La Cámara Federal de Tucumán ordenó “la suspensión inmediata” de actividades a la compañía minera La Alumbrera en sus emprendimientos en Catamarca hasta que se realicen peritajes sobre contaminación, y la empresa acredite “haber contratado” un seguro que cubra los posibles daños generados en la zona donde se centró la demanda.

En el fallo, firmado por los jueces Marina Cossio, Raúl Beijas y Guillermo Molinari, la Cámara hizo lugar a una medida cautelar presentada por Felipa Cruz, una agricultora de la localidad catamarqueña de Andalgalá que adujo complicaciones en sus labores por las acciones de la minera.

Al admitir la cautelar, la Cámara resolvió “ordenar la suspensión inmediata de la actividad minera llevada a cabo en los yacimientos mineros denominados Bajo de la Alumbrera y Bajo el Durazno”, al señalar que ambos se encuentran “ubicados en terrenos de propiedad de la parte actora” en Andalgalá.

De acuerdo al fallo, los camaristas dispusieron la suspensión de actividades para que “se realicen los informes periciales in situ solicitados” por la demandante y “hasta que las demandadas acrediten fehacientemente haber cumplido con la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del posible daño”.

La definición de la Cámara se produjo en el marco de un extenso reclamo, que incluso había llegado a la Corte Suprema, y que surgió cuando restan pocos meses para que finalicen las labores en Bajo La Alumbrera, que desde hace más de veinte años opera en la región pese a las múltiples quejas de organizaciones ambientales y denuncias por posible contaminación.

La unión transitoria de empresas UTE-YMAD Alumbrera extrae oro, cobre y molibdeno en terrenos catamarqueños, y es operada por la transnacional Glencore, en sociedad con Yamana Gold y Goldcorp.

En marzo de este año, el juez civil de la II Nominación de Catamarca, Eduardo Dip Tártalo, dictaminó que la empresa minera deberá realizar las acciones necesarias para la recomposición integral de daños ambientales causados en las localidades tucumanas de Concepción y Alpachiri. La sentencia judicial se desprende del juicio iniciado hace diez años por los hermanos Carlos y Antonio Aranda en contra de la empresa.