La Justicia Federal, a través del juez Ariel Lijo, decidió ampliar las declaraciones testimoniales a varios legisladores nacionales, en especial al diputado misionero, Héctor “Cacho” Bárbaro, por supuesto lobby reiterado a favor de la tabacalera Philip Morris y su rol en la aprobación de la denominada “Ley Massalin”, en 2017, que benefició a dicha multinacional en detrimento de todo el resto del sector.
Massalin enfrenta una investigación judicial por defraudación al Estado, cohecho, enriquecimiento ilícito y estafa procesal. El juez Ariel Lijo investiga la denuncia presentada por Tabacalera Sarandi y pretende demostrar que directivos de Massalin Particulares, encabezados por su vicepresidente ejecutivo Matías O’Farrell, habrían ejercido fuertes presiones, en varios encuentros, sobre funcionarios de AFIP con el fin de perjudicar y provocar el cierre definitivo de la empresa nacional. El juez pudo constatar, a través de comunicaciones de AFIP, dichas reuniones y ha librado oficio a la subsecretaría de Política Tributaria para que aporte información más exhaustiva de dichos encuentros.
Asimismo desde la Cámara de Diputados de la Nación se informó recientemente al Juez Lijo que el 4 de mayo de 2022, a instancias del diputado Héctor “Cacho” Bárbaro, se realizó una reunión por afuera de la agenda parlamentaria en la que participaron 4 senadores, 23 Diputados y escogidos representantes de Cámaras tabacaleras y cooperativas de Misiones, Salta, Tucumán, jujuy y cuyo objeto principal era conversar sobre un determinado grupo de Empresas nacionales cigarreras.
Cuatro meses después el diputado Héctor Bárbaro encabezaba y orquestaba varias movilizaciones de agricultores tabacaleros de las provincias del NEA y NOA, en Buenos Aires, en contra del juez Lavie Pico y empresas pyme tabacaleras argentinas. La Unión Tabacalera Pymes Argentina (Untapya) a través de su presidente, Osvaldo Trillo, acusó al diputado Bárbaro de atacar y apretar jueces, alentar en contra de las decisiones de la Justicia y de utilizar el Congreso para prácticas absolutamente inconstitucionales y antirepublicanas.
