidades de contratación que corresponda, y el 5º promueve la preferencia en las contrataciones de los oferentes que acrediten un mínimo del 5 por ciento de trabajadorxs vinculados al programa “Puente al Empleo”.

El recorte en línea con las políticas del FMI aparece recién en el artículo 6º: “No podrá ampliarse el número de titulares” de los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Presencial. El eventual “ahorro” obtenido se destinará “a las unidades de gestión productiva, exclusivamente para la adquisición de bienes de capital”.

"Repensar la política pública"

“Nos imponemos y autoimponemos un techo a seguir incorporando altas”, dijo la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. “Esto quiere decir que el Ministerio va a trabajar con el 1.350.000 del Potenciar Trabajo para poder garantizarles la búsqueda del capital, las máquinas y las líneas de producción. Sin las herramientas ni la tecnología para producir, se trunca el sueño de confeccionar bienes y servicios desde la economía popular”, dijo a radio Futurock. “Llegó el momento de repensar esta política pública”, ya que “si todo el presupuesto del Ministerio se destina únicamente al Potenciar Trabajo queda muy limitada la posibilidad de expandir las barreras de lo que se produce”, añadió. “En función de los ahorros que se van haciendo mes a mes por la bajas, esas mermas las transferimos ya no a pagar 27 mil pesos del programa sino a la compra de asignación de recursos para máquinas y herramientas”. Destacó que el decreto cuenta con “el acompañamiento de todos los gobernadores”. “Con estos niveles de inversión y de crecimiento del empleo registrado tenemos que ser muy cuidadosos porque desde el Ministerio podemos desalentar la búsqueda e inclusión de quienes no tienen trabajo. Eso sería muy grave para el proyecto de crecimiento que tiene la Argentina en los próximos meses”, afirmó.

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, interpretó que “no hay una reducción del gasto sino un cambio de sentido”, y señaló que “es parte de un proceso que busca transformar el sistema de asistencia social para que los trabajadores adquieran cada vez más derechos”. En declaraciones a radio Provincia, sostuvo que con esta iniciativa “se pone un límite a la incorporación de nuevos beneficiarios, pero no con el objetivo de reducir gastos”. “La intención es que, con todo lo que se ahorre, se entreguen herramientas y bienes de capital a las unidades ejecutoras. Se pasa del gasto corriente al gasto de capital para las unidades ejecutoras”.

Los movimientos sociales

El subsecretario de Políticas de Integración y Formación, Daniel Menéndez, consideró que las nuevas medidas establecidas “le dan ese sesgo productivista a la política social y la sacan de la órbita asistencial, que en una Argentina golpeada por el endeudamiento, la pandemia y el proceso inflacionario no deja de ser una necesidad estructural”. “Tenemos que cumplir con lo que nos comprometimos en materia de política social, que es la vocación de nuestro gobierno de transformar los programas de empleo en actividad productiva”, subrayó el referente de Somos Barrios de Pie en declaraciones a Radio 10. Consideró que “fracasó” la política del plan social que se “instaló en la Argentina en los últimos 25 años” porque subsidiar a alguien por fuera del mercado de trabajo tenía el fin de que eventualmente vuelvan al mercado formal, un objetivo que “quedó caduco en términos de posibilidad concreta”. “Hay que pasar del subsidio al crédito, hay que pasar de fortalecer el ingreso a fortalecer las capacidades productivas. La atención a la pobreza no puede ser eternamente el subsidio”, remarcó, y aseguró que en los movimientos sociales está claro que “nunca fue un pedido el subsidio por parte de aquel que quedó excluido”, sino que lo es el trabajo.

“Lo más relevante del decreto es la creación del Consejo de la Economía Popular, la participación de las cooperativas en obra pública y la posibilidad de acceder a créditos para potenciar el desarrollo productivo y los circuitos de comercialización, eso es lo que cambia sustancialmente parte de las políticas dirigidas hacia nuestro sector”, destacó Gildo Onorato, del Evita, entrevistado en Radio Gráfica. “El planteo nuestro es que el crédito no bancario se dé a través de instituciones públicas o grandes cooperativas para generar una escala de producción mayor y así impulsar el trabajo y el crecimiento económico, porque trabajo hay mucho pero lo que no hay son derechos. Tenemos una población de 8 millones en la Economía Popular cuya labor no está dignificada ni tiene la posibilidad de acceder al crédito. Esto tiene una absoluta perspectiva a futuro y da cuenta de una idea que los movimientos populares venimos impulsando para dejar de habitar discusión pública alrededor de los planes y la comida”, añadió. Sobre la imitación de los Potenciar Trabajo, consideró que “el programa tenía un objeto productivo y de fortalecimiento a las experiencias cooperativas”, pero “en el marco de la pandemia y diferentes emergencias se generó una situación donde el 98 por ciento del presupuesto del programa se destinó a salarios y el 2 por ciento a producción, con lo cual se desvirtuó completamente”. “Además, en los últimos diez años pasamos del 5 al 13 por ciento del PBI en inversión social, y la pobreza, la desigualdad y la indigencia no se redujeron, por lo tanto la política de subsidios para abordar esos problemas fue absolutamente ineficiente”, concluyó.

Alderete, de la CCC, consideró que “el decreto tendría que decir y asegurar de qué manera los que cobran planes sociales van al encuentro del trabajo”. “Yo no cambio herramientas por compañeros que no tienen programas sociales y la están pasando mal”, dijo a La García, en la AM750. El diputado lamentó que el Gobierno implemente “un discurso para la derecha antiplanera”, cuestionó al Presidente y recordó una de sus promesas de campaña: “¿Qué pasó con eso de que los últimos serán los primeros? Hablan de bonos, pero para los que menos tienen, no hay respuesta”. Pese a sus críticas, el dirigente dijo estar de acuerdo en avanzar con programas de inserción en el trabajo formal e informal. “En algún momento nuestro país va a recuperar la economía y va a precisar mano de obra calificada. A partir de allí están las cooperativas sociales que han hecho pequeñas y medianas obras públicas y una cantidad enorme de viviendas”, comentó. Pero realizó una crítica puntual del proyecto: “Tendría que ser contundente, que los intendentes están obligados, y los gobernadores (en obras) de menos de 100 millones de pesos las pueden dar a las cooperativas sociales”, propuso.

Desde el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), Dina Sánchez subrayó que, más allá de que “siempre vamos a estar de acuerdo con sumar equipamiento y herramientas a la economía popular”, siguen exigiendo “que se trabaje bien el bono de refuerzo alimentario”, que a su entender “fue mal implementado”, por lo que considera “necesario y urgente” un Salario Básico Universal que “garantizaría la canasta básica alimentaria para las familias que más lo necesitan”. “Pasamos de ‘empezar por los últimos para llegar a todos’ a ‘ajustar a los últimos para sostener a los 4 vivos de siempre’”, repudió. “¿En serio Alberto Fernández o alguien cree que el problema son el millón de Potenciar Trabajo y no los 4 millones de indigentes que tiene Argentina?”, planteó. 

El FPDS lamentó que “la rapidez del Gobierno funciona para el ajuste” mientras “no se pudo concretar el salario básico ni un monto fijo para trabajadores formales”. “Mientras se discute cuánta gente dar de baja del Potenciar Trabajo hay 4 millones de personas en la informalidad en la indigencia. ¿Cuál es la propuesta para ellos? ¿Dónde están las fábricas para que se incorporen al ‘empleo genuino’?”, preguntó. “El ajuste se puede disfrazar de redistribución, pero es difícil tapar el sol con las manos”, concluyó.

Desde Unidad Piquetera se manifestaron en contra del techo a las altas en el Potenciar Trabajo. “Se ha agravado el cuadro de ajuste general en todas las áreas y secretarias del Ministerio de Desarrollo Social, desconociendo en la práctica avances en la cuestión de los alimentos y de las herramientas necesarias para los proyectos productivos que el propio ministerio dice promover. Mientras se agrava la situación de miles de familias que pasan hambre, crece la indigencia y la inflación es imparable”, dijeron. Además, adelantaron que no descartan “una permanencia frente al Ministerio de Desarrollo reclamando una reunión con Tolosa Paz”.