La medida estaba anunciada. El fiscal federal Eduardo Taiano pidió ayer la indagatoria de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en la causa que investiga la compra de un edificio para ese organismo. La solicitud del fiscal se da en el marco de la nueva avanzada del Gobierno contra la titular del Ministerio Público Fiscal. Gils Carbó presentó ayer un pedido de sobreseimiento en la causa.
Taiano acusa a Gils Carbó de presunto fraude a la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad y otros delitos, por la compra del edificio de la Procuración General. El juez federal Julián Ercolini debe evaluar ahora el pedido de Taiano y decidir si la cita como imputada. Ercolini también recibió el pedido de la procuradora general de ser sobreseída en la causa. “El conjunto de la prueba recibida en la instrucción ha permitido descartar cualquier vínculo de mi asistida con los hechos del caso, corroborando la procedencia de su sobreseimiento”, señala el escrito que presentó Alejandro Rúa, el abogado defensor de Gils Carbó.
Taiano pretende indagar a Gils Carbó por supuestas irregularidades en la compra del edificio de la Procuración que habría costado 43 millones, transacción que se hizo a través de la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados. Esa empresa actuó por intermedio de Juan Carlos Thill, a quien se habría pagado una comisión de 3 millones de pesos por la intervención en el trámite de su medio hermano, hombre del área de contrataciones de la Procuración, Guillermo Bellingi.
“El Estado, o sea el Ministerio Público Fiscal, no pagó comisiones. Fue una de las condiciones. Ya habían fracasado tres licitaciones por distintos motivos. Esta era la cuarta. Como Procuradora según las reglas de la administración pública podía haber hecho una venta directa. Todo el trámite lo hicieron funcionarios que hace veinte años que estaban en ese trabajo. Fue el precio más barato inferior a la tasación judicial. Participaron 25 funcionarios de distintas áreas, planificación, arquitectura, logística, el secretario general de administración, hubo dictámenes de jurídicos, auditoría interna, auditoría externa, no hubo posibilidad de que yo tuviera conocimiento del hecho que luego aparece en los medios”, explicó Gils Carbó.
La procuradora admite que en la operación hubo irregularidades y destaca que por eso separó a un funcionario del organismo. Pero explica que ella no tuvo participación ni conocimiento en este hecho. “Surgió en los medios que un medio hermano de este funcionario habría cobrado una comisión de tres millones de pesos por asesorar al oferente. La comisión la pagó inmobiliaria. Y no es un millón ni medio millón de dólares. Son 176 mil dólares. La mitad está en la cuenta de este señor y la otra es lo que debe investigarse, que es quién la cobró”, precisó.
Gils Carbó denunció que “lo que se está intentando a través de estos casos es crear una sospecha de corrupción con el objetivo de justificar mi desplazamiento por medio de modos ilegales e inconstitucionales ya que no han tenido los votos ni las causales para el juicio político”. Dijo también que Taiano sufrió “brutales presiones” para imputarla y le apuntó al Gobierno por la maniobra. “Quiere apropiarse del control de los fiscales”, explicó sobre la razón por la cual Mauricio Macri pretende removerla de su cargo.
