“Lo que me extrañó muchísimo es que la Justicia no haya actuado rápidamente”, sostuvo ayer el gobernador Gustavo Sáenz al referirse al caso de la nena de 12 años que fue atacada en el paraje victoreño de Bajo Grande, en el departamento Rivavavia.
El mandatario afirmó que la justicia había tomado intervención en el caso “recién hoy (por ayer), o ayer (por el lunes), cuando esto ocurrió el viernes, creo”.
Ayer mismo el Ministerio Público Fiscal (MPF) difundido una comunicación respecto de las actuaciones que se llevaron adelante desde el mismo jueves de la semana pasada, cuando la nena fue encontrada cerca de las 6 de la mañana, a 60 metros de la escuela 4670 de Bajo Grande, con señales de un ataque en la cabeza y de abuso sexual. Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron ayer a Salta/12 que “hubo abuso sexual”. Aún resta determinar si este ataque fue perpetrado por una sola persona o intervinieron varias.
Por el caso se encuentra imputado un chico menor de 14 años que es de la misma comunidad de donde proviene la nena. El adolescente se encuentra en custodia de sus padres.
“Es obligación del Ministerio Público Fiscal (de acuerdo a lo que dispone el Art. 263, ultima parte del CPP) precisar los alcances de la intervención de los fiscales penales en el caso concreto”, se inicia el comunicado dado a conocer ayer.
Se detalló que el 3 de noviembre a las 7.30, una persona de la comunidad wichí de Bajo Grande “denunció que encontró a su hija de 12 años en una senda, tendida en el suelo con manchas sanguinolentas en el cuero cabelludo. Posteriormente fue trasladada hasta el hospital de Alto La Sierra en el móvil policial junto a un enfermero. Sostuvo el denunciante que ante la mejoría de su hija, logró preguntarle quien la había golpeado, y ella le señaló a un menor de edad como el autor de la lesión”.
Se afirmó que ese mismo día, a las 18, la Policía remitió por mensaje de texto copia de la denuncia al fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón. El funcionario solicitó entonces la “inmediata intervención al Juez de Menores de turno”, puesto que solo se indicaba como posible responsable a un menor de edad, y conforme el Régimen Penal de Menores, la dirección de una investigación debe estar en manos de este funcionario judicial.
Al surgir la presunción de un posible ataque sexual, en función del examen médico practicado a la víctima (además de que a simple vista se observaba una posible lesión en la zona vaginal), cerca de las 23 de ese mismo día la fiscal penal Gabriela Souto, fue informada de "los hechos sucedidos por un llamado del Juez de Menores a cargo". Entonces hubo una comunicación con el personal policial de Alto La Sierra, en cuya jurisdicción se encuentra Bajo Grande. La fiscal también dispuso que el auxiliar de la fiscalía fuera al Hospital de Tartagal para informarse sobre el estado de salud de la niña atacada y sobre el posible abuso sexual.
Antes de que terminara la jornada del jueves último, y luego de reunir la información correspondiente, Souto se contactó nuevamente con el personal policial actuante y tomó conocimiento de que la “Secretaria del Juzgado de Menores dispuso distintas diligencias en torno al sospechoso y a la investigación”. Ante un hipotético caso de intervención de otras personas mayores de edad, "pidió también expresamente al personal policial tareas de pesquisas y de campo, para la individualización de todos los sujetos que pudiesen haber estado reunidos previamente con la menor, como así también arbitrar los recaudos necesarios para lograr mayor eficiencia en la toma de muestras biológicas para un futuro cotejo genético".
Colaboración del MPF con la Justicia
Souto hizo presentaciones en el Juzgado de Menores que lleva a cabo la investigación. Solicitó que se practiquen diversas medidas investigativas: la inspección ocular y croquis ilustrativo del lugar del hecho, levantamiento y secuestro de prendas de vestir de las personas que estuvieron en la reunión del 3 de noviembre a la madrugada, y que se registre todo con muestras fotográficas. Asimismo, se puso a disposición del juez el equipo de profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), psicólogas y trabajadoras sociales, para entrevistar y asistir al padre y a la niña víctima, y que se fije audiencia de declaración en la cámara Gesell a la niña, cuando su estado de salud lo permita. Requirió además la intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces y del Juzgado de Violencia Familiar y de Género.
También dispuso que una psicóloga del Servicio de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal le brinde sistencia y contención a la niña víctima y a sus familiares.
"Ante la disposición de la Procuración General de colaborar con la investigación, y la limitada estructura y recursos de investigación en el Distrito Judicial del Norte, el lunes 7 de noviembre viajó a Tartagal un equipo de investigación especializado en Delitos contra la Integridad Sexual y profesionales del Departamento de Criminalística, correspondiente al CIF, a fin de dar cobertura y colaboración a la investigación sobre las circunstancias alrededor del hecho", sostuvo el Ministerio Público Fiscal.
