El asesinato de Emma Córdoba en Punta Lara reavivó el pedido de justicia por los casos de violencia de género que padecen miles de mujeres en la Argentina. Mientras crecen las movilizaciones populares convocadas por el colectivo NiUnaMenos, el Poder Judicial sigue en deuda con los casos denunciados y archivados rápidamente, sin investigación ni seguimiento.

El Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires reveló que el 71 por ciento de las denuncias por amenazas y lesiones en jurisdicción bonaerense son archivadas, sin consecuencias para los agresores. Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio, advirtió que “esta actitud de la Justicia genera impunidad porque el agresor sabe que no le pasa nada”. Frente al incumplimiento de las medidas de protección las mujeres que han llamado al 911 se encuentran con varias dificultades. Por un lado, cuando se apersona el agente policial al lugar de los hechos, “tienden a ordenarle al agresor que se retire del lugar y no actúan en relación a lo acaecido como ante una situación de comisión de un delito”. En otras ocasiones “se les informa a las mujeres que no cuentan con móviles o personal para acercarse al lugar. Ante casos de alto riesgo, y frente a la orden judicial de realizar un rondín policial, en muchas ocasiones no puede hacerse efectivo o lo hacen menos veces de la ordenada”, indica el relevamiento.

El informe al que accedió PáginaI12 refleja que en 2015 se iniciaron 67.685 causas penales por violencia familiar y de género, pero la cifra subió en 2016 a 95.557. El 70 por ciento de las víctimas tiene entre 19 y 40 años. La situación se agrava con el archivo masivo, también, de las denuncias por desobediencia de la prohibición de acercamiento, la restricción perimetral y el cese de actos de perturbación e intimidación. Este es un problema viejo. El informe del año pasado también consignaba: “Las desobediencias e incumplimientos no son registrados en las estadísticas policiales. Quedan entonces subregistrados los avisos que las mujeres realizan advirtiendo el incumplimiento a una medida de protección dictada en el ámbito judicial. Lo mismo ocurre con llamados que las víctimas o sus familiares realizan a las comisarías frente a una nueva amenaza de su agresor: vuelven a manifestarles la carencia de móviles y de personal para acercarse al lugar de los hechos”.

Las denuncias por amenazas y lesiones son, muchas veces, el principio del camino que puede desembocar en un femicidio. Para Malacalza, al no hacerse cargo de esas denuncias, el Poder Judicial desecha la posibilidad de hacer una política de prevención del delito. “Es la propia mujer agredida la que tiene que movilizar la causa, no se asignan defensores, y la Justicia trata estas denuncias como de segundo rango”, dijo Malacalza a PáginaI12.

A pesar del enorme avance cultural propiciado a partir de la concientización sobre la violencia contra la mujer, la figura del femicidio sigue encontrándose con obstáculos en el propio Poder Judicial. En 2016, por caso, hubo apenas 86 procesos penales, que involucraban a 90 víctimas.  

La realidad, sin embargo, marca un número mucho más importantes de femicidios, que no son caratulados como tales por la Procuración General bonaerense. “La figura termina desvalorizada porque no hay instrucciones sobre cómo proceder, no hay directrices, que son responsabilidad de Tribunal Superior de Justicia”, indicó Malacalza. De esta manera, las instrucciones de los casos terminan siendo derivadas a otras figuras, alejadas del concepto de femicidio.  

Las denuncias por abuso sexual también experimentaron un crecimiento en la provincia de Buenos Aires. Mientras que en 2014 se habían presentado 4661 denuncias en sede policial, ese número aumentó a 6612 en 2016. Más de la mitad de los casos (55 por ciento) se denunciaron a familiares como autores de esos hechos.