Desde Santa Fe
El secretario de Justicia Gabriel Somaglia defendió ayer los pliegos de los 36 jueces comunitarios que el gobernador Omar Perotti le propuso designar a la Legislatura y negó la supuesta “falta de transparencia” y “objetividad” en el concurso, que le achacaron desde el arco opositor. “Hemos cumplido con toda la normativa vigente en la materia”, dijo el funcionario. Y explicó que el procedimiento de selección de los postulantes se regula por el decreto 268 de febrero de 2019 del ex gobernador Miguel Lifschitz y no por el decreto 593 de marzo de 2014 de Antonio Bonfatti, que fue “derogado” y es el que invocaron sus críticos. La respuesta de Somaglia descarta entonces que Perotti pueda retirar los 36 pliegos de la Asamblea Legislativa, como le pidieron el viernes cuatro diputados opositores: el radical Fabián Palo Oliver y sus colegas Carlos del Frade (Frente Social y Popular), Dámaris Pacchiotti (Ciudad Futura) y Rubén Giustiniani (Igualdad), que son los que aludieron al decreto derogado.
El gobernador remitió los 36 pliegos de Jueces Comunitarios de las Pequeñas Causas –como se los llama- el 25 de octubre. En su mensaje a las Cámaras, informó que solicitaba el “acuerdo legislativo” para designar a los magistrados “en mérito al concurso” que se realizó en el Consejo de la Magistratura, según el decreto 268/19 de Lifschitz. Explicó que el listado de ese orden de mérito es el que Somaglia le presentó cuatro días antes –el 21 de octubre- y acompañó el expediente con los “antecedentes” de todos los propuestos..
Apenas trascendió la lista de los postulantes, Palo Oliver y Del Frade escalaron las denuncias y el viernes –junto a Pacchiotti y Giustiniani- le pidieron a Perotti que retire los 36 pliegos. Tienen “observaciones” y “vicios formales” que “impugnan las nominaciones del gobernador”, plantearon.
El jueves, las denuncias cruzadas entre radicales y socialistas por un supuesto “contubernio” –que estos últimos negaron- con el gobierno de Perotti ya había impactado en la sesión de la Cámara de Diputados, que se cayó por falta de quórum antes de aprobar la interpelación -por el tema- a la ministra de Gobierno Celia Arena y a Somaglia, que había propuesto el bloque de la UCR, que capitanea Maximiliano Pullaro.
Ayer, el secretario de Justicia aclaró que el mecanismo de selección de los 36 jueces comunitarios se regula por el decreto 268/19 de Lifschitz y no por el decreto 593/14 de Bonfatti, que está “derogado” y es que el invocaron Palo Oliver y sus pares. “La normativa reglamentaria que rige y se aplicó al concurso es el decreto 268” de Lifschitz. “No resulta de aplicación el decreto 593/14 (de Bonfatti), como algunos señalaron, pues éste fue derogado por aquél”, dijo Somaglia. Quedó claro: cuando mencionó a “algunos” se refería a los cuatro diputados que pidieron el retiro de los pliegos.
En el concurso se evaluaron “antecedentes”, las “pruebas de oposición” y las “entrevistas públicas”. El jurado dictaminó “un orden de mérito definitivo” y se integraron las ternas, dijo Somaglia a El Litoral. Sobre esa terna, el gobernador tiene la “libre potestad de elegir a cualquiera de los primeros tres”. Y se enviaron los pliegos a la Legislatura. “Todo esto está informado en la página web del Consejo de la Magistratura”, concluyó.
