La nueva embestida del Gobierno nacional para lograr remover por decreto de su cargo a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó logró una amplia cosecha de de rechazos y repudios. Los organismos de derechos humanos defendieron la labor del Ministerio Público Fiscal y advirtieron a través de un comunicado sobre una “carrera por el disciplinamiento judicial, presionando y hostigando a los distintos actores judiciales para que se sometan a intereses ajenos a lo que exige su función” por parte del Poder Ejecutivo. “Debe permanecer en su cargo”, señalaron los curas aunados en el grupo que realiza sus actividades pastorales y sociales en barrios pobres y villas. “Es un nuevo intento de desconocer las reglas que regulan el normal funcionamiento de las instituciones y de la democracia”, plantearon los Familiares de víctimas de violencia institucional. Tras los numerosos y variados respaldos, y aunque sostienen la ofensiva contra la funcionaria, el ministro de Justicia, Germán Garavano, negó que el Gobierno avance en la remoción vía decreto.
“Los organismos de derechos humanos rechazamos la injerencia inconstitucional que pretende el Poder Ejecutivo sobre la Procuración General de la Nación y repudiamos los ataques a Alejandra Gils Carbó”, postularon a través de un comunicado Abuelas y Madres de Plaza de Mayo –de la Línea Fundadora–, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticos, H.I.J.O.S. Capital, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre varios otros colectivos que trabajan la temática de Memoria, Verdad y Justicia. En el documento que elaboraron ante “declaraciones de importantes representantes del oficialismo” respecto a una nueva embestida del Gobierno nacional para lograr remover a Gils Carbó de su cargo por decreto, manifestaron su “firme compromiso con las instituciones democráticas y con los mecanismos establecidos para garantizar la independencia del Ministerio Publico Fiscal”, en cuya actual gestión encontraron “el desarrollo de líneas de trabajo e intervención que ha permitido jerarquizar la investigación de distintos tipos de criminalidad así como promover la defensa de derechos, junto a las víctimas”.
“Rechazamos el hostigamiento y la injerencia inconstitucional que pretende el Poder Ejecutivo y denunciamos estas maniobras como parte de una clara estrategia para debilitar la actual gestión y la independencia del Ministerio Público Fiscal”, concluyeron los organismos en el documento que difundieron ayer, avalado por la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Asociación Buena Memoria junto a los antes mencionados y otros tantos.
Ayer, el fiscal Eduardo Taiano solicitó al juez federal Julián Ercolini que cite a indagatoria a Gils Cargó en la causa en que se investiga la compra de un edificio para la Procuración (ver aparte). El pedido abrió la puerta para que referentes del oficialismo insistan en el desplazamiento de la procuradora vía decreto. Tras medir el impacto público del posible paso, el ministro de Justicia, Germán Garavano, negó que el Ejecutivo fuera avanzar: “Fue (el diputado del PRO) Pablo Tonelli” quien dijo que no descartaba esa medida, se escudó el titular de la carta de Justicia luego que incluso desde su propio espacio, la diputada Elisa Carrió criticara la opción de avanzar de esa forma contra la funcionaria.
En tanto, familiares de víctimas de violencia institucional expresaron su “enérgico rechazo a toda eventual remoción” de Gils Carbó. “Pocos son los espacios dentro de este poder del Estado donde se construye algo distinto. Uno de esos lugares es la Procuraduría de Violencia Institucional, dependiente de la Procuración General de la Nación, donde víctimas de violencia institucional encuentran apoyo para intentar buscar justicia”, puntualizaron en un documento que difundieron ayer, en el que detectan en la embestida de los días pasados “un nuevo intento” de “desplazar a la procuradora” de parte del “macrismo, que ha profundizado los vicios del Poder Judicial al establecer pactos de impunidad desde el mismo poder Ejecutivo”.
Los Curas en la opción por los Pobres remarcaron la labor de las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (Atajo), un programa implementado por la gestión de Gils Carbó para acercar a los fiscales a los sectores más vulnerables de la sociedad. “Como curas en los barrios somos testigos de los enormes aportes y servicios que brinda el programa Atajo, por ejemplo, y del poco apego a la misma de grandes sectores del Poder Ejecutivo”, remarcaron. En la misma línea repudiaron también el avance oficialista desde la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo.
