La empresa Antofagasta Minerals, dueña de la minera Los Pelambres, salió a contestarle al gobernador sanjuanino Sergio Uñac, quien el lunes instruyó al fiscal de Estado para que se haga parte en la causa penal contra la compañía. Uñac dio la orden luego de que un informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación denunciara la peligrosidad de los desechos del yacimiento. 

A través de un comunicado conocido ayer, la empresa que opera del lado chileno y vierte sus desechos en territorio argentino, negó haber contaminado y señaló que “este conflicto no es de su responsabilidad”. Además, desautorizó al funcionario provincial al reafirmar el acuerdo celebrado con la gobernación, que el propio Uñac dijo haber dado de baja. En tanto, el abogado Marcelo Arancibia, patrocinante en la causa medio ambiental contra la minera, dijo a PáginaI12 que “es falsa la explicación que da la empresa de que no contaminó. Como es falsa la idea que sostienen de que no es su responsabilidad haber arrojado los residuos contaminantes del lado argentino”, y remarcó que “ lo más importante que hace en su comunicado es ningunear a Uñac, al refrendar el convenio para aislar el depósito, que firmaron con él y que le ahorra a la minera los 410 millones de dólares que cuesta remover la escombrera”.

La responsable del basurero minero Cerro Amarillo, ubicado en el límite entre Argentina y Chile, destacó que el informe “demuestra que no ha habido afectación en la calidad de las aguas del río Carnicería, aunque revelan la necesidad de adoptar acciones preventivas...”, argumenta que el deposito se hizo según la legislación chilena, y que estaban convencidos que se encontraba “en territorio chileno”. Sostiene que “se trata de un asunto vinculado a la demarcación de la línea fronteriza”. Y remarca que sumó en 2017 “dos alternativas de obras preventivas ambientales” al “convenio suscrito en 2016”, con Uñac.

Arancibia explicó que el informe “habla de que el 53 por ciento de los espejos de agua desaparecieron y el cobre encontrado en algunas zonas es 71 mil por ciento por encima de lo permitido. Por otra parte, no hay ningún conflicto fronterizo en la zona con Chile. Además, la Justicia de San Juan y la Cámara Federal de Mendoza ya desestimaron ese planteo y establecieron que debe someterse a los tribunales argentinos. Lo que sí hay es un costo de 410 millones de dólares que es lo que saldría remover la escombrera y que hace sospechoso el acuerdo que firmaron con Uñac: no habla de remover el basurero sino que les permite aislarlo por diez años y controlar el agua por cinco”.