"Del freezer va al congelador, y de ahí a la heladera". La frase, que salió de boca de un alto funcionario nacional, se encamina a ser la metáfora más adecuada para explicar que el congelamiento de precios que busca el ministro de Economía Sergio Massa será, en realidad, algo más importante que la coyuntura urgente: un proceso de estabilización de precios en varios pasos que, según la información a la que accedió Página/12, arrancará en diciembre con valores fijos de una canasta de 1500 productos, pero que tendrá una salida gradual que irá incluso más allá de marzo del 2023. El tema se viene charlando, además de con los privados, en las mesas semanales de debate político y económico de Massa con el kirchnerismo, donde se trabaja en un concepto de "estabilización" que permita dilucidar un sendero inflacionario mucho más bajo que el actual, y con tendencia sostenible. Una política casi permanente, sin fecha de cierre establecida. 

En el Gobierno quieren evitar así dos efectos naturales de los congelamientos convencionales de las variables: que sea sustentable y cumplible y que, en un escenario de muy alta inflación, el "descongelamiento" no redunde en un rebote de precios. 

En pocas palabras, se busca un pacto más político que técnico, en el cual el Estado garantizará actualizaciones periódicas y lógicas de algunos valores, pero actuando con dureza extrema con aquellos empresarios privados de la alimentación que no se suban al acuerdo de estabilización. 

El tema es, por lejos, el más delicado de la economía, no sólo para Massa y el presidente Alberto Fernández, sino para la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que apuntó los cañones al rol del sector privado en el acto de la UOM el viernes último, en Pilar. Para el Gobierno en su conjunto, estabilizar los precios es la única carta que lo pondría competitivo en las elecciones del 2023. 

Hace unos días, el titular de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), Daniel Funes de Rioja, salió a asegurar en los medios que el Gobierno estaba apretando empresas y que esa no era la manera de negociar. Se refería a acciones que el propio Massa ya no oculta y a las que describen en su entorno como "ajustar la marca" ante los empresarios discolos que no quieren apoyar el orden de precios. 

El miércoles al mediodía, pícaro, el ministro de Economía se levantó de una mesa que compartió con empresarios del turismo para hablar del dólar diferencial para turismo receptivo y soltó una frase. "Los dejo que tengo que ir a apretar a unos amigos por el tema precios", aseveró entre sonrisas. Funes ya había hablado y Massa tenía, en el salón contiguo, una reunión con empresarios del rubro limpieza e higiene personal. 

Unas horas después de ese hecho, un grupo de funcionarios con rango medio del Gobierno mantuvieron un encuentro con Funes en la sede de Avenida de Mayo de la Unión Industrial (UIA), entidad que también preside el abogado laboralista. En el mitin apareció un curioso que nadie se explica por qué estaba ahí. La referencia es para el ítalo argentino de la FIAT, Cristiano Rattazzi, uno de los ceos más cercanos a Juntos por el Cambio. "Daniel, esto es algo más que congelar, estamos ordenando el escenario, es una estrategia de largo plazo y ustedes se tienen que sumar", le blanquearon. Lo mandaron a explicarles a las empresas cuál es la idea definitiva. 

El sendero inflacionario

El miércoles por la noche, en la terraza del ministerio de Economía, Massa comió un asado con los senadores del Frente de Todos, entre ellos dos cristinistas puros, Oscar Parrilli y la mendocina Anabel Fernández Sagasti. El mitin duró hasta las 3 de la mañana y allí el ministro charló sin secretos con los legisladores sobre cuál es su plan de estabilización, qué hizo hasta ahora y qué viene charlando con el ala kirchnerista. Para la dinámica de ordenamiento del oficialismo fue relevante, según calificaron varios de los participantes de ese encuentro ante este diario, porque Massa sociabiliza la toma de decisiones o al menos las ideas a abordar. Se aleja así, para el kirchnerismo, de la lógica unificada de su antecesor, Martín Guzmán. 

Así, con las bases políticas claras para todos, el proceso de estabilización de precios de Massa arrancará en diciembre con congelamientos de precios de alimentos, bebidas, canasta básica y textiles, los rubros que más pegan en el IPC del INDEC. Ese número, al fin y al cabo, es un promedio, por lo cual la idea es operar sobre rubros muy alcistas para que el año termine por debajo de los 100 puntos de inflación, un número que Massa cree hay que esquivar. En las mesas políticas, se habla de estabilización en torno al 4 por ciento para los primeros meses del año 2023, y sostener la tendencia. Hoy el número casi que duplica ese objetivo. La tarea es compleja y está al límite de lo posible. 

A tales fines, creen en Economía que es necesario ya un torniquete al precio de los alimentos. Para eso, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, ya les avisó a las empresas el esquema que se viene: un aumento consensuado de entrada a Precios Justos y una vez que se llegue a marzo, donde hipotéticamente el acuerdo debería terminar, habrá una renegociación de aumentos paulatinos para que no haya un shock inflacionario de salida. 

Eso hará que el acuerdo no termine en marzo sino que camine a un cierre muy pausado, con la idea de pacificar de manera sostenida los precios. Ese cierre pausado se extendería por cuatro meses más luego de marzo. No sólo cuentan los laderos de Massa que el tigrense detesta hablar de "congelamiento", sino que ni CFK ni Axel Kicillof confían en eso como una salida. Por todo esto, la palabra dejará de ser congelamiento y será acuerdo.

Ahora bien, la empresa es titánica. Tombolini les dijo a las empresas que no autorizarán más de 3 puntos de aumento sobre los precios actuales para llegar al precio de arranque de Precios Justos. Muchos ya pusieron el grito en el cielo. Uno de ellos, Molinos, que avisó que el trigo se disparó y superó los 400 dólares la tonelada en Chicago, y pidió 10 puntos de alza en fideos para entrar a Precios Justos. No es el único caso de rebeldía, aunque también hay otros que están dispuestos a concertar. 

Los gigantes y el apriete

Poner en fila a los precios para arrancar el acuerdo de valores fijos por 120 días tiene resistencia casi exclusiva de las empresas nacionales, entre ellas Arcor y Ledesma. Se suman a ese pelotón los supermercados mayoristas nucleados en CADAM, que con perfil muy bajo tienen recargos muy fuertes sobre los precios salidos de fábrica, y condicionan la inflación "invisible" para el Gobierno, la que ocurre en los comercios de cercanía que no le compran directamente a las fábricas sino que son rehenes de los distribuidores y mayoristas. 

En la otra esquina, se está casi cerrando un acuerdo para ponerle precio fijo al aceite. La industria presentó una propuesta para que todo el aceite mezcla esté a un precio barato y fijo. Se consumen 15 millones de litros de esa variante por mes, sobre una demanda total de 40 millones, un mercado en el que la estrella es el girasol. En el Gobierno no lo ven mal, porque entienden que es mejor tener una variante asegurada en precio y abastecimiento en todo el país, que acuerdos incumplibles sobre todos los productos. 

Otro de los rebeldes nacionales es Molino Cañuelas, que tiene el 23 por ciento del mercado de harinas y derivados y es el mayor tenedor porcentual de un sector que tiene más de 140 empresas, en su mayoría pymes. Los enviados de Aldo Navilli, su titular, se quejaron de que el fideicomiso público de la harina se viene pagando con retraso y condicionan su apoyo. Quizás sea el caso de Cañuelas uno de los más interesantes para ver cómo jugará de ahora en más el Gobierno en el nexo con los rebeldes. 

El nuevo sistema de administración del comercio exterior le permite a Hacienda, AFIP y Aduanas tener información de las empresas en todos los frentes. Por caso, saben que la firma de Navilli tiene deudas muy importantes no sólo con la banca pública sino también con la privada, que vienen de larga data. También en las pizarras oficiales aparecen cifras de todo lo que importaron el año pasado los gigantes del consumo masivo nacional, el precio final de venta de sus productos en esos períodos, además de los anticipos de importaciones injustificados y hasta casos de sobredeclaración de compras externas. 

Por eso, de un tiempo a esta parte, Economía negocia mano a mano con las empresas y casi nada con las cámaras. El método le funciona: si bien resisten, hay un consenso en el sector privado que el acuerdo de precios de Massa estará completo en diciembre. ¿Cuándo termina?... Un misterio.