El juicio oral y público en Salta por el secuestro y desaparición del abogado boliviano Gustavo Medina Ortiz, un hecho que data de 1975, mostró los vínculos entre las organizaciones de la izquierda de Bolivia y Argentina, y la confluencia de los gobiernos dictatoriales para la represión, la Operación Cóndor.
Medina Ortiz fue secuestrado de la casa que alquilaba en la calle Mendoza al 1511 de la ciudad de Salta en la madrugada del 10 de octubre de 1975 por un grupo de seis hombres, algunos de civil, otros de uniforme, algunos de Argentina (de Buenos Aires, por las tonadas), algunos de Bolivia. De ese grupo, solo el ex policía federal y ex guardiacárcel provincial Juan Carlos Alzugaray fue reconocido, y es el único que está siendo juzgado en este proceso.
En la única audiencia de testimonios que habrá en este juicio, cumplida ayer, ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, integrado por la jueza Gabriela Catalano y los jueces Federico Díaz y Mario Marcelo Juárez Almaraz, se aportaron datos sobre los vínculos entre las organizaciones de izquierda de Argentina y Bolivia, y también de Chile, Paraguay y Uruguay. Y sobre el colaboracionismo entre los represores de esos países, particularmente entre Bolivia y Argentina. El juicio seguirá el 15, ya con los alegatos.
Medina Ortiz era oriundo de Tarija, en el norte boliviano. Era abogado, era asesor de la COD (Central Obrera Departamento, organización de base de la Central Obrera Boliviana, COB), era docente universitario; integraba el grupo de izquierda Espartaco y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y adherente al gobierno del general Juan José Torres, cuyo gobierno fue derrocado el 21 de agosto de 1971 por el también general Hugo Bánzer Suárez, quien persiguió a la militancia de izquierda.
Muchos huyeron entonces a Argentina. Y gran parte de ellos se organizaron para resistir la dictadura y ayudar a otros connacionales que debían huir de su país. Su presencia movilizó a los aparatos represivos de ambas naciones, la inteligencia los siguió de cerca, incluso se hicieron reuniones para organizar esa vigilancia, y los secuestros. De eso se habló ayer. De eso y de los sufrimientos provocados por la violencia estatal. La hija del abogado desaparecido, Mirtza Medina Hoyos, que en octubre de 1975 tenía 12 años, se hizo espacio para implorar al represor Alzugaray: "dónde están los restos de mi padre".
Otro hijo, Richard Ivan Medina Hoyos, que tenía 11 años al momento del secuestro, también habló del dolor provocado por la persecución a la que fue sometido su padre y su familia toda, obligada a abandonar su país. Medina Ortiz llegó solo a Argentina, a finales de 1971. Su mujer, Zoila Luz Hoyos Aguilera de Medina, venía a visitarlo de tanto en tanto, una de las últimas veces al regresar a su país fue detenida y luego el gobierno de facto boliviano la expulsó. Entonces también ella y sus cinco hijos vinieron a Salta. Mirtza recordó que los esperó su padre, recordó su "cara de preocupación", perseguidos, sin trabajo y con "cinco guaguas" para sostener.
Richard recordó que para cuando su padre fue arrebatado de la vivienda familiar ya estaban "traumatizados por detenciones anteriores que él ha tenido", por "la persecución de la dictadura de Bánzer, por los allanamientos" en Salta. De esta manera explicó la atención especial que tuvieron cuando la patota buscó a su padre. Ya estaban acostados cuando tocaron a la puerta y pudo escuchar las amenazas: que su padre saliera o iban a entrar a la casa. Escuchó acentos que no eran de Salta, "no eran todos argentinos, había bolivianos, había civiles". Y luego alcanzó a ver cuando se iba el vehículo que llevaba a su padre. "Ha sido una cosa muy violenta, muy rápida", recordó. "Ví a mi papá en el último asiento. Ví su perfil", agregó a su turno Mirtza, quien alcanzó a notar que la "movilidad" no tenía la chapa patente.
Richard describió dos etapas en la persecución previa al secuestro de Medina Ortiz: antes de 1974, cuando cada tres meses las autoridades policiales argentinas le tomaban declaración, y después de noviembre de 1974, cuando empezaron a detenerlo los fines de semana. "El salía muy nervioso de las detenciones", memoró. Mirtza añadió que esos fines de semana "eran de sufrimiento", sin saber qué pasaba con su padre. Richard detalló dos detenciones poco antes del secuestro, la penúltima en julio y estuvo en la cárcel de Villa Las Rosas; la última fue en septiembre de 1975, y fue alojado en la delegación de la Policía Federal, donde por entonces prestaba servicios Alzugaray.
Añadió que por su madre sabe que antes hubo al menos un allanamiento a su casa cuando él estaba en clases. Y su hermana recordó que Medina Ortiz temía por su suerte, le había pedido al abuelo paterno, Mario Medina, que se ocupara de sus hijos; había recibido una carta de Diego Rivas, exiliado boliviano en Paraguay, y sabía que corría peligro. Sin embargo, "nunca dejó mi papá de luchar por sus ideales. Siempre quería volver a Bolivia y luchaba por eso", aseguró Mirtza.
La colaboración de la izquierda
La fiscalía indagó sobre las conexiones de la militancia de izquierda de Bolivia y Argentina. Se basó en cuatro documentos sobre los que centraron sus interrogatorios el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila y la auxiliar fiscal Bárbara Chunco. Un "Protocolo del secuestro y desaparición de Gustavo Medina Ortiz", elaborado por Richard Medina Hoyos; un informe desclasificado del gobierno de Bolivia sobre "Políticos de extrema izquierda que se encuentran en el norte argentino"; el expediente histórico de la detención de 19 personas en junio de 1975 en Salta, y copias del Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) enviadas por la Comisión Provincial de la Memoria.
El Protocolo contiene un detalle de la vida personal y política de Medina Ortiz. Da cuenta de que era un activo militante de la izquierda que había visitado a países con gobiernos de esa tendencia, como China y Vietnam, y Paraguay, donde había estado con los hermanos Quiroga Bonadona, integrantes de la guerrilla del Che. En su exilio en Salta Medina Ortiz recibía a exiliados bolivianos, incluso se reunió al menos dos veces con J. J. Torres (que también estaba exiliado y fue luego asesinado). En la oposición a la dictadura del país vecino integró el Frente Revolucionario Antiimperialista, y alertaba además sobre el avance de la derecha en el continente.
El informe sobre los políticos bolivianos de extrema izquierda en el NOA contiene una lista en la que, entre otros nombres, está el propio Medina Ortiz (calificado como "elemento sumamente peligroso"), los abogados que trabajaban con él, Roberto Medina y Julio Jorge Calvo, y el reconocido cantautor tarijeño Nilo Soruco Arancibia, que cantaba cosas como esta sobre el exilio.
También aparece Constantino Paputsakis Flores, que ayer dio su testimonio, se declaró "muy amigo" de Medina Ortiz y contó que en Tarija era director del Instituto Tecnológico dependiente de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, cuyos profesores fueron en gran medida perseguidos por la dictadura y se exiliaron, también en gran medida, en Argentina. A todos los señala el informe como integrantes de organizaciones de izquierda, como el PC Pekinés y el COD.
El expediente de las detenciones en Salta (entre ellas las de personas que fueron asesinadas en la Masacre de Palomitas en julio de 1976) aporta información sobre la vinculación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia, la guerrilla del Che Guevara, y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, el brazo armado del Partido Revolucionario del Pueblo, PRT) argentino. En ese expediente hay declaraciones (o al menos así fueron asentadas) de Evangelina Botta, José Víctor Povolo (ambes víctimas de Palomitas) y Norma Soledad Spaltro, que dan cuenta de esa conexión.
La colaboración represiva
El informe desclasificado del gobierno de Bolivia exhibe la colaboración represiva ya desde 1972. Refiriéndose a los exiliados bolivianos en la provincia, el vicecónsul de Bolivia en Salta, Gustavo Sejas, pide más información sobre ellos para poder compartirla con los organismos de seguridad argentinos, "quienes se comprometieron a colaborarme”, dice.
En esos informes queda clara la estrecha vigilancia a la que eran sometidos los exiliados bolivianos en Salta, se identifican al menos dos grupos, provenientes de Santa Cruz de la Sierra y de Tarija. Y se señala que algunos de ellos visitaban Chile también.
En los archivos de la DIPBA quedó asentado que en agosto de 1975 se informaba que en Argentina había grupos de bolivianos integrantes del ELN que posiblemente estuvieran actuando dentro de Montoneros o el ERP. Y en el listado se menciona a Pedro Paputsakis Flores, hermano de Constantino.
Al amanecer del 10 de octubre de 1975 la familia de Gustavo Medina Ortiz comenzó el largo derrotero de indagar sobre su destino. Zoila Hoyos y la hija mayor, Sandra, niña todavía, fueron a preguntar por él en Gendarmería, a donde les habían dicho que lo llevarían, pero les negaron toda participación en el hecho. Fueron a la Federal, a seccionales policiales, y nunca obtuvieron un dato, sí fueron asesiadados por la crueldad de aprovechadores que decían tener información y pedían dinero a cambio.
La familia nunca dejó de buscar a Medina Ortiz. Al final de su testimonio Mirtza Medina Hoyos se dirigió a Alzugaray: le pidió "por favor" que dé datos sobre el lugar donde su padre fue abandonado. Contó que pusieron una placa en el cementerio de Tarija, para "poder ponerle flores a una piedra". Pero "eso no está bien", le dijo antes de implorarle que diga donde están los restos de su padre.
